Los dreamers en camino a obtener la ciudadanía norteamericana

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley que pone fin a la amenaza de deportación que se ha dirigido por mucho tiempo sobre los inmigrantes sin papeles, conocidos como "dreamers" y aquellos inmigrantes actualmente protegidos por un estatus de protección temporal (TPS, por siglas en inglés) y con partida forzada Diferida (DED, por sus siglas en inglés).

En la votación se consiguió la adhesión de 237 votos a favor y 187 en contra. Así, la Cámara Baja, de mayoría demócrata, aprobó el proyecto de ley a pesar de la oposición de la Casa Blanca, que dijo que sería una medida para "premiar la inmigración ilegal". Solo siete republicanos votaron a favor del proyecto.

El proyecto en cuestión, H.R.6, cancela y prohíbe "los procedimientos de deportación contra ciertos extranjeros que ingresaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y se les conoce como dreamers", así como de aquellos extranjeros amparados por un TPS o un DED. Además, proporciona un camino hacia el estado de residencia provisional por 10 años (green card o tarjeta verde). Una vez cumplidos los 10 años, los beneficiarios podrán solicitar la residencia permanente y cinco años más tarde calificarían para pedir la ciudadanía por naturalización.

Durante el debate, muy controvertido, el legislador republicano Ben Cline, representante por Virginia, se mostró en contra de la ley Dream Act ('Ley del Sueño') al considerar que este "amplio acceso" a la ciudadanía "podría provocar que miembros de bandas criminales, terroristas y otros delincuentes" reciban ese beneficio.

Todavía no hubo señales de si el Senado, bajo control republicano, considerará el proyecto, lo que dejaría la discusión de la iniciativa demócrata para la campaña de las elecciones presidenciales y legislativas de 2020. Sin embargo, el proyecto denominado Ley de Sueños y Promesas 2019 (H.R. 6) corre el riesgo de no convertirse en ley. Porque los demócratas están proponiendo el proyecto, ya que Donald Trump y los republicanos argumentan que se necesita hacer más para abordar la crisis humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que subraya que las partes están abordando el tema de la revisión de la inmigración desde perspectivas muy distintas, casi opuestas.

Como antecedente, en algún momento y durante su gobierno, el presidente republicano Donald Trump dijo que quería ayudar a los dreamers, muchos de los cuales eran muy pequeños cuando llegaron a Estados Unidos con sus padres. Anteriormente también anunció que DACA debía terminar el 5 de marzo del año pasado si el Congreso no llegaba a un amplio acuerdo sobre inmigración, aunque no llegó a expirar porque varios tribunales obligaron al Gobierno a mantenerlo vivo.

En el transcurso de las idas y venidas de las negociaciones con los demócratas, el presidente norteamericano se ha concentrado principalmente en frenar la inmigración ilegal y construir un muro a lo largo de la frontera con México para tratar de impedir el ingreso de indocumentados de Centroamérica y otros países.

En cuanto a los proyectos en cuestión, el DACA fue promulgado por el expresidente Barack Obama (2009-2017), protege a sus beneficiarios de la deportación y en ciertos casos les otorga un permiso de trabajo temporal y les permite acceder a un permiso de conducir, unos beneficios que deben renovar cada dos años.

Por su parte, el TPS fue creado en 1990 y a través de él el país concede permisos de forma extraordinaria a los ciudadanos de naciones afectadas por conflictos bélicos o desastres naturales. El programa DED es similar al TPS y permite aplazar la deportación de personas que podrían correr peligro de ser enviadas a los países donde hay inestabilidad política o desastres naturales.

La norma demócrata protegería a un estimado de dos millones de dreamers de la deportación si cumplen ciertos criterios y les brindaría una vía para acceder a la ciudadanía. Algunos de estos inmigrantes tuvieron protecciones temporales bajo un programa puesto en marcha en 2012 por el expresidente Barack Obama. No obstante, la política del gobierno estadounidense para finalizar esa iniciativa enfrenta demandas en tribunales federales en distintos puntos del país.

Refiriéndose a los jóvenes inmigrantes, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara Baja, Jerrold Nadler, dijo durante el debate del proyecto: "Muchos de ellos ni siquiera sabían que no habían nacido aquí y que no eran ciudadanos estadounidenses hasta que no pudieron obtener una licencia de conducir o acceder a costos de matrícula para residentes en educación superior".

Simultáneamente, no demoró la contestación del Gobierno y en un comunicado en el que amenazó con un veto presidencial, la Casa Blanca dijo que la ley para proteger a los dreamers debería incluir otras provisiones, como endurecer la ley de asilo de Estados Unidos, entregar dinero para construir un muro fronterizo y alentar la inmigración de trabajadores cualificados en lugar de familiares de inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos.

A medida que la carrera presidencial de 2020 se toma envión, Trump ha tomado una serie de iniciativas, como declarar una emergencia nacional en su muro fronterizo y amenazar con aranceles a las importaciones desde México, que sugieren que la inmigración será un punto central de su campaña de reelección.

En este contexto, merecen especial atención las declaraciones de Sarah Bryer, presidenta y directora ejecutiva de la Red Nacional de Justicia Juvenil: "Plantean que estos jóvenes inmigrantes son de alguna manera menos confiables y que hay algo diferente en ellos". "¿Por qué los llevaríamos a un estándar diferente que los niños nacidos en los Estados Unidos?", dijo la dirigente.

A modo de ejemplo, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas etiquetará a los miembros de pandillas de inmigrantes por usar lo que perciben como vestimenta de pandilla y estar en un área conocida por su actividad pandillera.

Indudablemente preocupan los criterios utilizados para etiquetar a alguien como miembro de una pandilla, ya que no se puede confundir pandillas con inmigración. La ley especifica que las bases de datos estatales o federales no pueden usarse para demostrar que alguien es parte de una pandilla, ya que esta información es notoriamente poco confiable, así como otras fuentes que también serían igual de discriminatorias.

Porque de esta forma experimentan una condición de estigmatización social por la cual su presencia en el país se asocia con la delincuencia y la peligrosidad, situación que parece estar relacionada con el cierre de posibilidades de integración social.

Zygmunt Bauman dice en su libro Vidas desperdiciadas: "Para quienes les odian y detractan, los inmigrantes encarnan —de manera visible, tangible, corporal— el inarticulado, aunque hiriente y doloroso presentimiento de su propia desechabilidad". Y agrega: "Si no hubiera inmigrantes llamando a nuestras puertas, habría que inventarlos".

El autor es director ejecutivo de SOS Discriminación Internacional. Analista de temas migratorios y humanitarios.