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Varias fueron las especificidades del régimen militar inaugurado el 24 de marzo de 1976 respecto de sus antecesores. Recorramos solo algunas para explicar su desenlace y sus secuelas hasta nuestros días.

En primer lugar, el grado de militarización del aparato administrativo del Estado distribuido en un 33% para cada fuerza. Las razones estribaban en los imperativos de la doctrina de la seguridad nacional en clave de los 70; aunque también en el interés del Ejército de involucrar a sus pares y no pagar exclusivamente los costos de la gestión como había ocurrido en experiencias anteriores.

Luego, el recorte de las facultades del Presidente a instancias de la Junta Militar convertida en órgano supremo del Estado e integrada por los comandantes generales de las tres armas. El Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional —que como el de la Revolución Argentina diez años antes reemplazó a la Constitución Nacional sine die— estipulaba que el presidente era nombrado por la Junta.

No obstante, entre 1976 y 1978, el jefe del Ejército desempeñó simultáneamente la presidencia por las razones de excepción de la denominada "etapa ordenancista" (sic). A partir de entonces, el general Jorge Rafael Videla pasó a convertirse en el "cuarto hombre"; una suerte de delegado de la Junta dedicado a mediar entre las distintas facciones. Los cargos de comandantes y de presidente rotarían cada tres años de manera de evitar la concentración de poder en un dictador al estilo de Juan Carlos Onganía, que cuando cayó en desgracia generó dificultades de recambio.

En tercer lugar, el refundacionalismo reforzado. A diferencia de todas las dictaduras militares anteriores, la facción que tomó el poder en 1976 rechazó de plano autodenominarse "revolución". El más sobrio de "Proceso de Reorganización Nacional" aparentaba un propósito meramente disciplinador del caos imperante desde 1973. Pero era solo una apariencia: por "reorganización" concebían al régimen como una etapa equivalente a la de 1852-1880; aspirando, simultáneamente, a encarnar a una nueva generación del 80 como la de cien años antes.

En cuarto lugar, el terror de Estado como fórmula de gobernabilidad en virtud del "peligro subversivo" no solo militar sino cultural. La pregunta de rigor es si se justificaba semejante despliegue cuando hacia 1976 las organizaciones guerrilleras lucían exhaustas. Sin duda, ahí confluyó el espíritu vengativo de hombres cargados de odio por la ofensiva brutal en contra de sus camaradas y el deseo de propinarle un escarmiento inolvidable a la sociedad que, según ellos, la había engendrado.

Suele atribuírsele al programa del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz un sentido también regeneracionista: desde aquellos que lo conciben como una reacción definitiva en contra del industrialismo inaugurado en los años 30 hasta los que lo entienden como una terapia revolucionaria inspirada en las ideas antikeynesianas en boga en el mundo de entonces. Ambas omiten cuestiones coyunturales más relevantes: que la economía argentina lucía estancada desde hacía por lo menos un lustro; y que la exacerbación de la puja distributiva había derivado en un proceso megainflacionario que detonó a partir del Rodrigazo.

Los militares, en principio, le encomendaron al equipo económico retomar la senda interrumpida por el estancamiento del patrón desarrollista desde fines de los 60. El santo y seña de su éxito habría de ser la pulverización de la inflación y un nuevo flujo de inversiones para profundizar el despegue exportador agroindustrial insinuado durante el desarrollismo tardío. Pero la persistencia inflacionaria y la afluencia de capitales líquidos en medio de su valorización financiera internacional atrajeron solo inversiones especulativas estimuladas por la indomable inflación. La coyuntura, una vez más, se devoró eventuales "proyectos" y "modelos" pergeñados por sus intelectuales de oficio.

En suma: reparticiones tan astilladas como las militares reprodujeron ampliadamente sus tensiones en aquellas otras a las que autoritariamente pretendían disciplinar, profundizando la crisis del Estado. La falta de una coordinación general a raíz de su esquema de poder descentralizado fracturó a la administración pública en feudos inconexos y en pugna. La Operación Malvinas, luego de aquella malograda en contra de Chile, a fines de 1978, exhibió en el campo mismo de su incumbencia todos esos desatinos. El terror de Estado, por su parte, abrió una herida social hasta el día de hoy no saturada.

Por último, ya desde los 60, la dinámica socioeconómica del país insinuaba peligros ciertos de una exclusión social desconocida. A principios de los 70, ingresamos en una débil cornisa de la que desbarrancamos; abriéndose una fractura sociocultural que a cuarenta años de distancia no sabemos cómo soldar. El Proceso fue, entonces, de veras refundacional; aunque, como suele ocurrir en la historia y en la vida, por razones bien distintas a las que se habían propuesto sus torpes y resentidos ejecutores.

El autor es profesor de Historia, investigador y escritor. Es miembro del Club Político Argentino.