No puede existir el hambre en un país como la Argentina, que produce alimentos para más de 440 millones de personas. Se trata de una regla básica. Se pueden discutir muchas cosas, y ese debate es enriquecedor y necesario, pero revertir los problemas de seguridad alimentaria debe ser la primera prioridad entre nuestras políticas de Estado. La canasta básica tiene que ser accesible.
Somos el tercer productor mundial de miel, soja, ajo y limones; el cuarto de pera, maíz y carne; el quinto de manzanas; el séptimo de trigo y aceites. Nuestro país produce alimentos de calidad que pueden abastecer diez veces nuestra población actual.
Y, sin embargo, hoy más chicas y chicos se quedan a comer en las escuelas, se abren nuevos lugares de atención en cada barrio, los merenderos comunitarios se transformaron también en comedores, y los comedores se ven obligados a entregar viandas complementarias porque no dan a abasto ante las necesidades de los vecinos. No solo son los menores de edad quienes tienen esta dificultad para acceder a la comida, sino que también se acercan muchos adultos mayores.
La canasta básica trepó a 12 mil pesos en abril de 2019, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Y la canasta básica saludable se estima en más de 20 mil pesos. La inflación golpea más fuerte en los sectores más pobres: los precios de los alimentos y las bebidas crecieron un 66% en los últimos 12 meses. Cada vez son más las familias que no tienen qué poner en la mesa.
Las cifras encienden claras señales de alarma. Un informe reciente del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) advierte que el 13% de nuestras niñas y niños experimenta el hambre; mientras que un 29,3% se vio obligado a reducir la dieta.
Hay una batería de medidas que debemos tomar para revertir esta situación acuciante. En primer lugar, es necesario que aprobemos una ley de emergencia alimentaria y nutricional, que contemple el aumento del presupuesto del Programa Políticas Alimentarias del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación; la implementación de una canasta básica de primera infancia; y el incremento del presupuesto destinado a los comedores y a las huertas escolares, comunitarias y familiares.
En segundo lugar, debe reforzarse el envío de recursos a los municipios y las organizaciones de la sociedad civil que ya están trabajando y conocen con certeza las necesidades particulares que presenta cada territorio. En tercer término, es necesario quitar el IVA a los productos que forman parte de la canasta básica, para bajar con rapidez el precio de los alimentos. Hoy son millones las y los argentinos que se detienen largo rato frente a las góndolas calculando hasta dónde les da el bolsillo y viendo cómo ciertos productos primordiales se transforman en bienes de lujo.
Un cuarto aspecto es fortalecer a los pequeños productores de la economía social y de la agricultura familiar que producen buena parte de los alimentos frescos que consumimos. Se trata de no solo financiar la producción de estos sectores, sino también las redes de comercialización. Programas de este tipo se llevan adelante desde hace décadas en la Unión Europea.
También debe sancionarse una ley de góndolas que rompa con los monopolios en los productos de la canasta básica y apuntale el desarrollo de los productores locales. Finalmente, debe lanzarse un plan de educación para la seguridad alimentaria, en el que los maestros y las escuelas tendrán un rol fundamental. Debemos detener ya la caída social: necesitamos un pacto urgente entre quienes no pueden comprar, y quienes producen y no pueden vender.
Necesitamos reunir a todos los actores de la política, la sociedad civil y las iglesias para avanzar juntos en estrategias que nos permitan salir ya de esa situación. Terminar con el hambre debe ser el primer punto de nuestra agenda común. Tengo esperanzas: la solidaridad siempre emerge cuando nuestro país así lo requiere.
El autor es presidente del bloque de diputados Red por Argentina.