Ante el riesgo de perder el control de la calle

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De acuerdo a datos de Diagnóstico Político, en agosto se registraron 524 piquetes en todo el país, lo que representó la cifra más alta de 2019. En relación a julio, hubo un impactante aumento de 36%. Para colmo, la tendencia de estas últimas dos semanas indica que, en septiembre, se batiría un nuevo de cortes para el año en curso.

Respecto a los distritos con más piquetes, la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal concentraron casi el 30% de los bloqueos, porcentaje acorde a los registros históricos. En relación a los actores que protagonizan los cortes, la principal novedad es que, en los últimos meses, las organizaciones sociales y grupos de izquierda tomaron la delantera, desplazando en la tabla a los trabajadores estatales y privados.

En un país que se caracteriza por altos niveles de conflictividad social, los cortes de vías públicas constituyen un indicador muy útil para monitorear el estado y evolución de una variable fundamental de la gobernabilidad: el control de la calle.

Ahora bien, en función de los datos y las características de ciertos piquetes que se dieron en las últimas semanas, podemos sacar algunas conclusiones preocupantes de cara a lo que resta del año:

– Hay un claro aumento en la frecuencia y la violencia de los cortes, con un agravante: en varios casos, los enfrentamientos se dieron entre grupos sociales, frente a la ausencia del Estado. Esto ocurrió, por ejemplo, en Chubut (petroleros contra docentes) y en Misiones (organizaciones sociales contra turistas). En ambos casos, de milagro no hubo que lamentar víctimas fatales.

Las manifestaciones de las organizaciones sociales son cada vez más masivas y de mayor duración, con un destinatario principal: las autoridades nacionales. Esto se da en un contexto de notable agravamiento de la situación económico-social y de fragilidad política del Gobierno, tras la contundente derrota en las PASO de agosto. Quizás la aprobación de la emergencia alimentaria descomprima, en parte, este preponderante foco de protestas que tiene epicentro en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

A las protestas de organizaciones sociales, que por lo general son dialoguistas y pacíficas, se vienen plegando agrupaciones de izquierda anti-sistema. Estas no tienen intenciones de negociar una agenda de reclamos, sino más bien desestabilizar al gobierno de turno. Se espera que la actitud de estos grupos no cambie demasiado, independientemente de quién gobierne a partir del 10 de diciembre. Inclusive, es esperable que sus acciones escalen en violencia, en una coyuntura propicia para generar caos. Además, cabe tener en cuenta que el espectro de la izquierda está atravesado por grandes divisiones. Asimismo, la muy magra cosecha electoral lograda por estos sectores genera incentivos extra para apelar a la acción directa en la vía pública.

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires parecen haber resignado definitivamente el control de la calle. La Policía ha quedado relegada a una postura de mera contención. Prueba de ello es haber entregado a los piqueteros el estratégico Metrobus, en varias oportunidades durante las últimas semanas. En ese sentido, el balance es el peor de los mundos. Antes no se afrontó el problema porque, evidentemente, no hubo determinación suficiente y acuerdos en el seno del gobierno para hacerlo. Finalmente, ahora ya no hay margen de maniobra política para intervenir con firmeza en la calle.

Por último, hay que tener en cuenta una constante de 2009 a la fecha, período del cual disponemos de datos sistematizados de piquetes: en los meses de noviembre y diciembre, tienden a registrarse picos de protestas sociales. Dado el contexto actual, este año lejos estaría de ser la excepción.
A modo de conclusión, si bien las condiciones políticas, económicas y sociales del país distan mucho de los contextos previos a las graves crisis de 1989 y 2001, hay que advertir lo siguiente: en ambos casos, el inmediato paso previo al estallido de sendas crisis institucionales fue la pérdida del control de la calle por parte del Gobierno. Por ello, a la luz de nuestra historia reciente y, frente a la delicadísima situación actual de la Argentina, sería un error fatal por parte de los gobernantes de turno restar importancia a este factor.

El autor es director ejecutivo de Diagnóstico Político