(Foto: Adrián Escandar)
(Foto: Adrián Escandar)

Se cumplieron 25 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, mediante un coche bomba. Se trató del mayor ataque terrorista ocurrido en la Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas.

Como todos los años, fuimos a honrar a los muertos y a expresar nuestra solidaridad y acompañamiento a quienes perdieron a seres queridos de una manera tan brutal. El dolor no se borrará nunca, pero no debemos resignarnos a que no pueda realizarse una investigación seria y profunda. Hoy, una justicia sin trabas, sin condicionamientos, está en condiciones de aportar sus mayores esfuerzos para el esclarecimiento de ese cruento ataque.

Sin embargo, la AMIA no sólo es recuerdo de la tragedia. También es el sonoro clamor de años de impunidad, encubrimientos y mentiras, en un largo proceso judicial errático y turbio. Es la lucha de los familiares durante un cuarto de siglo contra el olvido y contra la impunidad.

En 2013 el Congreso Nacional, por iniciativa del Poder Ejecutivo, aprobó un acuerdo con Irán, para que una comisión integrada por ambos países investigara la verdad de lo ocurrido. Algo absurdo, cuando la justicia argentina había determinado que el régimen iraní y la organización terrorista Hezbollah habían sido los responsables del atentado.

Ninguno de los discursos de los legisladores  kirchneristas logró dar una mínima respuesta a los serios cuestionamientos de la oposición. Pero si bastara tomar un indicador que revelara la verdadera naturaleza de este acuerdo, debería acudirse a los propios diarios del régimen iraní.

En un editorial del periódico "Teherán Times" de esa época se celebró ese pacto como un gran triunfo del gobierno de Irán y "un golpe contra el sionismo y los Estados Unidos". Asimismo, se señalaba que "el gobierno argentino se ha dado cuenta de que ha sido víctima de una trama política mucho más compleja y de que la Justicia ha sido influida por grupos de lobby foráneos". En esa misma línea, atribuyó la creación de la Comisión de la Verdad a un "claro cambio" en la posición de nuestro país, que habría descubierto entonces que el rumbo de la investigación que llevaba el fiscal, de la que surgió la imputación a los funcionarios iraníes, estaba completamente equivocado.

Por más repulsa que nos causen estos comentarios, ellos ayudan a entender de qué se trató el acuerdo. Es evidente que el gobierno argentino había renunciado a la búsqueda de la verdad y de la justicia y que le había brindado al régimen de Teherán una inesperada vía de escape de su responsabilidad internacional. ¿Cuál fue la contraprestación de tamaña generosidad? No se dijo, pero podría haber abarcado desde beneficios económicos hasta un nuevo alineamiento internacional de la Argentina, más próximo al "bolivarianismo" amigo de la teocracia iraní.

El actual candidato a presidente de la Nación por el kirchnerismo, Alberto Fernández, manifestó en aquel momento que el memorándum era un medio para procurar el encubrimiento de los autores del atentado. Es curioso que alguien que tenía esa opinión haya aceptado ser quien encabece, aunque sea formalmente, la fórmula de la agrupación política que promovió tamaña aberración.

A raíz de aquellas declaraciones, el hoy candidato presidencial kirchnerista fue citado por el juez federal Claudio Bonadio en la causa que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, y luego también lo hizo el prestigioso periodista Nelson Castro, en uno de cuyos programas Fernández manifestara que la entonces presidenta, Cristina Kirchner, había sido la instigadora de la firma del pacto con Irán.

Al declarar como testigo, Nelson Castro ratificó los términos de le entrevista con Fernández, señalando que allí Alberto Fernández no había dado ninguna opinión política, sino que había brindado una opinión jurídica, utilizando en reiteradas oportunidades el vocablo de encubrimiento en términos claros.

Aquel alineamiento con el régimen teocrático iraní contrariaba nuestra historia, nuestra cultura, nuestro modo de ser. El gobierno que se jactaba falsamente de ser el campeón de los derechos humanos terminó abrazado a una dictadura que niega el Holocausto y que mantiene a las mujeres en una condición jurídica inferior. Ese infame acuerdo fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal en 2014. La decisión del presidente Mauricio Macri de no apelar esa decisión hizo que quedara firme.

La grave imputación del fiscal Alberto Natalio Nisman a Cristina Kirchner por encubrimiento del atentado a través de ese memorándum le costó la vida al magistrado, lo que agregó nuevos motivos de dolor a una causa que es un lamentable símbolo de impunidad.

El gobierno de Cambiemos ha dado vuelta la página. El alineamiento internacional no es hoy con dictaduras, sino con países verdaderamente democráticos. Al mismo tiempo, se ha comprometido la más amplia ayuda con todos los recursos necesarios para el avance de la investigación.

Asimismo, el presidente Macri ha decidido crear un registro de organizaciones terroristas, a cuya cabeza figurará Hezbollah, que opera en Medio Oriente y se estima que tiene células dormidas en la Triple Frontera. En línea con esa determinación, se habrá de profundizar la defensa cibernética a fin de estar mejor preparados ante eventuales ataques informáticos (hackeos) provenientes de esas organizaciones.

La Argentina democrática, la de la libertad y el pluralismo nada tiene que ver con los extravíos internacionales de los Kirchner, que nos condujeron a negociaciones infames con dictaduras asesinas. No sólo nuestra historia y nuestra cultura nos impelen a dejar atrás esas tinieblas; también lo exige la memoria de las 85 personas muertas aquel trágico 18 de julio de 1994.