El Uruguay no está a punto a de estallar. Empiezo diciéndolo para que no se me atribuya, como es habitual en el oficialismo, un tremendismo que no practico por formación y estilo. Pero digo sí que está instalada una bomba de tiempo, que habrá que desarmar paso a paso para que no nos arrastre y haga cierta la maldición de los 20 años (1982, la tablita; 2002, la banca)…

El tema es así: si la economía uruguaya está estancada, la ocupación bajó, las horas trabajadas son menos, la recaudación disminuye, la exportación bajó un 17% y el déficit significa un rojo anual de 2.500 millones de dólares, estamos en problemas serios. El ministro Danilo Astori, en reciente exposición, estableció que el déficit de 4,3% del PBI es el mayor problema que él considera que tiene el país y que, a su juicio, nace del déficit parafiscal del Banco Central y los egresos del Banco de Previsión Social.

En efecto, el 31% de los egresos del Estado es pasividades y va creciendo desde el dislate de la ley de 2008 y su aplicación tan mala como la ley misma. Antes del 2007, el promedio de altas jubilatorias era de 12.500 por año, hoy estamos en 30 mil. O sea que del 2008 al 2017 se aprobaron 175 mil altas que, con los criterios anteriores, se irían dando paso a paso, sin ese aluvión constante que ha puesto todo en riesgo. Y lo decimos con toda propiedad: está el sistema en riesgo. Felizmente, esto lo reconocen el Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, el ex Presidente, José Mujica hace pocos días y el propio ministro Astori, reiteradamente.

Esta, como se ve, es parte explosiva de esa bomba de tiempo que hay que desarmar. El oficialismo nos aconseja que lo pongamos en la nómina del próximo de gobierno, para arreglar lo que ellos desarreglaron y que estaba financiado sin problemas hasta el 2025. Naturalmente, hay que decir toda la verdad y es que este atentado contra el sistema es parte de la idea del ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Ernesto Murro, de llevar todo hasta el desastre para ver si se puede eliminar las administradoras de fondo de ahorro previsional (AFAP), porque él considera que el ciudadano no tiene el derecho humano de ahorrar para financiar su retiro, ya que sería parte del egoísmo individualista que nutre el sistema capitalista…

El desbalance fiscal es el que ha llevado al abuso en las tarifas públicas como mecanismo de financiación. Es verdad que siempre se usó el mecanismo, pero tanto se ha abusado que terminamos con un gas oil a U$S 1,24 frente a U$S 0,98 en Argentina y U$S 0,93 en Brasil. Y la energía eléctrica industrial es de U$S 129 el MW/h cuando en Argentina es de U$S 96. Todo lo cual repercute directamente en la competitividad al añadirse a un tipo de cambio retrasado, a una baja de la inversión y a unas relaciones laborales por lo menos pedregosas, para decir lo menos.

Todo ha terminado golpeando el empleo: se perdieron 47 mil puestos de trabajo en cuatro años, cuando la población en edad de trabajar se incrementó en 75 mil personas. Y la tasa de desempleo, que está en 8,4%, en realidad sería 11,5% si la gente con deseo de trabajar se hubiera mantenido en los mismos guarismos y no hubiera bajado, como efectivamente ocurrió.

La situación exige un plan de medio y largo plazo. Si no logramos recuperar el crecimiento, nada será posible. Por eso hay que arrancar con una acción enérgica para lograr acuerdos de libre comercio, trazar un programa de incentivos a la competencia, comenzar con la reforma de la seguridad social (que aunque producirá efectos a largo plazo, es una señal de aliento fundamental a la inversión), revisar regulaciones y el organigrama estatal para eliminar reparticiones y programas acumulativos.

En el corto plazo, habría que reducir los cargos de confianza a los niveles de 2004, eliminar esos centenarios contratos de confianza personal de los ministros y establecer por ley que de cada tres vacantes, solo se llena una. Por supuesto, las empresas del Estado tienen que cortar sus sectores en pérdida, hay que controlar el sistema de licencias médicas de Banco de Previsión Social (BPS), que según Astori cuesta 60 millones al año, y rápidamente debe administrativamente restringirse la prueba testimonial para otorgar jubilaciones.

Si estas medidas regeneran la confianza, la economía podrá comenzar a remontar. Naturalmente, el barrio no ayuda, porque ni Argentina ni Brasil están creciendo y el mundo, si bien volverá a crecer, ya no lo hará a las tasas anteriores (China solo al 6%).

Lo importante es saber que hay caminos y esperanza. Que todo comienza con asumir, de verdad, la realidad, y empezar, paso a paso, a desmontar la espoleta de la granada. Es posible, como se advierte. Dará trabajo, pero una vez más será nuestra tarea, como partido históricamente identificado con la "ética de la responsabilidad".