Elecciones municipales en España: pactan los perdedores para gobernar

Los resultados de las últimas elecciones en España, donde rige una monarquía parlamentarista, provocaron esta vez una seria dificultad para formar gobierno en favor del triunfador explícito, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y puso sobre el tapete una vez más la larga discusión que confronta al presidencialismo con el parlamentarismo.

A todas luces, los españoles asisten a un empate técnico en la formación del nuevo gobierno cuyo sistema de partidos ha pasado de un bipartidismo a un multipartidismo competitivo, ya que, por primera vez, cuatro partidos superaron el 10% del piso electoral. En ese sentido, y según los guarismos oficiales, el PSOE obtuvo el 27%; el Partido Popular, el 22%; Ciudadanos, el 19%; Más Madrid, el 14%; Vox, el 8%; y Podemos, el 5 por ciento.

La atomización del sistema de partidos no puede ser más cruda con la expresión desperdigada de la voluntad española que votó de ese modo para no otorgarle a ninguno de los partidos una mayoría abrumadora. Por el contrario, ha construido un ramillete de minorías a las cuales les costará ponerse de acuerdo en el futuro gobierno.

La disyuntiva entre presidencialismo o parlamentarismo es una problemática abordada por especialistas constitucionales e institucionalistas hace ya varios años. Ningún sistema de gobierno es mejor o peor que el otro. Comparar sus ventajas y desventajas únicamente desde un abordaje teórico sería un grave error, ya que estamos dejando de lado el contexto institucional que afecta a cada Estado.

Por un lado, el parlamentarismo europeo fuertemente arraigado a la concepción de la monarquía absolutista, donde el rey, jefe de Estado emanado de la Constitución, era la máxima autoridad dentro del territorio y se reunía con los representantes del clero y la nobleza. Pero que, con el pasar del tiempo, se optó por delegarle determinadas funciones al Gobierno, dando origen así al parlamentarismo.

En contraposición, en un país como Argentina, cuyo origen constitucional establece la forma republicana y federal de gobernar, similar a la Constitución de Estados Unidos, se prefirió optar por un sistema presidencial. El presidencialismo rige en estas tierras con la salvedad de que, para emular al parlamentarismo a medias, se incluyó como nunca antes en su historia la figura del jefe de gabinete de ministros, que no sería otra cosa más que la pretensión de reunir en su figura los atributos de un primer ministro inexistente.

La aceptación de una reformulación del sistema de gobierno para pasar de un gobierno de tipo presidencialista a otro parlamentarista implicaría pactar, acordar, consensuar entre todos los sectores políticos, empresariales, sindicales y sociales esa transformación institucional que, a su vez, conllevaría inevitablemente a una convocatoria para reformar la Constitución Nacional.

Una eventual reforma jerarquizaría de otro modo el Poder Ejecutivo —o cómo se elija denominarlo—, pero dotaría de mayor poder también al Poder Legislativo para que no se convierta en una escribanía por una mayoría automática, ni en una agrupación estudiantil universitaria por la proliferación de minorías.

Va de suyo que en esa reforma se establecería la forma más conveniente de constituir el nuevo gobierno en virtud de los resultados electorales dentro del juego de la democracia que queda, efectivamente, sujeto a la voluntad popular. Si en España la suma de las minorías de izquierda hubiese constituido una sumatoria mayor, se diría que el parlamentarismo es proclive a favorecer a esa tendencia en detrimento de las derechas, sin interpretar lo que la voluntad popular en su conjunto está expresando en una fuerte atomización del escenario.

Las alternativas oscilan entre continuar con el presidencialismo o ensayar una nueva fórmula parlamentarista, o quizás semi-parlamentarista al estilo francés, con un presidente con funciones en política exterior y defensa, y un primer ministro que administra y gobierna en cuestiones internas. Pero aquellos que pretenden dar pelea por un giro hacia el sistema parlamentarista poco saben de nuestra historia institucional, electoral y política.

El autor es diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y observador electoral internacional.