Reformar el sistema penitenciario para que haya menos reincidencia e inseguridad

(Foto: Fernando Calzada)
(Foto: Fernando Calzada)

La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los argentinos. Para lograr combatirla y reducirla, es necesario que tanto quienes cumplimos un rol en el Estado como los ciudadanos, entendamos que las medidas que deben tomarse deben ser integrales, a corto y largo plazo, con un análisis responsable de su impacto y fundamentalmente que no se centren únicamente en respuestas punitivas y represivas.

Durante estos cuatro años en el Congreso logramos la sanción de algunas normas trascendentales: un procedimiento específico para los casos de flagrancia; la incorporación de la figura del imputado arrepentido; la regulación de las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y la prórroga de jurisdicción, herramientas fundamentales para que las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial puedaninvestigar y luchar contra los delitos complejos.

Debemos tomar conciencia de que las condiciones del sistema penitenciario tienen relación directa con la inseguridad. Y en marzo, el Ministro de Justicia declaró la situación de emergencia carcelaria por el término de 3 añosdebido a que el Servicio Penitenciario Federal atraviesa una sobrepoblación superior al 12%. La resolución creó una Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria para analizar la situación actual y facilitar la coordinación entre los diferentes órganos del Estado Nacional.

El 43% de las personas privadas de su libertad son ex convictos. Si comparamos las posibilidades de reincidencia en personas que cometieron el mismo delito, quien cumplió su condena en prisión tiene el doble de probabilidad de reincidencia que quien recibió monitoreo electrónico. Los delitos contra la seguridad urbana son los de mayor tendencia a encarcelamiento mientras que las causas más complejas en términos de investigación no suelen tener una condena definitiva que involucre la prisión. Además, el 47% de los ingresantes tienen entre 18 y 29 años y el 91% de ellos tuvo algún tipo de relación con la droga desde el consumo o la distribución.

El sistema nunca fue pensado de una manera integral y hoy no contamos con políticas que apoyen el proceso de reingreso a la sociedad. Son pocos losprogramas de tratamiento de adicciones, o deeducación y formación laboral para que quienes cumplieron su condena salgan de la cárcel con capacidades y posibilidades que les permitan dejar de delinquir.

La ejecución de una pena siempre debería cumplir con su finalidad: lograr que el condenado comprenda y respete la ley, la gravedad de sus actos y la sanción impuesta, procurar una adecuada reinserción social, promoviendo el apoyo de la sociedad. Pero lo que debemos discutir es ¿siempre la pena debe ser la prisión? ¿cuál es el costo y cuáles son los resultados?

Convoqué este jueves 18 a una jornada en la Cámara de Diputados, en la que escucharemos a diversos especialistas en el sistema penitenciario disertar sobre la situación actual de las cárceles en Argentina porque estoy convencida que desde el Poder Legislativo tenemos que empezar a analizar la situación actual, evaluar los impactos de los cambios legislativos y ser innovadores y creativos para pensar nuevas alternativas. Ningun delito puede quedar impune, pero esto no significa que la única posibilidad es la cárcel. Pensemos cambios estructurales. Busquemos ir hacia una justicia restaurativa con más foco en las víctimas y menosen un castigo vacío. Aprovechemos las nuevas tecnologías para reducir las prisiones preventivas a aquellas indispensables. Pensemos cómo lograr que quienes sí cumplen una condena en la cárcel no vuelvan a delinquir y retribuyan a la sociedad por el daño ocasionado.

En abril del año pasado, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, visitó Argentina. Entre otras recomendaciones, apeló a las autoridades en todos los niveles y poderes, amejorar las condiciones físicas de detención, a aplicar medidas de detención alternativas y a tomar todas las demás acciones necesarias para asegurar que todas las personas privadas de su libertad sean tratadas con la dignidad que se merecen todos los miembros de la familia humana, y de acuerdo con las normas internaciones con las que nuestro Estado se comprometió. Es una deuda de nuestra democracia que las cárceles cumplan con el mandato constitucional de ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas.

La autora es diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires (Cambiemos)

Últimas Noticias