Juan Guaidó debe asumir la presidencia de Venezuela

Mañana, miércoles 23 enero, se juega el futuro de Venezuela. Las calles en todo el país y en las principales ciudades del mundo se colmarán de venezolanos que saldrán a reclamar por el cese del ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro en su segundo mandato, quien usurpa el poder desde el pasado 10 de enero. La dictadura no caerá así como así, pero esta movilización popular puede llevar a acelerar los procesos para su debilitamiento definitivo.

Se espera una manifestación pacífica de millones de personas, en el país y en el exterior, con convocatorias de las que participarán parte de los 3 millones que han migrado a diferentes puntos del planeta. Esos que han partido de su tierra huyendo del hambre, las enfermedades y las violaciones a los derechos humanos en lo que es la mayor tragedia humanitaria, económica e institucional de la que América Latina tiene memoria.

La gran pregunta aquí es la dimensión de la represión y si habrá venezolanos que paguen con sus vidas estas ansias de libertad personal y de una Venezuela mejor. Es que la historia muestra que las dictaduras no aceptan estas grandes demostraciones populares en su contra y se aferran con uñas y dientes al poder.

La marcha fue convocada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional legítima desde el pasado 5 de enero. Tal cual lo indica el artículo 233 de la Constitución Bolivariana, el legislador se mostró dispuesto a asumir el rol de presidente encargado del Gobierno de transición para la República y, por ende, de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.

La condena a la ilegitimidad de la actual presidencia de Maduro es muy amplia y deriva del fraude del pasado 20 de mayo que lo llevó a renovar mandato. Así lo han advertido los órganos legítimos de Venezuela, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, en el exilio, los obispos venezolanos y las fuerzas de oposición. También lo han hecho 13 de los 14 estados que conforman el Grupo de Lima, constituido para la búsqueda de soluciones para la crisis que afecta al país, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y amplio conjunto de países encabezados por los Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile y otros. Argentina también se ha manifestado en forma contundente en este sentido.

Hasta ahora Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, convocó al pueblo, a las fuerzas armadas y a la comunidad internacional para lograr la conformación efectiva de un gobierno de transición, e impulsó la realización de cabildos abiertos en distintos lugares del país. También ofreció una amnistía para los militares, instándolos a ponerse "del lado correcto de la historia".

Sin embargo, aún falta el paso fundamental: Guaidó debe asumir en los hechos su rol como presidente en el marco de la Constitución y mostrarse como tal. La ausencia de este paso genera ambigüedad institucional, a la vez que una situación de alto riesgo y gran vulnerabilidad, tanto para él como para la misma Asamblea y sus legisladores.

En medio de esta confusión, se acerca un momento clave. Muchos líderes, entre ellos el ex alcalde metropolitano de Caracas en el exilio Antonio Ledezma y la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, han solicitado a Guaidó que explicite en el acto de mañana su condición de presidente encargado de la República Bolivariana. Los analistas también hemos hecho nuestra parte alertando sobre esta decisión imperiosa y sobre los riesgos de no tomarla en el momento adecuado.

Hoy por hoy, Guaidó habla en nombre de la Asamblea Nacional, pero debe comenzar a actuar como presidente encargado de la reinstitucionalización de Venezuela. En ese rol, debe tomar medidas de gobierno específicas, consideradas imprescindibles para consolidar la situación, tanto en el frente interno como en término de los apoyos internacionales. Se trata entonces de disipar ambigüedades y de tomar el toro por las astas.

En esa línea, es esencial que el nuevo gobierno designe inmediatamente un gabinete y embajadores en los países más relevantes. La clarificación de la situación llevará seguramente al reconocimiento explícito del gobierno de transición y al respaldo internacional necesario y sobre todo "disuasivo" que permita garantizar la seguridad de los gobernantes legítimos.

Mientras tanto, Maduro y sus adláteres no se quedarán cruzados de brazos. Desde Miraflores y apoyado por el G2, grupo de inteligencia cubano de gran preparación, continúa ejerciendo el uso de la fuerza militar regular y de los colectivos civiles formados para la reprimir a lo largo y a lo ancho del territorio. Tras una larga historia, su acción ha sido recientemente palpable en episodios como la breve detención de Guaidó por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y en el pronunciamiento de ayer de la guarnición de la Guardia Nacional Bolivariana en Cotiza, que terminó con la detención de 27 oficiales. También continúan actuando en los casi 30 focos de levantamiento de la población en diferentes puntos del país.

Los puntos de levantamiento se multiplican dentro y fuera del territorio venezolano, pocos días atrás otro grupo de militares en funciones se había pronunciado desde Perú, desconociendo al gobierno de Maduro. Hoy lo ha hecho un grupo similar desde Colombia.

Desde luego, la dictadura de Maduro está jugando sus cartas. Es que los dictadores, y sobre todo con el soporte del crimen organizado, difícilmente entregan el poder por las buenas. Hay demasiado en juego para hacerlo, incluso una casi segura condena en la Corte Penal internacional por crímenes de lesa humanidad.

Para empezar la dictadura desconoció los actos de la Asamblea Nacional y a sus autoridades, a través de un dictamen de nulidad emitido por el Tribunal Supremo de Justicia madurista, que es ilegítimo.

Pero el peligro de escalada en la represión es muy alto. Existe el riesgo palpable que la Asamblea sea disuelta por la fuerza y que sus miembros, incluidos Guaidó, queden detenidos. En ese caso la comunidad internacional debería movilizarse de forma drástica y pasar de los dichos a las acciones concretas, ya que es claro que esta situación no es un problema exclusivo de los venezolanos.

Mañana, 23 de enero, sin lugar a duda, será un punto de inflexión en la historia de Venezuela y de la región. El rol de los militares y fuerzas de seguridad es esencial. Como bien dice Ledezma, cada uno de los efectivos deberá elegir entre narcotiranía o democracia, entre disparar a matar o proteger a sus ciudadanos, entre miseria o progreso. A lo que agrego, entre convertir esta movilización en un paso trascendental hacia una Venezuela libre y próspera o en una tragedia que perpetúe en forma indefinida el sufrimiento de los venezolanos a manos de una dictadura criminal, sin razón y sin futuro.

La autora es Presidente de la Fundación NPSGlobal y Secretaria de la Red de Líderes de América Latina y el Caribe. En Twitter: @irmaar