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México no recibió ningún apoyo durante el conflicto desatado por la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de ese origen si no tomaba medidas para contener el flujo de inmigrantes provenientes de América Central, y en particular de Honduras, Guatemala y El Salvador. Ni la Organización de los Estados Americanos (OEA) ni el Grupo de Lima osaron emitir una declaración de solidaridad o señalar al menos que la coacción comercial no debe utilizarse para tratar temas inmigratorios. El secretario general del organismo regional, Luis Almagro, evitó manifestarse a pesar de ser conocido por su elocuencia.

El presidente Trump tuvo desde el principio una marcada hostilidad hacia México. La caracterización del NAFTA como el peor acuerdo comercial firmado por los Estados Unidos o el propósito de levantar un muro para contener el ingreso de inmigrantes o las referencias al juez Gonzalo Curiel tuvieron el propósito de culpabilizar a un grupo étnico como el causante de los supuestos problemas que afectan a un sector de la población desencantada con el progreso económico.

Los Estados Unidos renegociaron el NAFTA, que devino en el USMCA. El acuerdo no tuvo hasta ahora la ratificación parlamentaria. En los Estados Unidos, los miembros demócratas exigen mayores garantías sobre el cumplimiento de los estándares laborales para evitar el desplazamiento de puestos de trabajo hacia el país vecino. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó el 1º de mayo la reforma laboral que garantiza la democracia y los derechos de los trabajadores en los sindicatos. Esta reforma, reclamada por las organizaciones AFL-CIO, establece que los líderes sindicales deberán elegirse por voto directo, libre y secreto de los afiliados. El presidente de AFL-CIO, Richard Trumka, declaró que la aprobación constituye un avance pero insuficiente; era necesario verificar la implementación para eliminar los cientos de contratos firmados entre sindicatos fantasmas y empresas para mantener bajos los salarios.

Las manifestaciones del presidente Trump sobre cláusulas secretas en el acuerdo negociado con México obligaron al ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a revelar su contenido en el Congreso. Estas cláusulas fijan plazos para tomar medidas efectivas para controlar el flujo migratorio a satisfacción del Gobierno norteamericano. En caso de que no reúnan las condiciones, Estados Unidos se reserva el derecho de aplicar sanciones sin consultas previas.

Los Estados Unidos pretenden también forzar a México y Guatemala para firmar un acuerdo de "tercer país seguro" para recibir inmigrantes. Este acuerdo implica que los inmigrantes de Honduras y El Salvador estarán obligados a solicitar asilo en el primer destino seguro. Los inmigrantes que llegasen a los Estados Unidos serán devueltos para legalizar su situación si se comprobara que han pasado por esos países previamente. Los Estados Unidos han firmado con Canadá un acuerdo similar con el propósito de forzar la cooperación y evitar convertirse en blanco de los inmigrantes. El ministro Ebrard esbozó la posibilidad de una convocatoria a la comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas, para afrontar este problema que excede su capacidad para absorber este número.

Trump no cesará de utilizar el problema de la inmigración. Es un tema de honda repercusión y atractivo para una campaña electoral que recién comienza. En el discurso pronunciado en Orlando para el lanzamiento de su reelección, dijo: "Un presidente y un Congreso demócrata despojarán a los ciudadanos americanos de sus derechos constitucionales y al mismo tiempo inundarían el país con inmigrantes ilegales".

El conflicto con México no es puntual o transitorio. Durará lo necesario que lo requiera la campaña electoral para cohesionar a los electores y denostar a los opositores. Es lamentable que América Latina aparezca avalando esta posición sin expresar aunque sea diplomáticamente los riesgos de la discriminación y la descalificación racial.