(Foto NA: Juan Vargas)
(Foto NA: Juan Vargas)

A pocas semanas de las elecciones, la publicación de los últimos datos de pobreza y la que se avizora dejará el macrismo ha generado debates y contrapuntos entre defensores y detractores de esta gestión, al tiempo que permite ver las propuestas que desde la fórmula con mayor intención de voto se promueven para revertir este penoso presente del tejido social.

Más allá de las acusaciones cruzadas entre cuánto hay de inercia y cuántos pobres creó exclusivamente el macrismo, es cierto que un adecuado diagnóstico de los pormenores que condujeron a esta situación permitiría pensar acciones en lo inmediato para frenar la caída en un tiempo relativamente corto e intentar mejorar esos guarismos luego en forma gradual.

En ese sentido, Alberto Fernández presentó un plan contra el hambre que partió de una premisa básica: la convocatoria a comprometer a amplios sectores a la lucha contra el hambre, asumiendo que no puede ser solo una iniciativa impulsada por una fuerza política sino que tiene que ser resultado de amplios consensos que involucren a la mayor cantidad de actores de la sociedad civil. La idea que subyace es que es una definición política y social combatir el hambre en un país productor de alimentos, al tiempo que una política aislada es poco lo que puede hacer si no está acompañada de un conjunto de políticas que expresen otra idea de bienestar, derechos y de ciudadanía, claramente diferenciada de las que hemos visto en estos últimos cuatro años.

La agenda social aparece signada en lo inmediato por el hambre y en el mediano plazo por la mejora de bienestar social y laboral. Esto sin lugar a dudas no pega a todos por igual. Mientras los sectores más ricos pueden recomponerse luego de estos shocks, los sectores más pobres, en especial las infancias, las juventudes y las mujeres, siempre vuelven a un punto de salida peor.

Qué hacer ahora

¿Cuáles son los límites de la desigualdad tolerable socialmente? En Argentina nacen más de 750 mil niños por año. 6 de cada 10 niños/as hasta 17 años integran el 40% de los hogares de Argentina, que apenas apropian del 1.6% de la riqueza generada por todos, mientras tan sólo 1 de cada 10 niños/as hasta 17 años compone el 20% de los hogares más ricos que se apropian del 50% de la riqueza. 4 de cada 10 hogares tienen jefatura femenina. Las mujeres en nuestro país son las que continúan haciéndose cargo de administrar la economía familiar y tratar de hacer rendir el presupuesto con un proceso de aumento sostenido de precios de alimentos y servicios básicos, sumado a trabajar habitualmente en empleos precarios. Además, en el último año se acentuó la brecha entre los ingresos de los varones y las mujeres.

Por lo tanto, esos dos universos poblacionales deberían ser eje de las iniciativas de gestión pública más inmediatas para atenuar la caída de los indicadores sociales más alarmantes. Y una manera directa de alivianar el costo social del ajuste que les ha hecho asumir Cambiemos a adultos mayores, niños y niñas es aumentar lo más pronto posible el valor de la AUH y de las jubilaciones, cuyo poder adquisitivo se ha deprimido especialmente en el último año al compás de la devaluación y de la inflación. La AUH representa menos del 1% del PBI y se financia con pesos, de manera que su incidencia fiscal es poco relevante y su impacto en el bienestar de las familias es inmediato.

Un cambio de enfoque

Aquellas iniciativas tendientes a atenuar el impacto de este deterioro y contribuir a revertirlo desde la seguridad social implican un cambio de paradigma: pensar en gestionar la “cuestión social” ya no desde una perspectiva meramente asistencialista o a consecuencia de la presunta proactividad de un emprendedor, como ocurrió desde el 2015, sino desde la consagración de ciudadanía.

La instrumentación de políticas destinadas exclusivamente a la contención social, demostró la inconsistencia de este gobierno entre enunciados (“pobreza cero”) y resultados de su gestión. Entre otras grandes incongruencias, se dispensaron esfuerzos materiales y simbólicos en adecuar la agenda de trabajo a los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. Recordemos que estos principios se promueven desde la OCDE y representan 17 objetivos con 169 metas asociadas más exigentes, acordadas por los 193 Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas. En estos 4 años, sin embargo, los resultados de Cambiemos lejos han estado de estos horizontes. Al conocido 35,4% de pobreza, que orilla el 40% en algunos conglomerados urbanos, hemos visto un crecimiento importante de la desocupación, informalidad laboral e indigencia.

