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En el mismo momento en que la protesta del triunvirato piquetero (Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) colapsaba el miércoles pasado el tránsito porteño por cuatro horas en una protesta masiva, el grupo de funcionarios que rodea al Presidente pergeñaba una estrategia para que la economía quebrada no mutilara su proyecto de continuidad en el poder en las elecciones concluyentes de este año.

Estos piqueteros reciben subsidios pero ahora han roto el diálogo con el oficialismo y piden la aprobación de leyes de emergencia alimentaria, entre otras urgencias. El Ministerio de Desarrollo Social respondió que la conducta de los protestatarios es "extorsiva" y partidaria. En la manifestación se hicieron presentes algunos pocos dirigentes sindicales, otros pocos parlamentarios y el dirigente kirchnerista Juan Grabois. Entre los manifestantes que levantaban una bandera venezolana (en adhesión a Nicolás Maduro, se entiende) hay 60 mil beneficiarios de planes sociales sobre un total de 360 mil en todo el país. No es un número menor.

Los participantes mostraron que el pacto con el Gobierno de evitar las quejas mientras el Estado los ayudara ya no corre.

De todas maneras, la otra posibilidad es exigir más de todo lo que reciben. Las decisiones populistas del Gobierno se han quedado cortas en materia de resultados. Y las autoridades lo saben. Por lo que han elegido la estrategia de reconocer los equívocos cometidos. Pero no es suficiente para romper con la encerrona.

En un programa radial del interior del país —en los últimos tiempos el Gobierno selecciona emisoras provinciales— Mauricio Macri admitió: "Hay mucha gente enojada y angustiada porque cuesta más llegar a fin de mes". Inmediatamente salvó las apariencias: "Nos hemos chocado con una realidad, que la Argentina venía viviendo por arriba de sus posibilidades con gobiernos que gastaban más de lo que tenían". Pero, ¿la gente quiere escuchar el lastre de mal manejo de lo público y la corrupción que dejó el cristinismo o le aflige mucho más el presente constreñido? Cuando se cuenten los votos, se verá. Si la corrupción ya no importa, todo se traducirá en que la ciudadanía está más enferma de lo que algunos teorizaban o más necesitada de lo que se creía.

No hay clases sociales más perjudicadas que otras. Hernán Lacunza, ministro de Economía bonaerense, un especialista de gran capacidad laboral, ha dicho recientemente: "En las recesiones modernas está sufriendo más la clase media". Pese a ello, Lacunza es optimista. Señala: "Vamos a una recuperación parsimoniosa pero constante. En el segundo semestre estaremos creciendo a un ritmo de 4%, que deja una plataforma para el próximo mandato con equilibrio fiscal, un Banco Central con reservas, un sector más equilibrado, un tipo de cambio en la zona de equilibrio". Es decir: Lacunza es un optimista cauteloso.

El oficialismo está confiado en un repunte de los salarios pero acotado por un consumo alicaído en medio de las elecciones (la inflación, se cree, bordeará este año el 28% o 30% anual). Traducido: asalariados y jubilados concluirían 2019 perdiendo frente al alza de precios. El Gobierno no cree en esta predicción y sostiene que habrá una recuperación en todos los indicadores entre el segundo y el tercer trimestre de este año. ¿Y por qué será así? Porque la Casa Rosada aguarda que se conozcan aumentos de sueldos en la pirámide de trabajadores y profesionales de alrededor del 30 por ciento.

Mientras tanto, la cantidad de ciudadanos que piden préstamos en cualquier lado (empresas donde trabajan, familias a las que pertenecen, amigos) se elevó un 45% para poder pagar las boletas de luz, gas o agua.

Para que el Gobierno sea más creativo en el socorro al sector privado, se ha quitado de encima los prejuicios y las tirrias contra el "círculo rojo" (así denominado por ellos) de empresarios y líderes de opinión.

Anuncian créditos a tasa subsidiada para la producción, alunas modificaciones en el esquema tributario, eliminación de algunos elementos que aumentan el costo laboral, una nueva ley para las pequeñas y medianas empresas, una nueva cifra de los mínimos no imponibles de las contribuciones patronales, reducir la informalidad laboral.

Los empresarios no están definitivamente satisfechos con estas ofertas. Las crisis que padecen —aseguran— obligan a soluciones de emergencias. El arrastre del 2018 muestra que la suba de los costos fue y sigue siendo superior al incremento de los precios. La recesión empujó a los empresarios contra la pared. Y tienen temor a todo movimiento que los saque del encierro. Un ejemplo: la tasa de interés disminuyó 30 puntos (de casi el 75% en octubre de 2018 al 44% a mediados de este mes de febrero), pero sigue siendo alta para tramitar un crédito bancario, tanto en las zonas urbanas como en el campo. Nadie hace fila para conseguir préstamos. Todos los protagonistas afirman que es imprescindible mayor flexibilización financiera para la producción.

A lo largo de la segunda mitad del año pasado y hasta ahora los indicadores muestran que están en baja crítica. La industria trabaja al 56% de sus posibilidades, lo que se traslada en menor trabajo, en la suspensión o el retiro de empleados. La capacidad ociosa es otro peso a soportar para los empresarios. Es el piso más bajo desde julio del 2002, en medio de la hecatombe del default y de la desorientación total.

La financiación espontánea y usual en los últimos tiempos sigue siendo tan costosa que el consumo con tarjetas de crédito mermó un 20 por ciento. En enero, el consumo en pesos cayó 20% y en dólares, un 50 por ciento. El castigo es durísimo para quien no paga el total: la financiación de los saldos de las tarjetas llegan al 100% y hasta el 120% de interés. Y no se está hablando de un número reducido, en uso, de esos medios de pago. Hay activas 7.300.000 tarjetas de crédito y más de 19 millones de tarjetas de débito en el país. La evaporación de los planes en cuotas (por las tasas altas) dañó de manera significativa la venta de autos, motos y electrónicos. Lo dicen las estadísticas en caída incesante.

La producción de celulares se achicó un 28% en 2018 y ningún directivo del sector se anima a pronosticar que la tendencia cambiará. Por el contrario, la contracción irá corriendo el consumo hacia aparatos de gama baja, más económicos. De ese tipo se esperan fabricar en lo que resta de 2019 más de siete millones de unidades.

Otra área herida de la economía es la venta de inmuebles. Las escrituras bajaron 12,2% con respecto al 2017, las operaciones con créditos se achicaron un 21 por ciento. Hay esperanzas de que en el segundo semestre el panorama cambie a favor de los interesados, pero es una incógnita.

Es casi imposible predecir hoy mismo si los cálculos optimistas vencerán a los pesimistas. Posiblemente haya que esperar a marzo o abril para tener un poco más de luz. Mientras tanto, el país vive expectante de una mejora que alivie la vida, que quite el estrés del incremento incesante de tarifas. A partir de ese momento se verá si la expectativa de Macri de continuar con otro mandato tiene más vuelo o más esperanza.