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En días pasados tomó estado público un proyecto de ley impulsado por el diputado Leandro López, de Cambiemos, que propone que las sucesiones tramiten en las escribanías bajo el pretexto de que esto reduciría el costo de su tramitación. Ahora bien, resulta que en la práctica los honorarios de los abogados se fijan con base en la valuación fiscal de una propiedad, en tanto que los honorarios propuestos para los escribanos se fijan con base en el valor real de esta. Como ejemplo, un inmueble que hoy se encuentra a la venta en el barrio de Caballito tiene una valuación fiscal de $ 77.764,08 y un valor de mercado de U$ 115.000, por lo que los honorarios de un abogado (20% del valor fiscal) serían $ 15.552,81 y los de un escribano (2% del valor de venta) U$ 2300, a cotización de hoy, más de $ 105.000. De esta forma se ve claramente que ese 2% en la realidad es mucho más oneroso que el 20%, porque la gran diferencia que hay entre el valor real y el fiscal.

Dado que el argumento económico es el esgrimido para defender la propuesta, quise rebatirlo en primer lugar. A ello debemos sumarle que la ley propuesta es inconstitucional, puesto que viola la garantía del juez natural y favorece la posibilidad de que se produzcan fraudes a los acreedores o entre los herederos, circunstancia tan lamentable como repetida, que no se concreta justamente por la intervención judicial y el control que resulta de los patrocinios letrados.

No en vano es que existen solamente dos clases de juicios universales, que atraen todos los demás procesos al juzgado donde tramitan. Uno son las ejecuciones colectivas (concursos y quiebras), el otro son justamente las sucesiones. En los últimos años, y no es patrimonio exclusivo de este gobierno, vemos un denodado interés del Estado por convencer a la gente de que los abogados son caros, entonces la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece un patrocinio gratuito que le recomienda a la gente no hacer juicio y aceptar la denominada reparación histórica. Lo mismo sucede con las ART y la nueva ley de riesgos de trabajo, y podría seguir con una larga lista. No en vano es el refrán popular que dice: "Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía".

Sucede que la mayor vulneración de derechos de la ciudadanía se logra gracias a que la gente no accede a un asesoramiento jurídico en beneficio de sus intereses, ya que los "asesoramientos gratuitos" se aseguran de que no reclamen lo que les corresponde. La ola de amparos que se produjeron en la época del corralito y que permitió a miles de personas recuperar sus ahorros no hubiera existido si mansamente hubieran recurrido a algún "asesoramiento jurídico gratuito".

Finalmente, para el caso que de verdaderamente exista una voluntad del Estado en abaratar los costos de las sucesiones, la receta es la bajar la carga impositiva que pesa sobre la transferencia de bienes. La misma que si de verdad quisieran favorecer la producción o generar empleo.

El autor es consejero de la Magistratura de CABA.