El sistema alimentario está roto. ¿Ayudarán las ciudades a arreglarlo?

El sistema alimentario está roto. De algún modo, parece ser un fiel exponente del sistema capitalista actual: globalizado y regido por lógicas financieras. En 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reportó que por tercer año consecutivo el número de personas que sufren hambre en el mundo ha aumentado. Al mismo tiempo, el secretario general de la ONU advirtió, semanas atrás, que estamos yendo hacia "un mundo de cataclismo e incertidumbre debido a la alteración del clima".

El 33% de los gases de efecto invernadero (GEI) responsables del aumento de la temperatura en nuestro planeta es generado por el modo en que se produce, comercia, distribuye y consume el alimento. Paradójicamente, los efectos del cambio climático impactan directamente en la merma de la capacidad productiva de las regiones que hoy tienen mayores problemas de seguridad alimentaria.

En una apurada síntesis, es posible decir que calentamiento global, cambio climático, (in)seguridad alimentaria, pobreza y salud están íntimamente relacionados. Entonces, ante este contexto, la pregunta que surge es: ¿Qué pueden aportar las ciudades en la lucha contra la crisis alimentaria y el cambio climático? ¿Cómo se relacionan estos fenómenos?

Entre las diferentes dinámicas que moldean el escenario del mundo actual hay una que es clave: desde el año 2009 más del 50% de la población mundial vive en ciudades. Esto tiene numerosas repercusiones y genera diferentes desafíos, entre otros, el de garantizar el derecho a una alimentación saludable a las personas que habitan los espacios urbanos.

El principal problema de acceso a los alimentos en las ciudades es de índole económica. La razón por la que las personas están en situación de inseguridad alimentaria en las ciudades es que no pueden comprar alimentos nutritivos. En los entornos urbanos la mayoría de las personas no producen sus alimentos, sino que deben adquirirlos a través de la compra. "De esta situación se deriva que la crisis económica y financiera del año 2008 impactó en la salud del creciente número de pobres urbanos", asegura Roberta Sonnino, profesora de la Universidad de Cardiff e investigadora especializada en food geographies.

Ante este escenario y frente a la inacción de otros actores, los gobiernos locales han comenzado generar una serie de respuestas políticas para hacer frente al problema desde una doble dimensión: local e internacional.

A nivel local, las ciudades comenzaron a desarrollar estrategias y políticas públicas para intentar garantizar la seguridad alimentaria y contribuir a la construcción de sistemas alimentarios sostenibles. Desde Toronto (Canadá) hasta Antananarivo (Madagascar), los gobiernos locales y diferentes actores territoriales vienen promoviendo la agricultura urbana y periurbana, fomentando el comercio de proximidad, la producción sostenible y el consumo saludable de alimentos, entre otras políticas.

Más allá de sus especificidades, la característica distintiva que presentan la mayoría de estas estrategias es el abordaje integral con el que se llevan adelante. Esto implica que en la puesta en práctica de estas políticas tienen presente tanto la variedad de actores que forman parte de las cadenas de producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos, así como los diferentes aspectos que se relacionan con la cuestión alimentaria: la salud, la cultura, el desarrollo económico local y la sostenibilidad ambiental.

En el plano internacional, los gobiernos locales buscan incidir en la agenda reclamando recursos y espacios en la toma de decisiones. Parte de este accionar en el escenario internacional se viene dando a través de la creación de alianzas globales como el Pacto de Milán sobre Política Alimentaria Urbana.

Dicho pacto puso sobre la mesa la cuestión de la alimentación, una dimensión hasta entonces inexplorada por la mayoría de los gobiernos locales. De hecho, se trata del primer protocolo internacional sobre políticas alimentarias urbanas sostenibles. Fue suscrito el 15 de octubre de 2015 en Milán por 123 alcaldes, alcaldesas y representantes de autoridades locales de distintas ciudades del mundo. Establece instancias de cooperación donde las ciudades pueden intercambiar buenas prácticas sobre políticas que estén relacionadas con cuestiones alimentarias —no solo con otras signatarias del pacto sino también con organizaciones especializadas como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)—, con el objetivo de promover la implementación de estrategias alimentarias urbanas.

Al mismo tiempo, el pacto busca incidir principalmente en los organismos especializados de Naciones Unidas, para promover la participación de las ciudades en el diseño de sistemas alimentarios sostenibles.

A modo de reflexión, cabe entender estas iniciativas como una apuesta de las ciudades por marcar el camino a seguir, respaldando y fomentando el desarrollo de políticas integrales para abordar la cuestión alimentaria. Esto debería representar un claro mensaje para los Estados nacionales y organismos internacionales: la sostenibilidad social y ambiental, y el derecho humano a la alimentación no pueden dejarse en manos del "libre mercado".

*El autor es profesor de Integración y Cooperación Latinoamericana en la Universidad Nacional de Rosario. Doctorando en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Cooperación Internacional y Políticas Públicas para el Desarrollo (Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset).