Dos temas que se relacionan con el Derecho Penal y los valores fundamentales para la sociedad Argentina han ocupado esta semana los medios de comunicación: las tragedias viales y el Terrorismo y su financiamiento. Ambos temas tienen en común que forman parte del digesto catalogado la "ley de las leyes", que es el nuevo Código Penal Argentino.

El motivo de preocupación respecto de los siniestros viales es una preocupación mundial. Resulta evidente que el actual esquema sancionatorio de las infracciones de tránsito no llega a dar una respuesta adecuada a la problemática. Por eso nos encontramos ante una dramática situación que nos obliga a todos a trabajar fuertemente a fin de reducir los índices de siniestros viales en nuestro territorio nacional.

En línea con los países de legislación más avanzada en la materia (como en el caso de España) el proyecto de reforma del Código Penal con 540 artículos, que fuera redactado por la comisión creada por decreto del PEN nro. 103/17, enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación al Congreso Nacional el pasado 25 de marzo y que fuera presentado el pasado 4 de junio por la Comisión de reforma y por el Ministro de Justicia de la Nación ante la Comisión de Asuntos Penales y Justicia del Honorable Senado de la Nación, de manera específica busca encontrar una solución a la segunda causa de muerte en la República Argentina después del uso de armas.

En el artículo 84 del Proyecto se contempla la conducta culposa básica, con pena de uno (1) a cinco (5) años de prisión, respecto de quien por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo, causare a otro un resultado, como lo es la muerte. Es decir, determina una penalidad para el desarrollo de conductas que si bien están prohibidas, son llevadas adelante de manera "imprudente".

El inciso 2º del Proyecto aumenta la escala penal de dos (2) años a cinco (5) de prisión cuando la muerte es el resultado de la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. Se establecen especiales circunstancias de hecho que agravan la penalidad y que elevan el mínimo de la escala penal a tres (3) años de prisión con un máximo de siete (7) años.

Se llega a una sanción penal para los delitos imprudentes cuya escala penal se encuentra en su máximo de pena justo por debajo del delito doloso de resultado muerte previsto en el art. 79 del Código Penal.

A modo de referencia, la escala penal de los delitos imprudentes se agrava hasta un máximo de siete (7) años de prision e inhabilitación de hasta 10 años para conducir cuando:

1) El imputado se diere a la fuga, o no intentare socorrer a la víctima, siempre que no incurriera en el delito de abandono de persona.

2) Cuando el autor estuviere bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a los 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o 1 gramo por litro de sangre en los demás casos.

3) Cuando estuviere conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho o participando de una prueba de velocidad o de destreza sin la debida autorización de autoridad competente.

4) Lo mismo, para quien hubiese organizado o promocionado la prueba de velocidad o destreza.

5) Incluso si condujere estando inhabilitado o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito, entendiendo la responsabilidad (por entenderla también como conducta imprudente) la conducta respecto de quien entrega un vehículo de su propiedad o confiado a su custodia, a sabiendas que será utilizado a tal fin.

Otra de las conductas que se prevé como imprudentes con una penalidad mayor es la "culpa temeraria" (brindando respuesta a los reclamos de las asociaciones civiles de víctimas y ONG, así como las modificaciones introducidas al Código Penal por la Ley 27.347), que se enrola dentro de lo legislado en el Código Penal español, que contempla la temeridad manifiesta en el Título XVII "De los delitos contra la seguridad colectiva".

Por otro lado, el Proyecto de reforma prevé que determinadas conductas peligrosas que no llegan a producir un resultado, también serán consideradas delitos.

El nuevo artículo 194 del Proyecto del Código Penal prevé, dentro de los delitos que se denominan contra la Seguridad Pública, la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial para conducir por el doble de tiempo de la condena, al que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas mediante la participación de una prueba de velocidad o destreza con un vehículo con motor, sin autorización. La misma pena para quien organiza esta clase de eventos de peligro concreto.

Por otra parte, prevé como delito de peligro abstracto con pena de multa actualizable, la conducta de quien condujere un vehículo con motor bajo los efectos de sustancias estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público 1 gramo por litro de sangre en los demás casos. Casos antes contemplados como contravenciones.

Prevé la aplicación de la misma pena al conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Contempla también una pena de multa actualizable respecto de quien condujere un vehículo con motor a velocidad superior en 60 kilómetros por hora a la máxima permitida reglamentariamente.

En suma, se establecen, de una parte, nuevas circunstancias de hecho con penas que alcanzan los siete (7) años de prisión en el caso de resultado muerte, inhabilitación de hasta 10 años para conducir, para los delitos que sean llevados adelante de manera imprudente y, de la otra, se adelanta la intervención del estado, sin tener que esperar un resultado trágico respecto de aquellas personas que conducen vehículos en determinadas circunstancias, hoy prohibidas por normas contravencionales.

