Una necesidad institucional: la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

No hay duda de que nuestro país se encuentra en deuda con la infancia: tanto las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) como las del Observatorio de la Deuda Social y Unicef nos muestran que más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes son pobres. Este es un solo indicador de muchos, pero constitutivo de una realidad que debemos poner en primer plano todos los días.

¿Qué hacer? Las respuestas deberían ser muchas, y en su gran mayoría exceden el campo de la infancia, pero tengo la certeza de que la creación de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es un primer paso para darle a la infancia la centralidad que merece.

Recientemente, la Comisión Bicameral de Elección del Defensor/a, luego de un muy exigente e inédito concurso de oposición y antecedentes, propuso a Marisa Graham como defensora, a Fabián Repetto y a quien suscribe estas líneas como defensores adjuntos. Resta aún que dicha propuesta sea confirmada por ambas cámaras del Congreso de la Nación, lo que esperamos sea cuanto antes.

La nueva Defensoría es un organismo de control, lo que explica su demora en la puesta en marcha: los gobiernos no quieren ser contralados. Su misión consiste, entonces, en hacer que otras instituciones locales, provinciales y nacionales logren su cometido e intervenir, cuando ello no suceda, para reparar los derechos vulnerados.

Además, para poner a la infancia en la cima de la agenda es necesario enfocarse en algunos temas prioritarios. La inversión presupuestaria es uno de ellos, con intervención en las tres etapas: planeamiento, aprobación y ejecución, asegurando que la información preliminar y las propuestas de presupuesto sean amigables, oportunas y accesibles a niñas y niños.

También es necesario promover una hoja de ruta federal y provincial para el cumplimiento de las Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas: estas observaciones involucran a la gran mayoría de los grupos vulnerables que requieren una intervención proactiva. E impulsar la creación de un Sistema Integrado de Indicadores de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, para reunir o crear información relevante para las políticas públicas.

Por último, aunque la lista no se agota, es necesario fortalecer el Sistema de Protección de Derechos, establecido por la ley 26061, de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que también creó, precisamente, la Defensoría que con Marisa y Fabián aspiramos a poner en marcha. Los tres contamos con el compromiso y la voluntad necesaria para que esta no sea una institución más, sino el punto de partida para poner a la infancia en el lugar que se merece.

El autor es Defensor Adjunto de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.