Evo Morales (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)
Evo Morales (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

De ascendencia aymara, sindicalista de los campesinos productores de hoja de coca, hombre de fuerte perseverancia y honda vocación por la conquista del poder, Juan Evo Morales Ayma fue electo diputado en el año 1997 y menos de diez años después, en 2005, ganó la presidencia de Bolivia con casi el 54% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente boliviano de origen indígena. Dato no menor si se tiene en cuenta que allí el 62,2% de la población tiene dicha ascendencia. Se abría así una página nueva, inédita en la historia boliviana.

Luego continuaron, una tras otra, las victorias arrolladoras de Morales: en 2008 Evo impulsó un referéndum revocatorio de su mandato que ganó por el 67% de los votos; en 2009 ganó el referéndum de la reforma constitucional para habilitar su reelección con un 61% de los votos; ese mismo año fue reelecto con el 64% de los votos; en 2013 consiguió un fallo del Tribunal Constitucional habilitando su re-reelección y en 2014 ganó su tercer mandato presidencial consecutivo con el 61% de los votos. Verdaderamente contundente. Diez años de victorias arrolladoras.

Justamente, quizás hayan sido aquellos auspiciosos antecedentes de holgadas victorias electorales los que hayan envalentonado a los sindicatos afines a Morales a presentar, en el año 2015, un proyecto de Ley de Reforma Parcial a la Constitución y de Convocatoria a Referéndum Constitucional planteando la posibilidad de una nueva postulación a la Presidencia de Morales en los comicios del año 2019. Así se llegó a la consulta popular vinculante (referéndum constitucional) del 21 de febrero de 2016 en la cual Morales sufrió su primer revés electoral en más de una década al perder esa consulta por un 51% por el NO contra el 49% por el Sí. Este acontecimiento histórico se conoce en Bolivia y en el mundo como el 21F. Sin dudas fue una ajustada derrota, pero bastó para demostrar que más de la mitad del electorado de Bolivia quería poner freno a las aspiraciones de perpetuación en el poder de un Morales que ya comenzaba a querer apropiarse del Palacio de La Paz de manera vitalicia.

Claro que no iba a resultar tan fácil poner ese freno. Tantos años de victorias, asambleas legislativas con mayorías oficialistas y tribunales repletos de jueces nombrados por esas mayorías oficialistas no se dejarían ganar tan fácilmente. Con el antecedente del fallo de 2013 que había habilitado su re-reelección, Morales y su base de apoyo recurrió nuevamente al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) argumentando que el artículo 168 de la constitución reformada en 2009 violaba los derechos políticos y humanos del Presidente. Recordemos que la reforma constitucional de 2009 la pidió Morales para habilitar su primera reelección. En 2017, el TCP por supuesto dictaminó a favor de dicho recurso y posteriormente el Tribunal Supremo Electoral dio también su apoyo. Se habilitaba, de esta manera, la re-re-reelección. Gracias a esa cuestionada decisión, el Presidente de Bolivia quedaba habilitado para postularse en elecciones presidenciales las veces que quisiera, la reelección vitalicia, digamos.

Sin embargo, el día de las elecciones, el 20 de octubre de este año, pasó algo que los planes de perpetuación presidencial vitalicia de Morales no habían contemplado como una posibilidad, si bien el electorado boliviano ya lo había advertido en el referéndum de 2016 (21F). El Presidente buscaba ser electo a su cuarto mandato consecutivo, re-re-reelección. Ese mismo día, ya cuando comenzaba a caer la noche, el Tribunal Supremo Electoral suspendió por sorpresa el recuento de votos, ya se habían escrutado el 83% de las mesas y se registraba una tendencia que apuntaba a que iba a haber segunda vuelta entre el mandatario boliviano y el candidato opositor, Carlos Mesa. Al día siguiente, ese recuento rápido de votos, denominado Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), se reactivó con un 95% de avance y con Morales ganando en primera vuelta por un estrecho margen. Las sospechas que habían suscitado los extraños movimientos del TSE llevaron a la oposición a declarar un “fraude descarado”. Incluso, las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea pidieron que hubiera segunda vuelta. Pero Morales insistió en que él había ganado las elecciones y llamó a sus seguidores a “defender la democracia” en las calles.

La OEA, incluso antes de la finalización del escrutinio preliminar, señaló que la interrupción del recuento era una de las “sustanciales deficiencias” que minaban la “necesaria credibilidad y transparencia” del proceso electoral. Sin embargo, el propio gobierno de Morales solicitó a la OEA una auditoría para despejar cualquier duda. Paradójicamente, la auditoría resultó devastadora para el propio gobierno. La OEA determinó que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen de 10% que necesitaba para evitar una segunda vuelta electoral. Asimismo, en su informe de 13 páginas, la OEA asegura también que encontró actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas; por otra parte, también identificó muchos casos en los que no se respetó la cadena de custodia de las actas y se encontró manipulación de datos. Luego vendía el nuevo llamado a elección de Morales y, pocas horas después, su renuncia y exilio en México.

Lamentablemente, haber hecho oídos sordos a ese freno que se le había puesto llevó a Morales tensar al extremo las instituciones democráticas, al punto que su pueblo, superado por el hartazgo que produjo ese avasallamiento de los valores democráticos conquistados con tanto esfuerzo, salió a las calles a gritar “¡basta! ¡se terminó!”. Esta primera reflexión invita a nuestros dirigentes a pensar seriamente en respetar “a rajatabla” nuestros valores constitucionales, republicanos y democráticos.

Más aún, en esta segunda reflexión, entender también que el poder, la vida, nuestro país y el mundo está regido por ciclos que comienzan y terminan. Que aspirar a la perpetuidad, sobre todo cuando se trata de gestión de poder, es una quimera que nuestras democracias no pueden tolerar. El pueblo de Bolivia manifestó sabiduría, se expresó por los canales pacíficos, republicanos y constitucionales, como corresponde a un pueblo pacífico y democrático. Llamados a una consulta popular vinculante, los ciudadanos se expresaron en contra de la re-re-reelección y no se los escuchó. Luego se expresaron en las elecciones últimas del 20 de agosto, y quisieron engañarlos. Hartos, superados por un autoritarismo sordo y soberbio, salieron a las calles a defender la democracia.

Hoy, el pueblo hermano de Bolivia se sumerge en una crisis, una crisis que duele, sin dudas, pero es un pueblo que le habla al mundo de manera ejemplar, obligado a proteger su democracia en las calles, habiendo agotado anteriormente todas las alternativas institucionales. Es una gesta ejemplar, aleccionadora, es el pueblo protegiendo a su democracia, que conmueve, que educa, que contagia.

La autora es diputada nacional por la provincia de Santa Fe – CC/Cambiemos