Se sabe que sin el clima envilecido por la pretensión releccionista del entonces presidente Menem, la reforma constitucional operada en 1994 no hubiese acontecido, al menos, de la forma en que aconteció. Recordemos que la historia cuenta siempre cómo terminan las cosas, pero rara vez muestra las necesidades o intereses personales que las motivan.

Lo cierto es que en el año 1994, en la Argentina, la discusión por la relección del presidente anunciaba una reforma constitucional.

Bajo estas circunstancias políticas, algunos protagonistas de la reforma -que no desconocían ciertas prácticas presidenciales bonapartistas- admitieron la discusión por la relección, pero a condición de limitar los rasgos fuertes del sistema presidencialista a través de la incorporación al texto constitucional de un instrumento novedoso y extraño a nuestra anterior organización institucional como es la figura del Jefe de Gabinete de Ministros.

Pues justamente los mentores de la reforma, reconociendo la realidad de usos y abusos presidenciales debido a la cantidad de atribuciones que la norma fundamental le otorgaba, más aquellas tomadas por este con el consentimiento expreso o no de los otros poderes, creyeron que era necesario matizar el sistema presidencialista mediante la incorporación de figuras que nos conducirían hacia un nuevo diseño "semiparlamentario" donde al Jefe de Gabinete, cual Primer Ministro, ejercería la administración general del país.

Sin embargo, con 25 años de distancia podemos afirmar que –en contradicción con sus propias intenciones- la última reforma constitucional potenció el viejo sistema de poder presidencialista, generándose tal asimetría entre las nuevas figuras y derechos agregados y la tradicional organización del poder, que finalmente funcionó como un boomerang contra la propia efectividad de los nuevos institutos y derechos.

Es decir, la reforma del 94 se neutralizó a si misma convirtiéndose en la síntesis de aquello que pudo haber sido y no fue.

Por ello es que considero que el derecho constitucional argentino transcurre desde entonces la etapa que denomino "constitucionalismo contradictorio", en donde la figura del Jefe de Gabinete de Ministros funciona como ejemplo (entre otros) para graficar la contradicción entre las intenciones constituyentes y los resultados obtenidos.

En este sentido, más de dos décadas de idas y vueltas políticas en la Argentina nos ahorran ciertos detalles sobre la figura del jefe de gabinete, siendo entonces suficiente con decir que este denominado "ministro sin cartera" incorporado al texto constitucional mediante el nuevo art. 100, ha fracasado en su principal finalidad: inaugurar la etapa semiparlamentaria del Estado argentino, en tanto no desempeña ninguna función que pueda significativamente atenuar el sistema presidencialista, pues no se requiere demasiada agudeza intelectual para observar como el presidencialismo argentino aún mantiene su inercia hacia el híper-presidencialismo.

Incluso tampoco pudo estabilizar el sistema político frente a la debilidad presidencial. Recordemos que en diciembre de 2001 el entonces jefe de gabinete de ministros no fue capaz de impedir ni de canalizar la fenomenal crisis presidencial desatada.

De modo que más allá de las intenciones constituyentes, la relación entre el nuevo diseño institucional con finalidades semiparlamentarias y la incorporación del Jefe de Gabinete ha funcionado como una verdadera ecuación de suma cero y más aun cuando este funcionario es designado y removido por el Presidente de la Nación, a quien a su vez supuestamente debe controlar. Es problemático pretender éxito en la tarea del controlante que depende jerárquicamente del controlado. El Presidente lo remueve a sola firma en cambio el Congreso debe hacerlo por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.

En síntesis, el "semiparlamentarismo" se inscribe como un ejemplo más del fracaso de la reforma constitucional del 94, la cual efectivamente modernizó una parte de la Constitución pero mantuvo intacto el viejo y centralizado sistema de poder.

Es decir, la reforma realizada por aquella Convención Constituyente tan llena de omisiones y cuasi-prohibiciones, no sólo no consiguió alumbrar un sistema "semiparlamentario" sino que por el contrario, mediante el juego de reglas y excepciones, terminó incorporando al nuevo texto de la Constitución prácticas ejecutivas propias del voluntarismo presidencial como los DNU, la delegación legislativa y la promulgación parcial de las leyes.

Por tanto la incorporación del Jefe de Gabinete promocionada como un cambio copernicano del diseño presidencialista argentino, no fue otra cosa más que una manera distinta de legitimar y otorgarle máximo reconocimiento a las prácticas políticas que ya venían desde antes.

Profesor Adjunto Regular, derecho constitucional, UBA
Titular Cátedra, derecho político, USI-Placido Marín