El Proyecto de Reforma del Código Penal también viene a marcar un cambio paradigmàtico tanto a nivel internacional como local, ya que contempla como conductas prohibidas en forma autònoma en el Tìtulo XIV los delitos de "Terrorismo y su Financiamiento".

Toma en consideración para su redacción los códigos penales español, italiano, alemán, así como también el Código Penal Modelo de los Estados Unidos de Norteamérica, como las recomendaciones realizadas por el G.A.F.I.

Este avance en términos normativos, brinda una oportunidad única para convertirnos en protagonistas de la lucha global contra la criminalidad organizada y el terrorismo; que se sustenta a su vez, en los instrumentos internacionales, entre otros, el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999.

En suma, esta novedosa tipificación, específica con sus propias reglas, en el nuevo Código Penal —similar al Código Penal español—, contiene una gama de delitos realizados con el fin de aterrorizar a la población, u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Especificamente el art. 314 del Proyecto, por un lado, determina que será considerado delito de terrorismo la comisión de cualquier delito que sea grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, el ambiente, la seguridad, la salud o el orden púbico, el orden económico y financiero, o informático. Y asimismo, que la comisión de ese delito debe ser realizado con una ultrafinalidad específica, a saber: que dichas conductas se hubieran cometido con el fin de aterrorizar a la población, u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Para estos casos se prevén penas de prisión que van desde la  prisión perpetua, hasta el aumento en el doble del mínimo y en el doble del máximo de la escala penal del delito de que se trate.

El articulado, asimismo, prevé un tipo especial de organización criminal terrorista, el agrupamiento, el reclutamiento,  el acogimiento, y al "lobo solitario", entre otras conductas.

En lo referido a las organizaciones criminales se tipifica la conducta de quien tomare parte en una asociación ilícita destinada a cometer alguno de los delitos referidos anteriormente, con pena de hasta 20 años de prisión) —tomando como referencia el Model Penal Code (MPC) de los Estados Unidos de Norteamérica y el de Alemania—. Marcando una diferencia cualitativa respecto de quien promueva, organice o dirija la asociación, con una escala penal de mínima de 10 años de prisión.

En cuanto a la figura de instigación a cometer actos de terrorismo, cuya incorporación forma parte del compromiso internacional asumido por nuestro país derivado de la implementación de la Resolución 1624/2015 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, en su párrafo 1° insta a todos los Estados a que adopten las medidas necesarias para "Prohibir por ley la incitación a la comisión de un acto o actos de terrorismo", no se determina una tipificaciòn autònoma por cuanto resulta una conducta que queda comprendida por las reglas de participación criminal previstas en el Título IX del Libro I, en el artículo 45, que prevé la aplicación de la misma pena del delito para  "los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo".

También se criminzaliza la conducta respecto del reclutamiento,  adoctrinamiento y entrenamiento terrorista.

Por otro lado, en cuanto al delito de financiación del terrorismo, vale remarcar que se le brindó una ubicación autónoma. La Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1373 (2001), ha ordenado a los Estados a que adopten las medidas necesarias para prevenir y reprimir el delito de terrorismo.

En efecto, en el apartado 1.a) de la Resolución 1373 decide que los Estados «prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo». Y especialmente, en su párrafo c), ordena que «congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades asociadas con ellos». Por tal motivo se recepta esta figura, legislándose en tal sentido.

Se determina que la concurrencia de esta conducta trae como consecuencia la pena de prision de 5 a 15 años, así como la multa en forma conjunta de hasta 10 veces el valor del monto de la operación —en misma línea que el criterio de determinación de la multa establecida en el Ley de Responsabilidad Empresaria 27.401, como también en el Régimen Penal de Cambios—, respecto de quien, de manera directa o indirectamente, por sí o por persona interpuesta (salva así los problemas de causalidad, dominio del hecho o de comisión por omisión), recolectare o proveyere dinero, cosas, bienes o cualquier clase de activos con la intención, con la consecuencia posible de que se utilicen o con conocimiento de que será utilizado, en todo o en parte, para financiar o para cometer cualquiera de los delitos previstos precedentemente.

Se intenta receptar, proteger y sobretodo resguardar, por intermedio del nuevo código Penal, los intereses fundamentales que reclama la sociedad a la vez de intentar insertar a Argentina en el mundo globalizado.

*Mariano Borinsky es Presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Doctor en Derecho Penal UBA y Profesor Adjunto Regular Universitario