Comodoro Py (Adrián Escandar)
Comodoro Py (Adrián Escandar)

En su articulado se priorizan la igualdad ante la ley y la transparencia de la justicia.


1. ARTÍCULO 19.- SENTENCIA

Luego del debate oral y público, la sentencia decidirá sobre el fondo de la cuestión objeto de debate. Para ello, absuelve o condena a los imputados. En virtud de dicha resolución, el proceso penal cumple el objeto de solucionar el conflicto (art. 22). No será posible remitir el caso para ser tratado nuevamente.

La decisión condenatoria, deberá tener certeza acerca de los elementos de la imputación y, en consecuencia, imponerse una pena.

Los magistrados deben expedirse en tiempo oportuno, sin incurrir en retardos indebidos. El objetivo de ello es lograr una buena administración de justicia y no dilatar excesivamente el proceso.

2. ARTÍCULO 21.- DERECHO A RECURRIR.

Se incorpora expresamente en el C.P.P.F. la garantía de la doble conformidad judicial que se encuentra prevista en los diferentes instrumentos internacionales de Derechos Humanos y fue receptada por la C.S.J.N. en diversos fallos.

3. ARTÍCULO 22.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Los jueces y el fiscal deben intentar resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, mediante la búsqueda de soluciones tendientes a restablecer la armonía y la paz social.

Entre dichas soluciones se encuentran las reglas de disponibilidad de la acción —criterios de oportunidad, conversión de la acción, conciliación y suspensión de juicio a prueba)- y también se agrega la reparación integral del perjuicio.

4. ARTÍCULO 31.- CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.

La norma busca darle importancia a los casos de mayor trascendencia y evitar los costos operativos que implica la obligación de investigar todos los hechos delictivos, inclusive los insignificantes. El Ministerio Público Fiscal valorará la conveniencia o pertinencia de la acción por motivos de utilidad social o razones de política criminal; también podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho en cuatro supuestos:

a) Insignificancia del hecho.

b) Intervención del imputado de menor relevancia

c) El imputado sufriera daño físico o moral grave que tornare innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena (Pena natural)

d) Si la pena que pudiera imponerse careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta o a la que deba esperarse por los restantes hechos investigados.

5. ARTÍCULO 34.- CONCILIACIÓN

Se invita al imputado y a la víctima a realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial, cometidos sin grave violencia o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado muerte. Si no se cumple el acuerdo la víctima o el fiscal pueden solicitar la reapertura de la investigación. El acuerdo requiere la conformidad de la víctima y deberá ser aceptado por el juez.

6. ARTÍCULO 54.- JUECES DE REVISIÓN CON FUNCIONES DE CASACIÓN.

Se regulan las funciones de los jueces de casación (solo en el ámbito federal).

7. ARTÍCULOS 80 Y 81 -DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO.

Se otorga preponderancia y un rol activo a la víctima en el proceso penal. Se incorporan al código procesal la ley 27372, “Derechos y Garantías de la Víctimas de Delitos”. Se le otorgan distintos derechos que la convierten en una parte clave del proceso, con la posibilidad de actuar activamente en el mismo impulsando la acción u opinando en favor de una resolución alternativa del conflicto (conciliación, reparación).

Se implementa el asesoramiento legal a la víctima. Si no cuenta con abogado de confianza se la derivará a una Oficina de Asistencia.

8. ARTÍCULO 210.- MEDIDAS DE COERCIÓN.

Se brindan criterios concretos y uniformes para todos los tribunales de la Nación a fin de evitar situaciones de desigualdad ante la ley mediante pautas claras y previsibles para los ciudadanos y justiciables.

Se detallan taxativamente las medidas de coerción y cautelares que, previa solicitud del Fiscal y de la parte querellante, podrán ser adoptadas por el juez para asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación.

Las medidas en particular:

Promesa: consiste en la promesa del imputado de someterse al proceso y de no entorpecer la investigación.

Cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada.

Deber de presentarse ante el juez periódicamente.

Prohibición de salida de determinado territorio.

Retención de documentos de viaje.

Prohibición de concurrencias o de comunicaciones.

Expulsión del hogar en casos de violencia doméstica y cuando la víctima conviviera con el imputado.

Fijación de una caución real o personal.

Implementación de algún dispositivo electrónico de rastreo (ej. Tobillera electrónica).

Arresto domiciliario.

Finalmente, se contempla el dictado de la prisión preventiva cuando las medidas anteriores no resulten suficientes.

9. ARTÍCULO 221.- PELIGRO DE FUGA.

En determinados casos, resulta procedente la prisión preventiva del imputado, esto es, la detención cautelar, previa al dictado de una sentencia de condena.

El peligro de fuga y el intento de entorpecimiento de la investigación son peligros procesales que ponen en jaque los fines de un expediente penal, a saber: aplicación de la ley penal (la que no se puede aplicar si el imputado se da a la fuga, pues no existe la posibilidad de realizar el juicio en ausencia del acusado en la República Argentina) y la averiguación de la verdad (que se neutraliza si se entorpece la investigación).

Para analizar la concurrencia de dichos requisitos, se deben evaluar las circunstancias concretas del caso, así como las condiciones personales del imputado (calificación legal del hecho, la expectativa de pena, la existencia de condenas anteriores o declaraciones de reincidencia, la conducta del imputado durante el proceso y su comportamiento durante la investigación, entre otras pautas).

Se trata de un catálogo de indicadores de riesgo que reduce la discrecionalidad del juez.

10. ARTÍCULO 222.- PELIGRO DE ENTORPECIMIENTO.

Para sostener que el imputado entorpecerá la investigación debe haber sospecha de: destrucción, modificación, ocultamiento o falsificación de medios de prueba, intento de asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución, hostigamiento o amenaza a víctima o testigos, influencia en testigos y peritos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente o inducción a otros a realizar determinados comportamientos.

1. Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Doctor en Derecho Penal y Presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal.

2. Abogados especialistas en Derecho Penal y Funcionarios de la C.F.C.P.