El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni (Foto: NA)
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni (Foto: NA)

El abordaje de la temática migratoria suele tener (desde algunos sectores) una mirada oportunista que tiende a asociarla con la criminalidad. Debido a su potencial efectividad comunicacional, este discurso recrudece en los años electorales. A la discriminación y la xenofobia que estas perspectivas de por sí atizan se suma otro problema: estas estrategias discursivas vienen de la mano de medidas concretas impulsadas por el gobierno nacional y por algunos gobiernos provinciales, y representan graves retrocesos en la garantía de los derechos de las personas migrantes en el país.

Durante enero de este año, en el contexto de una serie de anuncios sobre seguridad, la ministra Patricia Bullrich volvió a aseverar que "el 20% de las personas que están detenidas son extranjeras", aunque ya se ha señalado hasta el hartazgo que esa cifra no se corresponde con la realidad. Conforme a datos públicos generados por el propio Estado y fácilmente accesibles, menos del 1% de los migrantes ha tenido conflicto con el sistema penal. El porcentaje de personas extranjeras encarceladas en los últimos quince años (2002-2017) es estable: oscila entre el 4,9% y el 6% del total de la población recluida en establecimientos federales y provinciales.

Esta y tantas otras expresiones de diversas autoridades públicas revitalizan la mala praxis de recurrir a datos distorsionados para asociar espuriamente migración con criminalidad y justificar la aprobación de medidas restrictivas, como el controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 que, sin debate alguno, introdujo un enorme retroceso normativo en materia de derechos de las personas migrantes.

En términos muy sintéticos, el decreto 70/2017 amplía los motivos establecidos en la ley migratoria para impedir o cancelar la permanencia en Argentina de migrantes , de modo tal que puedan ser expulsadas por condenas insignificantes (de un mes, por ejemplo) o por delitos menores tales como resistencia a la autoridad o infracción a la ley de marcas. Además, reduce las garantías procesales de las personas, viola el derecho de defensa, limita notablemente la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina.

En esa misma línea, el 6 de febrero, el gobernador de Chubut Mariano Arcioni firmó un decreto que prohíbe el ingreso y habilita la expulsión de la provincia de extranjeros que cometan delitos o cuenten con antecedentes penales. El problema es que el gobernador firmó un decreto para regular sobre una materia en la cual la provincia no tiene competencia —y seguramente lo sabe, o sus asesores se lo informaron oportunamente.

Entonces ¿por qué lo hizo? Porque al igual que en la Nación, y a los fines electorales, no importa la (in)viabiliadad en la aplicación de la norma sino su efecto comunicacional. No importan los hechos en sí sino los vendavales de fake news que arrasan con la evidencia y la sensatez.

No nos equivoquemos: la batalla entre las noticias falsas y la verdad sobre la migración no se limita a una disputa sobre datos y cifras. Estamos hablando de personas, de seres humanos que sufren diariamente con la implementación de duras medidas violatorias de los derechos humanos respaldadas socialmente por estos discursos falaces.

Ninguna cifra podrá jamás representar el dolor de Vanessa Gómez, una migrante peruana que hace 15 años vive en Argentina y que días atrás fue deportada y separada de sus hijos. El caso es conocido: Vanessa cumplió una condena por infracción a la ley de drogas, re-encaminó su vida, se formó como enfermera y tuvo 3 hijos argentinos. La decisión de expulsarla con su hijo más pequeño (de apenas dos años) se llevó a cabo a sabiendas de que generaría la separación de sus otros dos hijos argentinos, de 5 y 14 años, en flagrante violación a la legislación migratoria y a los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por Argentina, que, entre otras cuestiones, protegen el interés superior del niño y la unidad familiar.

Otro caso reciente tuvo como escenario a la Provincia de Jujuy que aprobó – también el 6 de febrero- una ley para cobrar la atención médica a los extranjeros. La nueva ley –sancionada durante una sesión extraordinaria, sin debate público ni parlamentario, en base a un proyecto introducido pocas horas antes- está en conflicto con la ley nacional de migraciones, la Constitución y los tratados internacionales firmados por Argentina. Pese a su ilegitimidad, ha recibido el apoyo del Ministro del Interior, que ha declarado públicamente compartir la iniciativa del gobernador jujeño.

En ciertos momentos, nuestro país ha sido una tierra de puertas abiertas, enriquecida por diversas tradiciones culturales, sociales y políticas. Hace 100 años, el 30% de la población que vivía en Argentina era inmigrante, hoy sólo lo es el 5%.

El debate sobre los migrantes/la migración no puede ni debe ser electoralista. No hay migrantes de primera, segunda y tercera clase, algunos merecedores de todos los derechos, otros solo de algunos y muchos de ninguno. En este ámbito —como en todos los demás— la desigualdad y la discriminación generan tensiones, sufrimiento y violencia que nos afectan a todos por igual, seamos argentinos o extranjeros. Difícilmente decisiones y políticas que promuevan la exclusión (en este caso de los inmigrantes) contribuyan a la consolidación de una sociedad mejor.

La autora es directora ejecutiva de Amnistía Internacional para la Argentina