El intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona
El intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona

Francisco Durañona, intendente de la localidad de San Antonio de Areco, sorprendió al congreso provincial de "El Manifiesto Argentino", un espacio de debate político, al pedir el establecimiento de una Corte Suprema compuesta por jueces militantes políticos.

Durañona representa a un sector político que se caracterizó durante 12 años de darle una impronta caprichosa a las palabras. En este punto al funcionario bonaerense hay que agradecerle la sinceridad, ya que dejó atrás el eufemismo de la "democratización de la Justicia" y, ya sin vueltas, hizo un último aporte al diccionario político argentino, el de "tener una Corte Suprema con jueces militantes", que deja bien en claro la óptica de ese sector sobre el rol que cumple la Justicia en la "república" que proponen.

En la obvia traducción de ese particular diccionario, donde dice "jueces militantes" debemos leer una Justicia sumisa y dependiente del poder político. Pareciera que ser "independientes", cumplir con los objetivos y honrar las atribuciones que la Constitución les ha dado a esos jueces y fiscales es, simplemente, pasar a conformar un bando o el otro, y en la actualidad, volvemos a escuchar que este poder del Estado es fundamental para llevar adelante un plan para desestabilizar a los Gobiernos.

En su discurso se afirma con entusiasmo y sin sonrojarse que "fuerzas extrañas" podrían, en un hipotético gobierno nacional y popular, atentar contra él, pero el intendente no toma nota que vivimos en una república, y nadie puede poner en duda que la democracia es el sistema de convivencia que los argentinos elegimos para vivir, y que la democracia debe ser interpretada también como un sistema vivo, dinámico, en donde las circunstancias y los tiempos la perfeccionan y adecuan a cada época, y donde los ciudadanos y los gobiernos modifican sus demandas y necesidades.

El Poder Judicial de la Nación es un órgano creado por nuestra Carta Fundamental que funciona como el contrapeso a los atropellos de los otros poderes del Estado, cumpliendo así una función esencial de equilibrio entre poderes. Tal vez sea difícil entender para algunos, pero un país se construye desde las disidencias y los consensos, es necesario el juego de compensaciones entre poderes que ponga límites y freno a las arbitrariedades de los restantes.

La ciudadanía debe tomar nota de los "discursos" contrarios a la Constitución. Así, Joaquín V. González nos decía: "Ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad, mientras no ha tenido asegurada su justicia". Es por ello que necesitamos una administración de justicia separada de los avatares políticos y sustentada sobre la igualdad, que resalte los valores republicanos y democráticos, donde nadie debe ser excluido, ya que de esta forma dejaría de ser Justicia, para pasar a ser una institución republicana diezmada por las rencillas coyunturales.

Cuando se habla del Poder Judicial, los dirigentes deberían ser más prudentes y serenos en sus dichos, por cuanto nos estamos acostumbrando a un relativismo que es muy peligroso, ya que al no existir estándares bien definidos, vemos con asombro que una sentencia o resolución judicial es buena si favorece a un sector y es mala o sospechosa si el beneficiado es el otro. Colocar a la Justicia en ese espacio, propio de la lucha en la arena política, no hace más que generar confusión entre los ciudadanos y contribuir a la degradación a la institución.

La independencia del Poder Judicial, siguiendo lo dicho en el Federalista: "No hay libertad si el poder de juzgar no está separado de los poderes Ejecutivo y Legislativo", en definitiva, necesitamos un Poder Judicial cerca de la gente y para ello es esencial su independencia. A pocos meses de las elecciones sería bueno saber si las distintas fuerzas que van a competir en octubre van a apostar por la independencia o la dependencia de este poder del Estado, ya que podremos saber con claridad con quiénes nuestra libertad estará en juego.

El autor es abogado, docente de Derecho Constitucional (UBA) y docente de Derechos Humanos (UP).