(Maxi Luna)
(Maxi Luna)

Un tribunal recientemente condenó a José López a la pena de seis años de prisión por enriquecimiento ilícito en la causa en la que se juzgó la portación de los bolsos que tenían nueve millones de dólares en su interior y que fueron arrojados en un convento. El caso se convirtió en uno de los símbolos de la corrupción kirchnerista y la sentencia que se ha conocido ha merecido críticas en las redes por cuanto mucha gente ha interpretado que seis años es una pena leve y no resulta una sanción adecuada para que sirva de ejemplo y otros funcionarios desistan de querer enriquecerse ilícitamente.

Hay que decir, en principio, que dicha pena es la máxima prevista en el artículo 268 (2), que contempla el delito de enriquecimiento ilícito y cuyo mínimo es de dos años. Obviamente, los jueces no hubieran podido imponerle una sanción que excediera ese monto por cuanto ella hubiera resultado ilegal. Podemos agregar que también le fueron decomisados los dólares y los euros que tenía en los bolsos y cuya procedencia no explicó, sumas que se destinaron a los dos hospitales de niños que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se le impuso una multa del valor del 60% de lo que tenía en los bolsos y lo inhabilitó en forma permanente para ejercer cargos públicos.

Empero, no obstante estas accesorias que se le impusieran, no puedo menos de coincidir con quienes opinan que se trata de una pena leve, de una sanción que no se adecua a un delito tan serio como es que un funcionario público se enriquezca indebidamente en el ejercicio de la función pública.

Pues bien, el proyecto de reforma del Código Penal que fuera recientemente enviado al Congreso para su tratamiento da solución al tema por cuanto, en el artículo 268.2 que contempla el delito de enriquecimiento ilícito, se prevé una pena que puede oscilar entre cuatro y doce años de prisión, y la inhabilitación absoluta perpetua. O sea que, duplica tanto el mínimo como el máximo de la pena que se puede aplicar al funcionario que incurra en este delito e impide que pueda ser motivo de una condena en suspenso, ya que esta no puede ser superior a los tres años de prisión y, en estos casos, aunque se aplicare la pena mínima, no podría ser menor a cuatro años de prisión.

Lo mismo pasa con todos los artículos que sancionan a los funcionarios públicos que incurran en otros actos de corrupción, sea del tipo que fueren. Por ejemplo, los que pidan o acepten dádivas, dinero o bienes para hacer o no hacer algo, para favorecer a alguien o perjudicar a otro, el que se apropiare o diere otro destino a las sumas que administre, etcétera, todos los cuales han merecido un agravamiento sustancial de las penas previstas, como se justifica plenamente atento la gravedad de las conductas que comprenden.

Esto que venimos diciendo es una clara muestra de la necesidad de que el proyecto de reforma del Código Penal merezca un rápido tratamiento por parte del Senado de la Nación, donde fuera recibido en marzo pasado, para luego continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados y ser transformado en ley de la nación. La sociedad espera que quienes cometan delitos que traicionan el cometido para que el que resultan designados los funcionarios públicos, y que generan tanto rechazo por parte de la ciudadanía, tengan una sanción condigna a los bienes que la ley protege.

El hecho de que estemos en un año electoral no debería resultar óbice para el tratamiento de tan importante cuerpo de leyes respecto del que, si bien puedo tener alguna discrepancia menor, debe ceder ante la circunstancia de que resulta necesario su puesta en vigencia cuanto antes, no solo por las penas dadas a los mencionados delitos, sino porque configura una obra que permite reunir y actualizar todas las leyes penales que actualmente se hallan desperdigas en montones de leyes diferentes e incorpora nuevas figuras que dan solución a conductas que surgen de la problemática actual. Por lo demás, debe decirse que fue redactado por expertos y ha sido consensuado con diversos sectores del quehacer político, jurídico y social.

El autor es abogado penalista, ex juez nacional en lo Criminal de Instrucción.