El banco de ADN que propone el Gobierno

A George Orwell solo se le ocurrió que en su pesadilla "1984" habría unas pantallas vigilando los movimientos de cada individuo, pero a Patricia Bullrich, la ministra de seguridad que cuenta con el beneplácito de varios pretendidos liberales y de la Fundación Naumann alemana que la apoya, además de haber sido colocada como vicepresidente de la Internacional Liberal, se le ocurrió que el estado podría almacenar el ADN de cada argentino, porque es la "huella digital del siglo XXI". Así el Estado de la señora Bullrich, que se dedica a perseguir delitos sin víctimas y hace propaganda de ser una cruzada contra la marihuana, mientras el mundo ya está avanzando hacia su despenalización, tendrá consigo información exhaustiva sobre la población, para cuando quiera crear más y más delitos sin víctimas o aplastar enemigos.

Se han hecho varias críticas sobre este proyecto y deberíamos remontarnos a las lecciones aprendidas por el derecho penal liberal en primer lugar, cuya máxima es que el procedimiento estatal en la materia debe evitar que el Estado use el poder que tiene para defender derechos, para conculcarlos. Por eso se prohíben cosas como la tortura, o que alguien sea juzgado dos veces por el mismo delito (el estado argentino ya fue liberado de esa restricción, por cierto), o quitado de los jueces naturales, etc. Cualquiera de esas prohibiciones podrían ser interpretadas por alguien que tiene intenciones como las de Bullrich como un obstáculo a la eficacia del Estado a la hora de perseguir delincuentes, pero no nos importa, o no nos debería importar, porque el peor delincuente del que se puede ser víctima es el propio Estado, porque controla el uso de la fuerza y nada nos defiende de él salvo las garantías y la firmeza de las instituciones. Esto es una lección básica de la instrucción cívica, el tipo de cosas que Sarmiento soñaba que fueran entendidas hasta por el último habitante del país. En cambio nos vamos a encontrar ingenieros, economistas, doctores o profesores de filosofía, comentaristas de diarios y todo tipo de estrellas que produce la sociedad argentina; hasta abogados, lo cual es el acabose, que festejan la maravilla de que ahora el estado cuente con una herramienta de control absoluto para terminar con el delito. Tal vez vean la película "Minority Report" y les parezca que esa sería una panacea de la seguridad, olvidando el pequeño problema, principal preocupación de los pensadores clásicos constitucionales que hicieron este mundo con las libertades que nos quedan en el que vivimos, de que el protector se convierta en el opresor.

La gente que no parece pasar por las lecciones de Sarmiento se siente tranquila, porque Patricia Bullrich es buena, no como Cristina Kirchner que es mala. Tienen también serias dificultades para distinguir bien y mal de modales, porque lo que hace mala a Patricia Bullrich no es su forma, sino este tipo de proyectos que se parecen a las medidas de control total que se toman en países como China, donde todo lo que se mueve lo hace por permiso estatal, es decir donde no hay límite alguno para que todas las libertades sean conculcadas inmediatamente.

Reforma eficaz en la seguridad de la gente no se ha hecho ninguna. No hay debate sobre el abolicionismo que practican los jueces penales, ni cárceles para sacar a los presos de las comisarías, ni mejora el procedimiento penal para que la justicia sea veloz como lo amerita el siglo XXI, ya que el modernismo es lo que inspira la idea de tener a todo el mundo en una base de datos. En vez de eso se hace un aumento brutal de la capacidad de control de todos, ni siquiera de los que delinquen. Además de que colocar ADN de la víctima elegida por al aparato opresor o cualquier enemigo cuando sea necesario será la cosa más fácil del mundo.

Como nos lo hubiera enseñado el viejo derecho penal liberal, la cosa empezó controlando a los violadores con el banco de ADN. Cuando se permite al Estado abusar incluso de los peores de la sociedad, se rompe una barrera que en algún tiempo conduce al abuso sobre todos. Por eso tenemos proceso y garantías y nos importa a todos por más que no pasemos nunca por un proceso penal. Esto de empezar por los malos para después ir por todos es una ley inexorable que cumple el proceso de avance del Estado sobre la libertad individual, que termina acompañada por los jueces que son todos estatistas porque fueron formados por el tipo de educación que traicionó al propio Sarmiento, que enseña cosas lindas y heroicas sobre el Estado y maravillas que puede lograr si sólo se le sacan las ataduras que defienden los pocos liberales que quedan. Gente que probablemente haya leído "1984" y le haya gustado, considerando que tuvo un final feliz.

Tampoco se encontrará resistencia, según parece, de quienes se llaman a sí mismos "constitucionalistas", que son más pro sistema que el propio Gran Hermano, porque el último constitucionalista que tuvo Argentina fue el Juez Antonio Bermejo que votó en disidencia contra el control transitorio del precio de los arrendamientos urbanos.

La cuestión no es si el registro de ADN es eficaz o no para prevenir el delito. Había ya otros métodos prohibidos que también podrían considerarse útiles, como las pantallas que pensó Orwell, los tormentos o la vigilancia de la gente que ni siquiera está siendo sometida a un proceso (que esto es registrar el ADN de la gente), pero fueron descartadas por quienes piensan en términos republicanos de límites al poder, porque eso le da al Estado una capacidad que lo hace más peligroso que cualquier banda de criminales privada.

Cuando el señor Maduro quiere apresar al presidente interino Juan Guaidó, lo hace basado en su "ley", una que carece de límites al punto en que responde a la voluntad del dictador, que eso es lo que lo hace dictador.

El Estado que deja Mauricio Macri está haciendo avances totalitarios que ni la señora Kirchner se atrevió a implementar, como la "ley de extinción de dominio", otra aberración convalidada por los constitucionalistas convalidadores que tiene la Argentina. Lo que hay que entender en materia constitucional, lo primero de todo, es que la arbitrariedad no es mala porque esté a disposición de los malos, sino por arbitrariedad, lo que hace automáticamente malos a quienes la propicien. Por eso no hay que confundirse tampoco y pensar que las consecuencias nefastas de este rompimiento de los límites del Estado se verán recién cuando llegue otro gobierno de esos que se consideran que son los únicos populistas porque tienen la costumbre de gritarnos. El peligro es ya mismo.