La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) están investigando a los letrados que defienden a clientes vinculados con el narcotráfico, el lavado de dinero y las causas de corrupción. Hay preguntas que se caen de maduras: ¿quiénes y de qué manera pagan las defensas de personas como Cristina Kirchner y Lázaro Báez, quienes tienen la mayoría de sus bienes y sus cuentas embargados y se encuentran inhibidos para hacer operaciones comerciales?

¿Quién paga, por ejemplo, los honorarios de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner? ¿Con cuántos abogados de la matrícula y cuentapropistas trabaja el ex dueño del Grupo Austral? ¿Es cierto que ya lleva gastados cerca de 13 millones de dólares a cambio de tareas legales específicas y otras operaciones sucias que se encuentran al borde de la legalidad? ¿Cuánto debería estar cobrando, por ejemplo, Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido y querellante en la controvertida causa que maneja Alejo Ramos Padilla, para exponerse como se expone? ¿Cuánto deben estar facturando un par de abogadas que se manejan en las sombras y tienen un estrecho vínculo con servicios de espionaje ilegal más cercanas a las cloacas del poder que a la presentación de escritos técnicos y efectivos?

Y si los detenidos acusados de múltiples hechos de corrupción no pueden mover plata blanca, estos abogados, generalmente inescrupulosos, ¿trabajan gratis, solo por amor al arte, o cobran la mayor parte de los honorarios en negro? Eso sería, para sus clientes, otra forma eficiente de blanquear dinero se procedencia ilegal.

En febrero de 2018 Nicolás Pizzi escribió en Infobae una nota titulada "La UIF ya monitorea el sueldo de los abogados en 100 causas de narcotráfico y sumará las de corrupción". Y días antes, Fabio Ferrer, también en Infobae, había revelado que los abogados defensores en casos de corrupción y narcotráfico debían informar a la Unidad Antilavado quienes les pagan sus honorarios y cuál sería el origen de los fondos.

Los organismos del Estado están seguros de que muchos de ellos cobran tanto pero tanto dinero que no les importaría que les quitaran la matrícula si probaran que están cometiendo graves faltas éticas. Incluso, depende del monto, aceptarían pasar alguna temporada en la cárcel. A propósito: hay una de ellas que acaba de violar el secreto profesional. Y encima lo habría hecho contando una mentira tras la otra sobre la conducta de su cliente. Existirían documentos escritos y audiovisuales que probarían sus falacias. La letrada, no obstante, se habría "sacrificado" por una suma cercana a los 3 millones de dólares.

* Editorial del periodista Luis Majul en el programa La Tarde en CNN Radio