Del granero del mundo al basurero del mundo

Semanas atrás, en el Boletín Oficial apareció un decreto que nos sobresaltó a muchos, el 591/2019, que parece ser el huevo de la serpiente de un problema medioambiental que tendremos los argentinos en algunos años.

Tras la publicación de la norma, se dijo que significaba el inicio de una nueva veta comercial para la Argentina: la importación de desechos. A pesar de que esto ya es una práctica de vanguardia en países como Noruega y Suecia, las condiciones en la que esto ocurre son disímiles: los países nórdicos han logrado contextos de "basura cero". Es decir, han sabido impulsar políticas públicas orientadas al reciclaje que les permiten no solo reducir la cantidad de residuos que generan, sino también absorber los ajenos a cambio de un pago.

La Argentina no podría estar más lejos de esa situación. El país tiene un marco normativo mínimo (dado por la ley 25.916) que no brinda mayores disposiciones orientadas a prácticas como reciclar, reducir o reutilizar. La ley muchas veces funciona como un marco para garantizar un estándar mínimo para que las provincias puedan maniobrar y tener un punto de apoyo a la hora de pensar la recolección y disposición final. En la ciudad de Buenos Aires seguimos por encima de la producción de un kilo por persona por día, lo que supera las recomendaciones internacionales.

Hoy por hoy, el decreto "recategoriza" los residuos y crea las condiciones para la aparición de un mercado de residuos. En otras palabras, la norma habilita el ingreso de residuos en tanto "exista un mercado o una demanda para dicha sustancia u objeto". A simple vista no parece muy grave, pero podría ser el primer paso para una política muy peligrosa para el país. Desde el Gobierno afirman que la medida es un avance en materia ambiental y que viene a regular una situación que ya es manifiesta. Uno de las problemáticas más importantes del texto es que además elimina la necesidad de presentar certificados de inocuidad. Para el Gobierno esto es positivo y señala que estos certificados son un alto a la producción. Incluso ponen de ejemplo a Estados Unidos como un país que hace tiempo ha eliminado estos certificados y forma parte de una tendencia global hacia un mundo más integrado.

Es verdad que Estados Unidos no requiere más certificados de inocuidad para la importación de residuos, pero este país no es ejemplo en materia ambiental: nunca ratificó el Tratado de Kioto, hito histórico en protección del medio ambiente. La comparación también es forzada dado que aunque los niveles de producción de residuos de Argentina es elevado, el país norteamericano es el tercer productor a nivel global.

Por el contrario, la Unión Europea se encuentra a la vanguardia en la temática. Los países miembros deben atenerse a un vasto cuerpo legal que sienta las bases para la importación de residuos y que versa desde responsabilidades legales, certificados de inocuidad y su correcto transporte.

Antes de pensar en este tipo de medidas que amenazan la salud, el espacio público y el bienestar general de los habitantes, es importante empezar a pensar políticas para la reducción de residuos. Hoy Buenos Aires tiene algunas que son un puntapié inicial para esto. Sin embargo, falta mucho por hacer. No alcanza con políticas limitadas a la ciudad: también tenemos que poder pensar medidas que signifiquen responsabilidades y obligaciones para las empresas. Debemos poder pensar un sistema de producción más amigable con el medio ambiente.

Recién cuando tengamos una política de "basura cero" efectiva nos podremos dar el lujo de abrir este debate.

El autor es defensor adjunto del pueblo en la ciudad de Buenos Aires