El despropósito entre aspiraciones y realidad se verifica al contrastar lo logrado vs lo estipulado caso por caso. Veamos:

ODS 1: “Fin a la pobreza en todas sus formas” y el anuncio del nuevo gobierno de la “pobreza cero”. Según datos del INDEC, como ya sabemos la pobreza aumentó al 35.4% de la población y afecta a más de la mitad (52.6%) de los niños y las niñas hasta 14 años.

ODS 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”. La indigencia trepó al 7.7% de personas que no logran adquirir con sus ingresos una canasta básica alimentaria. Con medidas de política económica fuertemente regresivas, estancamiento económico y devaluación, se precipitó una espiralización de precios haciendo que la inflación interanual supere por todo concepto el 54.5%, pero en alimentos ascienda al 58.8% y en lácteos y medicamentos sea del 85% de un año a otro. Han habido fuertes caídas del consumo en el mercado interno producto de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y de los despidos en el sector público y privado. Un punto sensible que traduce toda esta situación es que bajó un 13% el consumo de la leche, que es un alimento de primera necesidad. Así, las luchas por la alimentación a nivel local, que son disputas globales, se hacen más presentes que nunca. En Argentina nacen más de 700 mil chicos por año: que estos niños y niñas nazcan en este contexto económico tiene diversas consecuencias para su desarrollo, afectando su estado nutricional, salud, educación y entorno familiar.

ODS 8: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Los salarios han estado actualizándose por debajo de la inflación y perdiendo poder adquisitivo, cuando gran parte de la reducción de la desigualdad en América Latina y la Argentina de estos años fue por la recomposición del salario mínimo vital y móvil. Además, aumentaron los despidos y la precariedad laboral. La industria cayó en su actividad. Los leves crecimientos que en algún momento aparecieron estuvieron impulsados por eslabones asociados a la construcción, como minerales no metálicos y siderurgia, que se caracterizan por ser sectores que no traccionan fuertemente el empleo. En cambio, aquellas actividades más intensivas en mano de obra (como textil, tabaco y edición e impresión) aún se encuentran en claro estancamiento. Creció la precariedad laboral y la desocupación.

ODS 10: “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos”. Las realidades descriptas precedentemente redundan en aumentos de las desigualdades en el país. Se incrementó de 18 a 20 veces en el último año la brecha de ingresos familiares por persona entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Asimismo, comienzan a impulsarse políticas asistenciales en el marco de una nueva estatalidad más restrictiva y controladora del orden social. Esto implica que empieza a deteriorarse todo en la vida de los sectores populares y medios, ampliándose la desigualdad. La desigualdad es un limitante central para reducir la pobreza. En Argentina, la concentración de la riqueza aumentó. De manera que es clave avanzar sobre políticas de reducción de la desigualdad y generar los consensos políticos suficientes para priorizarla en los esfuerzos futuros. Es fundamental que, para enfrentar los desafíos y seguir avanzando en el desarrollo social de la región y, en particular, en la superación de la pobreza, la indigencia y la vulnerabilidad, se haga frente a los altos niveles de desigualdad que caracterizan a las sociedades latinoamericanas generados, en gran medida, por la heterogeneidad estructural que caracteriza a sus economías.

Lejos de lo establecido por los ODS, Argentina se volvió más vulnerable y reestructuró sus alianzas internacionales. El precipitado endeudamiento externo y las políticas de ajuste impulsadas fueron demoledoras para la clase media y los sectores más humildes. Y ensombrece cualquier intento por revertir esta tendencia porque el país ha perdido autonomía para definir su política económica y reasignar prioridades, con lo cual se avizoran tiempos complejos más allá de las buenas intenciones que un futuro gobierno pueda tener en pos de desandar este camino.

Conclusiones

Una política pública puede tener más o menos efectos si se inscribe dentro de un norte a alcanzar, norte que lo define el trazo grueso de la orientación política que guían y motorizan todas las acciones del Estado. Es esa la verdadera discusión a dar y lo que debiera ser parte del compromiso a asumir si emerge un nuevo gobierno en diciembre, independientemente de las acciones inmediatas a impulsar para atenuar el impacto de la caída de los sectores populares y la precarización de los sectores medios.

Repotenciar la seguridad social, en ese sentido, es clave, porque el enfoque asistencialista que dominó a la política social en los últimos años no resuelve los problemas de fondo, sino que son meros paliativos que consagran la estratificación social y perpetúa a los pobres en esa condición. Por lo tanto, el dispositivo institucional que se proyecte para ese cambio de tendencia debe reubicar a las agencias de la seguridad social en un rol protagónico, haciendo eje en el trabajo como principal ordenador de la fractura social que se va a heredar y con todo el poder de la política para revertirla.

La autora es coordinadora académica del Diploma de Postgrado de Desigualdades y Políticas Públicas de FLACSO,