La frágil historia de los pactos sociales en la Argentina

Un rumor para algunos y una noticia, al mismo tiempo, para los bien informados, dieron cuenta que el Fondo Monetario Internacional sólo entregaría los USD 5.400 millones al nuevo presidente, cuyo nombre tendrá entidad a partir del 27 de octubre. En algún momento el titular de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró que todo seguiría su camino normalmente si ese monto no llegaba a tiempo.

Veremos que ocurre después de la visita a Lacunza a los altos funcionarios del organismo financiero en Washington, pero lo que es definitivamente cierto es que luego de las PASO varios funcionarios del Fondo caminan en zona minada. Se han convertido en responsables del otorgamiento del crédito stand-by más importante de la historia de la entidad. Seguramente de ahora en más tendrán una prudencia extrema y pies de plomo.

Mientras tanto en la Argentina, y aunque no se conocen los resultados, se da por seguro el triunfo de Alberto Fernández. Si Mauricio Macri se acerca a la posibilidad de un ballotage sería un milagro. En su equipo, el mayor optimista es el candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, quien insiste en que sus pares también tienen que participar de un debate.

En Casa Rosada se ha expandido el desánimo. Salvo el caso de Marcos Peña, quien está trabajando con Macri en los detalles de una campaña proselitista relámpago para octubre. Estuvo marginado por el rechazo de muchos en la conducción, pero diseña en la intimidad con el Presidente.

Decir octubre es decir ya.

Para paliar las críticas, el Presidente dispuso fondos para la emergencia alimentaria: posibilitó que Diputados aprobara el proyecto en tiempo de tren rápido. Además, le pidió a los empresarios que aportaran un bono de 5.000 pesos extra a sus empleados.

La Unión Industrial y las pymes, no han digerido bien la indicación Presidencial, en medio de la paralización industrial y comercial, con deudas contraídas (que pagan tasas al 100%) y una brutal presión de la carga impositiva. Las pymes no pueden desembolsar ese monto y el Gobierno está trabajando en otra variante: que se convierta en una suma fija del salario. Es como si el perro se mordiera la cola porque sólo solucionan parcialmente los problemas de los trabajadores y las empresas se acercan más al desequilibrio total.

En la UIA ya tienen brújula propia y han hecho conocer sus sugerencias para el nuevo Gobierno, fuere quien fuere. Cambiemos les dio la espalda y consideran que la única solución es la agregación de valor para darle aire al crecimiento económico y mejorar los niveles de empleo. Piden políticas de Estado más precisas y comprensivas. También una reforma impositiva en serio y a fondo, transporte y logística para un país cuyos costos son fenomenales, energía caudalosa, la eliminación de los derechos a las exportaciones industriales y mayores reintegros por parte del Estado.

En medio del desconcierto y la inestabilidad de los protagonistas de la economía nacional, Fernández sugiere como alternativa para su administración un Pacto Social. Es, desde siempre, una alternativa que el peronismo saca de la galera. Pactos Sociales o Concertaciones Sociales ha habido en Europa, en América Latina y en la Argentina. Aquí, hubo entusiasmo en los comienzos y frustraciones rápidas. No terminaron bien.

Desde un punto de vista académico el Pacto o Acuerdo Social se da en el momento en que los participantes (Estado, representantes del trabajo y de la producción) coordinan y se comprometen. por ejemplo, a una estrategia de control de precios y salarios, de empleo, más reformas laborales y a modificaciones en materia de seguridad social.

Las condiciones para que el Pacto sea viable son un diagnóstico común compartido, objetivos alcanzables y compromiso de las partes de cumplir sin dudas. Para llevarlo adelante necesitan que los que participan tengan representatividad, que el esquema de concertación sea adecuado y un respaldo de la opinión pública.

En Europa, en la segunda mitad del siglo pasado, se conocieron dos períodos de pactos sociales. El primero se dió en la década de los '60 y '70, donde era evidente el fortalecimiento de los sindicatos y se debía promover la expansión de la demanda y la redistribución del ingreso. El segundo tramo se planteó en los años '80 y '90 e incluyeron reformas laborales y de seguridad social, restricciones al endeudamiento y al déficit fiscal.

