La semana pasada los marplatenses fuimos testigos de un hecho político de lamentables consecuencias, todavía no muy visibles. El Concejo Deliberante de General Pueyrredón, por amplia mayoría, y con el único voto negativo de la concejal de la Coalición Cívica, le dio la espalda al pueblo que debe representar, aprobando en 24 horas, sin ningún debate, una ordenanza conocida como "anti-Uber", que no es más que un traje a medida para taxistas y remiseros y que perjudicará sensiblemente a consumidores, desempleados y trabajadores.

La ordenanza en cuestión, votada bajo la desembozada presión callejera de los gremios de taxistas y remises, establece una serie de sanciones de inusitada gravedad para todos aquellos que quieran trabajar transportando en vehículos particulares a pasajeros que previamente los contactan mediante alguna aplicación digital, la más conocida de las cuales es Uber.

La normativa constituye una palmaria violación de derechos constitucionales para dos grandes universos de ciudadanos: los consumidores y todos aquellos que quieren generar o complementar sus ingresos.

La libertad de trabajar

Respecto de los trabajadores, mientras que Mar del Plata exhibe cifras alarmantes de desocupación, situándose en el segundo puesto en el ranking nacional (11,8%), y que además cuenta con 52 mil subocupados, los miles de choferes que se anotaron para trabajar en estas plataformas electrónicas se verán privados de una salida laboral concreta que les permita generar ingresos a desempleados, estudiantes universitarios, amas de casa, etcétera, o complementarlos a jubilados, autónomos y empleados en general. Seguramente, ni el intendente ni el Concejo Deliberante han reparado en que para todos ellos constituye una excelente oportunidad económica en la medida en que les permite trabajar eligiendo con absoluta libertad los días y horas en que quieren hacerlo, a la vez que se convierten en sujeto de crédito, dado que la totalidad de sus ingresos es en blanco.

La política marplatense seguramente tampoco advirtió la faceta revolucionaria de estas aplicaciones tecnológicas, sobre todo para los peones de taxi, ya que les permite convertir un bien de uso diario o de consumo (su auto particular) en un bien de capital y fuente de ingresos. Las aplicaciones de la economía colaborativa (Mercado Libre, Pedidos Ya, De Motores, Airbnb, etcétera) crean capital productivo y crean nuevos emprendedores. Dan a los más pobres la oportunidad de ser dueños de su tiempo y del fruto de su trabajo; les otorgan la posibilidad de dejar de trabajar para otro y comenzar a trabajar para sí. Son un instrumento democratizador y progresista.

Es incoherente que los partidos políticos que han denunciado históricamente la injusticia de que los trabajadores entreguen su fuerza de trabajo a los capitalistas dicten leyes para prohibir estas innovaciones que les permitirían convertirse en pequeños capitalistas a los mismos trabajadores.

La libertad de elegir

El segundo aspecto, negado también por la corporación política, es mucho más profundo y atañe al derecho de los individuos a poder elegir. La política no parece comprender que el servicio que prestan estas compañías tecnológicas está siendo elegido masivamente la gente: en Argentina hay cinco millones de potenciales usuarios que bajaron la aplicación a su teléfono celular y 120 mil choferes que se han registrado en solo una de esas empresas de redes de transporte. En General Pueyrredón, estas cifras ascienden a 80 mil usuarios y 14 mil choferes.

¿Por qué las autoridades políticas están dejando afuera del debate a los consumidores, que son los que más se beneficiarán por el incremento de su salario real que se producirá al poder viajar más barato? Es inexplicable que haya miles de ciudadanos que encuentran en ese servicio de intermediación una enorme utilidad, y que quieren usarlo, y al mismo tiempo haya autoridades, ancladas en el pasado, que la prohíban.

Si existen a disposición del público servicios más baratos, ¿por qué la sociedad debe protegerlos de la competencia? ¿Por qué proteger a taxistas y remiseros y no a cualquier otra actividad o negocio? ¿Por qué limitamos las opciones para los usuarios, cuando deberíamos ampliarlas?

Lo que deben hacer los gobiernos es proteger a los consumidores del mayor peligro: el monopolio. Deben introducir la competencia en el sector de transporte, para que el lobby de los taxistas no traslade el sobreprecio a los consumidores.

La protección más eficaz es la libre competencia, a la que deberían someterse, como todo el mundo, los taxis y los remises. La competencia y las ofertas alternativas protegen al usuario mucho mejor que cualquier política gubernamental.

Sin embargo, la competencia debe ser leal y justa. Por eso en nuestro proyecto de ley que ingresamos en la Cámara de Diputados, les exigimos a las empresas de redes de transporte que establezcan su domicilio en la provincia, que sus conductores tengan licencia profesional, que presenten certificados de antecedentes penales, que sean responsables impositivos por la actividad que generen, y que sus vehículos tengan seguro de transporte de pasajeros y la VTV al día. Es decir, les exigimos los mismos requisitos que hoy deben afrontar los taxis y remises.

Resulta humanamente comprensible la reacción de un gremio que ve amenazado un mercado que tuvo amurallado toda la vida, pero la dirigencia política debe velar por los intereses generales de la comunidad y no por los particulares de un sector, mucho menos cuando ello implica privar de opciones al consumidor y de salida laboral a miles de personas, entre ellas los mismísimos peones de taxis.

Las corporaciones no pueden condicionar las políticas públicas en defensa de sus propios intereses. Los dirigentes políticos, y particularmente los legisladores, debemos pensar en el interés general y no en uno sectorial. Debemos legislar para desbaratar los privilegios corporativos, que, como todo el mundo sabe, terminan trasladando su costo a la comunidad en su conjunto.

Si el país quiere salir de su estancamiento de 70 años, debe dirigirse hacia un escenario de mayores libertades individuales y más competencia, y no hacia mayores restricciones, regulaciones absurdas y privilegios sectoriales que atentan contra el bien común.

El autor es diputado provincial por Cambiemos.