En defensa de la Ley de Góndolas de Carrió

A casi una semana de la presentación del proyecto de ley de competencia en la cadena alimenticia para evitar los casos de abuso de posición dominante de autoría de Elisa Carrió, es preciso dar una respuesta clara a mucha desinformación y divulgación de afirmaciones incorrectas. La iniciativa elaborada por la diputada Carrió nada tiene que ver con el control de precios.

La intención de este proyecto es que los precios no sean fijados ni por los gobiernos, ni por los Moreno circunstanciales, ni por los oligopolios, sino por un juego de oferta y demanda. Pero la oferta y la demanda no son hechos que acontecen libres de toda distorsión, menos en economías corporativas como la nuestra.

La ley de Carrió va en el mismo sentido que la ley de defensa de competencia sancionada en 2018, y que fuera promovida por la misma Lilita, Mario Negri y el presidente Mauricio Macri.

Actualmente existen factores que intervienen en la oferta que la doctrina de defensa de la competencia ha analizado en innumerables oportunidades, los efectos de las barreras de entrada y de los abusos de posición dominante. La ley de Carrió promueve acciones en ambos extremos, tanto en las barreras de entrada que dificultan u obstaculizan el acceso de ofertantes al mercado, como la detección y la sanción de los abusos de quienes actúan de mala fe en ese contexto sin competencia.

Los contextos de no competencia son problemáticos para el libre mercado, en ellos los oligopolios pueden capturar beneficios de los consumidores sin someterse al riesgo o a costos de inversión que permitan suponer un aumento de precios. Este tipo de abusos se detectan exclusivamente en mercados donde no hay competencia significativa en donde otros operadores del mercado puedan limitar estas prácticas.

Desde ya, nadie piensa que el remedio a la inflación es la política de competencia, tampoco es la pretensión del proyecto. Una política de competencia es de largo plazo, de crecimiento y desarrollo económico, con incentivos fuertes a la investigación y a la innovación, con mercados donde los operadores se desafíen entre sí en forma permanente. Los precios vienen después.

Estos son los fundamentos en que se basan en el Reino Unido, donde aplican un código de buenas prácticas comerciales obligatorio para las grandes cadenas de supermercados, o en España, donde implementan códigos de buenas prácticas mercantiles y regulaciones concretas contra la competencia desleal en toda la cadena de valor alimenticia.

Tenemos que tener en cuenta que la Argentina fue históricamente un país de mercados concentrados y en gran medida por acciones del Estado, donde se quiso planificar la economía con dirección estatal o, especialmente, con un capitalismo de amigos. Cambiar esa tradición toma tiempo, demanda muchas intervenciones de la autoridad en defensa de la competencia y de leyes que promuevan romper con acuerdos corporativos, y se libere a ambas partes para que se la jueguen a competir. Tanto en supermercados como en otros ámbitos de la economía.

Hay una gran oportunidad para los argentinos si nos animamos a nuevos operadores económicos, a que las grandes empresas se vuelvan competitivas local e internacionalmente, y las pymes tengan su apalancamiento. Existen factores macroeconómicos que se están intentando resolver, pero también existen factores corporativos que tenemos que blanquear para darles un final.

El autor es diputado porteño de la Coalición Cívica ARI.