Existe una larga tradición política en el federalismo argentino de la que la Unión Cívica Radical es, al mismo tiempo, heredera y protagonista indiscutida. Se trata de una vertiente que nace con los cimientos de la organización nacional y que se forjó al mismo tiempo que el autonomismo, donde se formó el fundador de la UCR, Leandro N. Alem. Esa tradición une, entre tantos hechos significativos a lo largo de la historia, el discurso de Alem en 1880 en la Legislatura provincial contra la federalización de Buenos Aires, con el último gran proyecto estratégico de desconcentración del País, el de Raúl Alfonsín de trasladar la Capital al sur. Para los radicales porteños se complementa con el proceso de la reforma constitucional del 94, donde el radicalismo fue el gran impulsor de la sanción de la autonomía de la Ciudad.
Por eso, nos vemos en la necesidad de hacer algunas reflexiones sobre las declaraciones de Alberto Fernández respecto de recortar los recursos coparticipables de Buenos Aires que habían aumentado tras la transferencia a la Ciudad en 2016 de la Policía Federal con sus respectivos fondos.
Si hay un logro del Gobierno de Cambiemos es el de haber fortalecido el sistema federal argentino durante estos años. Y más positivo es el balance cuando se lo compara con la etapa del kirchnerismo, donde la utilización de la discrecionalidad a la hora del reparto de recursos a las provincias fue una práctica constante como forma de disciplinamiento político.
Cabe preguntarse si la propuesta de Alberto Fernández constituye una política a favor del reordenamiento federal o si simplemente constituye un regreso a las prácticas arbitrarias que caracterizaron a la Argentina del pasado. Si su propuesta efectivamente representa un avance para el federalismo o si supone un nuevo proceso de concentración de recursos y discrecionalidad en el reparto de fondos generando y aumentando de este modo inequidades que fueron un patrón durante más de una década. Cabe preguntarse si recortar recursos a la Ciudad de Buenos Aires no significaría castigar a un distrito de signo político opositor, desfinanciando a las fuerzas de seguridad del distrito. Entonces ¿de qué tipo de federalismo habla Alberto Fernández? Así expuesto de un federalismo trucho, anti porteño, que esconde una visión centralista y concentradora.
En 2015, Cambiemos se propuso modificar la relación entre la Nación y las provincias para ir hacia un verdadero federalismo y acabar con los abusos de poder por parte del gobierno central. El primer paso fue devolverle gradualmente a aquellas provincias (Córdoba, Santa Fe y San Luis) que tenían sentencia de la Corte el 15% de recursos retenidos por la ANSES posterior a su reestatización. Tiempo después se decidió solucionar conflictos de vieja data con todas las provincias y se acordó la devolución de ese 15% para cubrir déficits previsionales generados entre 2006 y 2015. También se avanzó con el Fondo del Conurbano Bonaerense; con la restitución del financiamiento a las cajas previsionales no transferidas; con la creación del Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país; con deudas por contribuciones patronales; litigiosidad entre Nación y Provincias; los beneficios derivados (en este asunto) del Consenso Fiscal. Se favoreció a todas las administraciones provinciales sin importar el color político. Al mismo tiempo, el gobierno nacional también alivió los presupuestos provinciales y municipales cuando se hizo cargo de extender la política social de ingresos universales de forma igualitaria en la totalidad del país.
Lo más relevante, sin embargo, es el aumento de la participación de los recursos coparticipables como porcentaje de la recaudación nacional, que aumentó del 40,5% en 2015 al 49,5% que se estima para este 2019.
En 2015, un número importante de provincias tenía una situación financiera más que delicada, sin fondos para hacerse cargo de sus cuentas públicas e insolventes para poder pagar sueldos y aguinaldos. En 2018, todas las provincias salieron del déficit fiscal y hoy la mayoría de ellas tienen sus cuentas saneadas. Lo que constituye un datos más revelador aún: en un contexto de recesión y dificultades con las cuentas públicas para el Estado nacional, todas las provincias volvieron a tener superávit fiscal.
En este sentido, el fallo de la Corte Suprema obligando al Ejecutivo a devolver recursos a las Provincias por la decisión de eliminar el IVA en productos de la canasta básica, implica un retroceso y un antecedente de riesgo para la división de poderes en la medida que se avanza sobre una atribución exclusiva del Congreso de la Nación, como muy bien describe el Diputado Gustavo Menna en este artículo (https://www.ambito.com/un-fallo-dictado-al-calor-la-coyuntura-politica-que-genera-un-precedente-peligroso-n5057612).
Si de lograr un mayor y mejor federalismo fiscal se trata, el camino no puede ser otro que el de la institucionalización y la transparencia del régimen federal, terminando con la lógica de la discrecionalidad que no hizo más que generar desequilibrios e inequidades en el pasado y, para los porteños, avanzando en la transferencia de todas las competencias de Nación con los fondos correspondientes para alcanzar la autonomía plena.
* Legislador de la ciudad de Buenos Aires