El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la ex presidente chilena Michelle Bachelet, sobre la situación en Nicaragua, similar al realizado sobre Venezuela, es una nueva señal de alerta a tiempo a la comunidad internacional acerca del régimen de Daniel Ortega.

Es que más allá de las cuestiones diplomáticas en el marco de las relaciones internacionales de cada Estado, en el que algunos han tomado una posición más firme y otros son más reacios a enfrentar a dicho régimen, hace rato que el tema Nicaragua pone en jaque a las bases mismas del sistema democrático. Primero con un avance sobre la libertad de expresión, después cuestionando la legitimidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en especial el rol de la CIDH y en el último tiempo con la persecución, muerte y encarcelamiento de víctimas y opositores políticos desde abril de 2018 a agosto de 2019, tal como evidencia el informe Bachelet conforme el mandato otorgado por la comunidad internacional, en similar tono que el informe correspondiente a Venezuela.

Aquí se suma un pedido a la reanudación de manera urgente de un diálogo significativo e inclusivo junto con la reparación de las víctimas, a las que se les ha negado el acceso a la justicia, la verdad y las garantías de no repetición tras las graves violaciones reportadas desde abril de 2018 en un contexto de protestas. Más de 300 personas murieron en dicho contexto y su represión, y más de 2000 resultaron heridas. Esta crisis democrática y de derechos humanos es justamente la que llevó a países de la región a encender simultáneamente las alertas en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se trata de otra crisis humanitaria que desde hace casi un año y medio se viene agudizando, con una inmensa cantidad de presos políticos perseguidos por el régimen de Ortega y clausura de medios de comunicación que disparó los mecanismos establecidos para estas circunstancias por la Carta Democrática Interamericana.

Lamentablemente parece que el afianzamiento de los valores democráticos está nuevamente puesto en riesgo en la región. Sin llegar a las oscuras épocas en las que dominaban las dictaduras militares, gobiernos de origen democrático se han transformado en regímenes que repudian los ideales de los derechos humanos que habíamos conseguido fortalecer casi como banderas en todo el continente. En el caso de Nicaragua es particularmente patético el papel que ha adquirid Ortega, protagonista principal de la Revolución Sandinista que depuso al régimen del general Anastasio Somoza en julio de 1979, y que 40 años después es una triste y oprobiosa caricatura de aquel comandante revolucionario.

Quienes estamos comprometidos desde siempre con estas banderas de democracia y derechos humanos no podemos permanecer indiferentes. Hacemos votos para que la política –con mayúsculas- pueda salvar lo que queda de democrático en estos países, y que la región persista en este camino que marcó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace justamente 40 años, con sus valientes informes posteriores a las visitas in loco a la Argentina de Videla y al Chile de Pinochet.

Las herramientas que se están utilizando del Sistema Universal de Derechos Humanos son las correctas, considerando que el 19 de diciembre de 2018 el gobierno sandinista suspendió las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESEN). Asimismo, consideró cumplida la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) justo antes de la presentación del informe público de este último.

Hago votos para que el gobierno argentino y el "Grupo de Lima" profundicen este camino detrás de la mejor tradición de nuestra política exterior en esta materia. Así como en su momento en los años ´80 durante el gobierno de Raúl Alfonsín se hizo conformando el denominado "Grupo de Río", corresponde hoy mantener una postura firme frente a un régimen que nos retrotrae a las peores dictaduras que el sistema de derechos humanos debió enfrentar en los ´70.

El autor es Juez Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y profesor de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UBA.