El edificio del Fondo Monetario Internacional en Washington
El edificio del Fondo Monetario Internacional en Washington

El decreto de necesidad y urgencia que "reperfila" la deuda pública de Argentina violenta todas las "promesas" que hicieron el FMI, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Hasta hace pocas horas, el "pago de la deuda" era un juramento de todos los defensores del sistema político actual. La palabra "reestructurar" era considerada un anatema y hasta una "provocación". Ahora, la postergación del pago de USD 16 mil millones con vencimiento a corto plazo es defendido por todos como un aporte a la "estabilidad". Como este relato se viene repitiendo en forma regular desde hace dos años, la primera conclusión que se puede adelantar es que constituye un paso irreversible hacia la completa bancarrota financiera.

La benevolencia con la que los albertistas han recogido el decreto, cuando no el apoyo directo, es un monumento a la inconsistencia. Apenas un día antes de este decreto macrista que disfraza la declaración del default, Alberto Fernández había fustigado al FMI y al Gobierno por haber financiado la fuga de divisas de Argentina en lugar de proteger las reservas para pagar la deuda pública. Pues bien, el decreto en cuestión hace exactamente lo que denunciaba Fernández antes: declara una postergación del pago de deuda con el propósito de usar las reservas internacionales para habilitar esa fuga. Es lo que se desprende, sin mediar equívocos, del objetivo de asegurar la "estabilidad cambiaria". Se trata de un compromiso a ofrecer divisas hasta que las velas no ardan. Con esta penosa promesa, el Gobierno pretende disuadir a los tenedores de depósitos bancarios a que no los conviertan en dólares. Lejos de "desarmar" la principal bomba financiera, las Leliq, se atornillan a ella como si fuera la última tabla de salvación a su disposición. En poco tiempo comprobarán que tiene más agujeros que el queso.

El decreto excluye del default a "las personas humanas", una grosería de lenguaje, que pretende distinguirlas de otras personas, las jurídicas. Supone, además, que estos "humanos" serían votantes macristas. Las humanas, un 80% de los tenedores, poseen el 15% de la deuda de corto plazo; las jurídicas, el otro 85%. Entre estas (bancos, aseguradoras, fondos comunes o de inversión), figura la Anses, de modo que asesta otro golpe al sistema previsional, al que se pretende reformar con el pretexto de que sería "deficitario". Mientras algunos gerentes financieros venían proponiendo la posibilidad usar los títulos públicos para cancelar deuda con la AFIP e incluso con bancos públicos -lo que sería un modo fraudulento de valorizarlos-, el decreto de Lacunza-FMI hace lo contrario: posterga su pago sin garantías, despojando a muchos humanos (en su mayoría macristas, también) de sus depósitos en esos fondos. Los que tienen plata en los bancos tomaran nota de esto.

Las promesas incumplidas, los pronósticos fallidos, las connivencias interesadas y muchas otras cosas más atestiguan el default político de los actores del sistema, en especial los albertistas, que juraron que pagarían la deuda sin recurrir "al hambre del pueblo". El autor financiero, político e intelectual del default es, en primer lugar y por sobre todo, el FMI. ¡Si el propósito de ofrecer USD 60 mil millones en préstamo e imponer un ajuste fiscal y monetario estaba destinado a pagar la deuda y despejar la amenaza de un default! La decisión del FMI de retener la cuota de USD 5.5 mil millones de septiembre es un default contra Argentina. Por otro lado, la imposibilidad de la Argentina de hacer frente a la deuda con el FMI coloca al Fondo en default con los países aportantes y en default con los contribuyentes de esos países. Por último, y por supuesto lo más importante, el FMI es el autor y redactor del decreto defaulteador de Lacunza y de Macri. Y no es un default cualquiera, porque refiere al préstamo más importante de la historia por su monto, y porque advierte de la inviabilidad de los rescates de parte de las instituciones políticas nacionales e internacionales, para hacer frente al gigantesco endeudamiento mundial que se ha espiralizado a partir del desplome financiero de 2007/8.

El FMI enfrenta ahora su propio "vacío de poder": ¿seguir financiando a Macri hasta diciembre, a sabiendas que sería meter dinero en un agujero negro? La "estabilidad del dólar" es la insignia política de la campaña electoral del macrismo. ¿Está dispuesto el FMI a financiarla? El dilema parece paralizar al tuitero Donald Trump, el financista del Fondo y el albacea de Macri. Trump temía hace tiempo que Macri pudiera ser desalojado del gobierno; ahora advierte que puede ser eyectado como un cohete a la Luna, y propagar la crisis financiera más allá de la Argentina, incluso precipitar de una situación pre-revolucionaria en el sur de América. Si la reina se ha visto obligada cerrar el parlamento británico, nada es ya imposible.

Al final, el arbitraje político ha pasado a manos de Alberto Fernández (en realidad a Cristina): o voltean a Macri con un voto negativo al decreto Lacunza en el Congreso, o convalidan el default y el despilfarro final de reservas para la fuga de capitales. Hacer esto último significa también comprometerse con la hoja de ruta del macrismo y el FMI acerca de la renegociación del conjunto de la deuda, sean tenedores privados u organismos internacionales. Decidir entre estas opciones es competencia de CFK: el doble comando no puede seguir en la penumbra. El Congreso será el escenario del desarrollo de la crisis completa del régimen político. La derrota del decreto implicará la caída del Gobierno y el cese de la campaña electoral.

El desenvolvimiento de la crisis en el Congreso y las decisiones que tome pueden modificar otra vez la trayectoria zigzagueante, convulsiva y mediocre de la campaña electoral, que ya se ha convertido en una larga serie de Netflix. Un pacto de F-F con el macrismo le costaría la victoria en primera vuelta, e incluso otras derivaciones electorales, que dependen de la asimilación que el electorado haga de la crisis.

El traslado de la crisis al Congreso, que hasta ahora fue ninguneado en las negociaciones políticas que se desarrollaron entre bambalinas, es una "invitación" a la intervención política de los trabajadores. Es un imán extraordinario. En otras ocasiones decisivas, como el 2×1 o el derecho al aborto, aglutinó centenares de miles de personas. Debe ocurrir lo mismo esta vez, aunque en una escala superior porque se trata de una crisis de carácter integral.

La consigna obvia de la movilización es no al decreto del FMI, que se establezca por ley un salario y jubilación mínima igual al costo de la canasta familiar y un aumento generalizado de la asistencia social. La crisis política que resultará de la votación, en cualquier sentido, en el Congreso, dará lugar, ciertamente, a la emergencia de propuestas políticas de distinto carácter. La consigna de los luchadores y sus organizaciones debe ser la convocatoria de una Constituyente Soberana, la única con facultades para determinar lo que se hará con la deuda externa. La agenda urgente de los trabajadores, como el salario, las jubilaciones, los despidos y el hambre debe impulsar una campaña por una huelga general hasta la satisfacción completa de las reivindicaciones.

El autor es miembro del Partido Obrero