Este mes de agosto, en un momento muy especial para nuestro país, se cumplirán veinticinco años de vigencia de la reforma constitucional de 1994. Es una buena oportunidad para reflexionar acerca de su legado sustancial -"para nosotros, para nuestra posteridad" como reza el Preámbulo- con la intención de que mueva a los actuales dirigentes políticos a superar la grieta, que otra vez, nos enfrenta al peligro de la división.

La Constitución no sólo es la norma fundamental y principio de validez de todo el ordenamiento jurídico. La supremacía constitucional es, en realidad, un instrumento destinado a asegurar la permanencia de los principios y valores que nos definen como Nación, y que en dicha norma primera y fundamental se reconocen y declaran. La Constitución es un gran acuerdo entre todos los sectores que, gracias a ella, logran integrarse en una sociedad democrática y pluralista. Un acuerdo sobre las cuestiones sustanciales, que nos impulsa a también consensuar, previo debate y decisión democrática, sobre otras cuestiones prácticas que permiten superar las dificultades inevitables en la vida de los Pueblos.

El Peronismo siempre fue dialoguista y acuerdista, y cuando no lo fue -por error propio, ya que nada puede ser un obstáculo insalvable para el diálogo- sus obras fracasaron no obstante el valor objetivo que ellas hubiesen tenido. Así pasó con la Constitución de 1949, un brillante ejemplo del constitucionalismo social de la posguerra y del aporte doctrinario del Justicialismo para aquella época, pero que nació enferma de "imposicionismo" y así naufragó ante un despreciable bando militar solo apoyado en las bayonetas de la dictadura golpista.

Pero el Peronismo ratificó su esencia acuerdista, a pesar de la proscripción, al integrar (con otros aliados y denominaciones) la Convención Constituyente de 1957 el tiempo necesario para dar vida al artículo 14 bis (una especie de síntesis del constitucionalismo social) al que los constituyentes de 1994 homenajearon respetándole tal nomenclatura dentro del nuevo articulado del texto constitucional.

Después continuaron los golpes y las proscripciones y los intentos de imponer otras reformas que también nacieron muertas. El regreso de Perón a la Patria aportó nuevo impulso al esfuerzo por la conciliación nacional. La Hora de los Pueblos en lo documental, el abrazo de Perón con Balbín en lo gestual y, sobre todo, la imagen de Balbín saltando un muro para encontrarse con Perón, fueron acontecimientos hoy no recordados suficientemente, quizás porque quedaron oscurecidos por la barbarie que los sucedió: el período 1976-1983 fue el de la "gran grieta", con su sangrienta estela de muertes y terror, grieta que no pudo ser suficientemente superada por el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, a pesar de sus esfuerzos en tal sentido.

Frente a ello advertí la necesidad imperiosa de continuar con tal política de acuerdo y conciliación. Mi visita, en su lecho de enfermo, al Almirante Rojas, en lo gestual, y, en lo legal, los indultos a los responsables de la "gran grieta", por sus dos lados, fueron aportes que realicé en tal sentido, a pesar de las minorías que solo perseguían, y persiguen, el oprobio de la venganza.

Pero considero que el gran legado que con el Presidente Alfonsín hemos dejado para nuestra generación y las venideras ha sido la reforma constitucional por consenso de los dos grandes partidos históricamente mayoritarios. Que a la reforma de 1994 se haya llegado por consenso no quiere decir que su contenido no haya sido profundamente debatido durante la ejemplar Convención reunida en Paraná-Santa Fe, como dan cuenta las actas de sus sesiones.

Siempre habrá "grietas", por eso siempre tendrán que construirse puentes para salvarlas. La Constitución es la que obliga a que los puentes se construyan, es pontifical, en el sentido etimológico de la palabra (en latín pontifex quiere decir constructor de puentes).

Los argentinos ya hemos gestado y ofrendado un pontifex para toda la humanidad. Quiera Dios que también sepamos hacerlo para nosotros mismos.