En la Argentina hubo 9 casos de Acuerdos, de los cuales 4 se consideraron Pactos Sociales. La lista es la siguiente: Acuerdo de Productividad de 1955, en la segunda presidencia de Juan Perón; Acta de Compromiso Nacional, entre 1973 y 1975; Plan Primavera, en la presidencia de Alfonsín en 1988 y 1989; y Acta de Coincidencias, entre 1994 y 1998.

Durante el paso del matrimonio Kirchner por el gobierno, entre el 2003 y el 2015, hubo varias propuestas de concertación social pero no arrancó ninguna. En 2010 imperó la idea de concretar un "Acuerdo del Bicentenario", pero hubo factores que impidieron su puesta en marcha: las empresas y los sindicatos participaron de la negociación colectiva y las cúpulas de esas organizaciones trabajaron en el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El intento más significativo fue el de 1973-1974. Antes de ello y desde Madrid, Perón había impuesto como ministro de Economía al empresario José Ber Gelbard, fundador de la Confederación General Económica, hombre de una larga lista de conexiones en diferentes direcciones de la vida social (luego se supo que también participaba de la mesa financiera al servicio del Partido Comunista local y llegó a ser socio de David Graiver quien, en soledad, era el financista de Montoneros). El cuadro general de la economía nacional mostraba varios frentes de tormenta: alta inflación, insuficiente generación de empleo y déficit en las transacciones internacionales. El déficit fiscal se había multiplicado, la tasa de desocupación alcanzaba el 15 por ciento y desde el Banco Central se afirmaba que el país estaba en virtual cesación de pagos.

A Gelbard le entregaron una sartén con aceite hirviendo. Sus colaboradores lanzaron una serie de medidas que guardaron coherencia con el pensamiento peronista de 1946. Para entonces, el sindicalismo había adquirido peso político, de la misma manera que lo lograban las "formaciones especiales" de la guerrilla por un lado, y la Triple A por el otro.

El "Pacto Social" que sugería la reconciliación de obreros con empresarios nacionales, entre otras cuestiones, fue firmado el 8 de junio de 1973 entre los integrantes de la CGT y la CGE (la Unión Industrial fue excluida). Los objetivos incluían la participación de los asalariados en el 40-50 por ciento del ingreso nacional en un lapso de 4 años, incrementando el salario real. Se ampliaba con la propuesta de mitigar la pesada inflación y concretar el crecimiento económico. Todo el paquete vino con el congelamiento de los precios, un alza general de sueldos para que cesen los conflictos laborales y la suspensión de la negociación colectiva del salario.

Con algunas disposiciones el campo fue desfavorecido por la desconcentración y la nacionalización, cuando aumentaron las cooperativas agrícolas y concluyó el pool frigorífico porque Inglaterra cerró sus importaciones a la carne nacional. Las organizaciones rurales, como Carbap, Coninagro y la Sociedad Rural, se opusieron a la gestión de Gelbard. La CGT estaba en una encrucijada porque ya no quería ningún tipo de congelamiento.

En diciembre de 1973 el Pacto Social entró en un terreno complicado porque los problemas sectoriales se estaban multiplicando pese a una búsqueda oficial de la "inflación cero". La pared principal del acuerdo se rompió con el alza del petróleo (la llamada "crisis del petróleo") a nivel internacional. Las importaciones se encarecieron dañando la balanza comercial. Los empresarios iniciaron un rechazo masivo al Pacto, hasta dejarlo de cumplir. Obraron con la consigna de "sálvese quien pueda". El plan fue reformulado después de la muerte de Perón en julio de 1974, pero ya no estaba el líder para serenar los ánimos. Los especialistas privados detectaron una evasión de capitales del orden de los 2.000 millones de dólares entre 1974 y 1975, que se sumarían a los 10.000 millones de dólares locales depositados en cuentas foráneas.

Toda esta crisis tuvo un final con el "Rodigrazo", el 4 de junio de 1975.

Los pactos sociales tienen corta vida. Inciden factores internos, intereses en pugna, la presión de la economía internacional y la inestabilidad política, entre otros factores. No es una herramienta estructural, definitiva, firme y consagrada.