El juez federal Luis Rodríguez (Foto: Adrián Escandar)
El juez federal Luis Rodríguez (Foto: Adrián Escandar)

La independencia de la justicia es la columna vertebral del Estado de Derecho. Esta afirmación se sustenta en el papel que le cabe al Poder Judicial dentro de un sistema democrático como guardián de los derechos y libertades fundamentales de las personas y como control de la constitucionalidad de los actos de gobierno. Esta función se extiende a la dilucidación de eventuales casos de corrupción con la imposición de las sanciones que les correspondieren a los responsables de los mismos.

Las instituciones argentinas han presentado desde la organización nacional serias dificultades para organizar un sistema judicial con mayúscula, a pesar de que entre los grandes objetivos establecidos en  el preámbulo de nuestra Constitución se haya el de "afianzar la justicia". Ello así, el constituyente reformador de 1994 decidió incorporar dos nuevos organismos al universo de la Justicia, el Consejo de la Magistratura (CM) y el Jurado de Enjuiciamiento (JE), con el propósito de sustraer lo máximo posible del ámbito de la política en la designación y la remoción de los magistrados. La innovación fue la resultante de los episodios protagonizados por jueces, en particular en los años que precedieron a la reforma y que pusieron de manifiesto su falta de idoneidad para el ejercicio de tan importantes funciones. Pues bien, en adelante el Consejo tomaría a su cargo el proceso de selección de los magistrados que sería llevado a cabo a través de concursos públicos y por oposición, de modo de conformar una terna a ser elevada al Poder Ejecutivo para que de entre los nombres propuestos  designe al juez que corresponda, es decir que mantiene la facultad de designación y el Senado, la de prestar el respectivo acuerdo.

De lo que se trata es de evitar la discrecionalidad en el nombramiento y tal la razón por la cual antes de la intervención de los dos poderes mencionados se intercala la actuación del CM de modo de mejorar la decisión, tanto en lo que hace a la idoneidad como a la vocación de independencia de criterio de quienes luego se convertirán en jueces de la República. Este es un paso más en la dirección de hacer regladas las facultades de los poderes políticos, evitando la arbitrariedad en el ejercicio de las mismas. También ha sido esta la razón por la cual el juicio político a los magistrados lo llevan a cabo desde la reforma constitucional el Consejo que acusa ante el Jurado que juzga.

Dentro de este nuevo marco institucional resulta crucial la integración de los dos órganos, que fue dejado en manos del legislador, pero que recibe claros señalamientos desde el art. 114 de la Constitución. En efecto, allí se habla del equilibrio que se debe lograr entre los representantes de los sectores político, judicial, de los abogados, a los que se agregan los del ámbito académico y científico. Una interpretación razonable de la mencionada voz podría considerarla como equivalencia en las representaciones, esto podría discutirse pero lo que nunca se podría sostener es la posibilidad de predominio de alguno de los sectores en detrimento de los otros, pues tamaña situación se aleja de la letra y del espíritu de la Constitución.

La literalidad ya la hemos anunciado y la meta es la que se relató precedentemente, el deseo de evitar la discrecionalidad de los órganos políticos, anteponiendo a su decisión la labor de selección de un órgano que debe guiar su actividad en consideraciones técnicas. De lo contrario, esto es darles preponderancia a los representantes políticos, cuya decisión posterior se ha pretendido "inspirar", en suma, llevaría a la inutilidad de la existencia del Consejo. El paso dado con la sanción de la ley 26.080 incurre en esa gravísima inconstitucionalidad, ya que por una parte le concede a uno de los sectores, el político, 7 miembros sobre 13 y además los 5 representantes del oficialismo obtienen una potestad de veto implícito, en tanto sin su concurso le será imposible al pleno lograr la elevación de la terna o acusar a un juez ante el JE.

Paradojalmente, en lugar de solucionar la situación de inconstitucionalidad que se desprende de la presencia directa de legisladores dentro de un órgano que pertenece al Poder Judicial, se acentúa el poder de decisión que estos tendrán dentro del CM, en particular de quienes provienen del oficialismo. La solución correcta debió de haber sido que cada Cámara designe a juristas de fuste como sus representantes en el CM.

La ley 26.080 sancionada en 2006 también disminuye la potestad de administración del Poder Judicial en abierta contradicción con el segundo objetivo de la reforma constitucional,  por el que se persiguió que se les sustrajera a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores el manejo de cuestiones de superintendencia, lo que les posibilitaría concentrarse en el dictado de sentencias.

Estamos frente a un esquema de funcionamiento que de a poco ha afectado la independencia del Poder Judicial, en abierta contradicción con los objetivos que el constituyente ha invocado para efectuar la reforma.

La concentración organizada para peticionar ante el Consejo de la Magistratura, que se la conoce por 28F, apunta a corregir ese estado de cosas. Por lo pronto se solicita el inmediato juicio político contra el juez Luis Rodríguez, sospechado de haber recibido un elevado soborno para que no se investigara a Daniel Muñoz, secretario privado de Kirchner. Esto no solo se sabe por las manifestaciones de testigos arrepentidos sino que a ello se agrega una situación patrimonial que le permite una vida rumbosa y que no se condice con sus ingresos de magistrado. Lamentablemente son varios los jueces de Comodoro Py que se encuentran sospechados de haber cometido hechos semejantes.

A pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y una cantidad importante de organizaciones empresariales y de la sociedad civil, se llevaron a cabo auditorías para investigar el comportamiento de los jueces del fuero federal penal en procesos en los que ventilaban posibles hechos de corrupción. Fueron realizadas parcialmente, no fueron dadas a conocer públicamente y por lo que se sabe varios magistrados quedan comprometidos por el modo excesivamente lento en la conducción de los procesos entre otras irregularidades. Sin embargo, el Consejo nada ha hecho.

Hoy nos reuniremos en una convocatoria a la que esperamos concurra mucha gente. El ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades es uno de los remedios más eficaces para que las autoridades se comporten de conformidad con lo que manda nuestra Constitución y las leyes de la República.

El autor es abogado constitucionalista.