Nota escrita en coautoría con Miriam Roldán

Hay frases recurrentes, se escucha hablar de la necesidad imperiosa de una reforma tributaria. Cuando recapacitamos sobre los pasos dados en Argentina, vienen a la mente la burocracia —directamente proporcional a la decadencia de un país— y aquí estamos, atascados en trámites que se transforman en una traba más para el merecido despegue.

Se ha comentado que tenemos un sistema tributario complejo. Por supuesto, si existen más de 163 tributos a nivel nacional, provincial y municipal.

¿Y qué son los tributos? Es el dinero que el ciudadano debe pagar al Estado para sostener el gasto público. Podemos hablar de impuestos, que son sumas de dinero que el ciudadano abona al Estado, originados en leyes y que no generan contraprestación directa a quien lo paga; las contribuciones especiales, que como contrapartida generan un beneficio a quien lo ingresó y las tasas, que son un pago por un servicio recibido.

Si queremos hacer un análisis mayor, podemos decir que estos compromisos pueden ser directos, indirectos, personales, pero aquí nos detenemos. Vemos lo aburrido que se está poniendo esta nota y solo queremos comentar lo paradójico de la situación; no solo el sistema tributario es complejo, sino que explicarlo lo es más aún, imaginemos entonces lo que implica controlar su debido cumplimiento e ingreso.

Tenemos, solo a título de ejemplo, el impuesto al valor agregado desde el año 1975 con una tasa que aumentó progresivamente hasta llegar al actual 21%; el impuesto a las ganancias, antes llamado a la renta, que se creó en 1932; el impuesto a los bienes personales, que surgió en diciembre de 1991; el régimen simplificado de monotributo, que nos acompaña desde el 2010 y que de simple solo quedó el nombre.

¿Sabés qué tienen todos en común? Aunque cueste creerlo, todos fueron creados con carácter excepcional, por emergencia y con una vigencia de tiempo determinado. Si, así como lo leés, eran solo por un tiempo, para cubrir una necesidad.

Preocupa cuando las obligaciones tributarias nacen de la necesidad de cubrir gastos, esto quita previsibilidad, transparencia al mercado, genera inquietud y temor.

Concluimos luego que resulta imposible la labor del Estado para recaudar, controlar y más aún la del ciudadano al momento de determinarlos e ingresarlos.

Esta complejidad que saca credibilidad al sistema hace que los organismos de recaudación actúen por apuro más que por lógica y razonamiento, conllevando a la pérdida de respeto por los derechos del ciudadano y a la inaplicabilidad de los principios básicos de la tributación.

Este regular por "necesidad" lleva incluso a violar derechos constitucionales como, por ejemplo, el de la propiedad. Una discusión constante entre el fisco y el contribuyente por la falta de reconocimiento del primero de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda —hablamos de inflación— que llegó a los estrados judiciales, donde se reconoció la confiscatoriedad del impuesto.

Un sistema improvisado que enfrenta al Estado y al ciudadano, cuando deberían realmente complementarse y trabajar juntos.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas debe tener un rol protagónico en la reformulación de un sistema tributario justo, equitativo, de fácil interpretación y control. De esta forma se beneficiará tanto a los matriculados (hoy presionados por los organismos de recaudación), los ciudadanos y el propio Estado.

Los integrantes del Poder Legislativo tienen que detenerse un momento, analizar el escenario donde estamos hoy y con el asesoramiento de los idóneos en el tema, los matriculados en Ciencias Económicas, hacer un replanteo de esta realidad que hoy asfixia a las pymes y a las empresas en general e implementar a través de normas claras un sistema tributario amigable, sencillo y eficiente.

Mientras tanto, no dejen de escuchar la voz del pueblo y de los profesionales que acompañan, hoy se hace imprescindible tomar otra medida "parche" pero vital, una moratoria de 120 cuotas, suspender medidas cautelares hasta su implementación y garantizar los derechos del ciudadano prorrogando la presentación del impuesto a las ganancias hasta el 31 de julio de 2019.

Creemos que esto que tanto se predica se puede lograr.

Aldo Pignanelli es contador (UBA), ex presidente del Banco Central y Miriam Roldán es contadora (UBA).