Reelección a la riojana y otras pésimas recetas

El inicio del año electoral depende de la Justicia. Y no se trata sólo de la fecha: si la Corte Suprema de la Nación no suspende este capítulo provincial, en apenas una semana los riojanos deberían ir a las urnas para convalidar o rechazar el intento re-reeleccionista del gobernador Sergio Casas. Lo que está en juego es una enmienda constitucional que reabre las puertas a la permanencia ilimitada en el poder local.

El argumento difundido por el gobernador y respaldado por buena parte del peronismo provincial no es nuevo ni remite a cuestiones técnicas: se trataría, dicen, de respetar la "voluntad popular". Lo que vendría es una consulta o virtual plebiscito, con una característica original: exige mayorías en función del padrón total y no del número efectivo de votantes, requisito que haría más difícil reunir la cantidad de votos necesarios para rechazar la enmienda reeleccionista. El asunto, con todo, es más grave.

El supuesto de expresar o darle cauce a la "voluntad popular" –entendida, de modo intencionalmente reduccionista, como mayoría puntual en un comicio- ha reaparecido también en el discurso del kirchnerismo más duro que, a pesar de desmentidas o frases para amortiguar inquietudes preelectorales, imagina que un triunfo propio debería reponer el tema, con eje en la Justicia y en los medios.

La re-reelección riojana plantea como ha ocurrido en otros casos un desafío a la letra y sobre todo al sentido de la letra constitucional. Casas es gobernador desde 2015: desplazó del poder, incluso de la estructura del PJ, a su antecesor en el cargo, Luis Beder Herrera, de quien fue vice. La propia historia, y la de la provincia en sentido más amplio, indica que mantener poder es sinónimo de sostenerse como jefe provincial.

Casas busca enmendar el artículo que le cierra el camino a su permanencia en la gobernación. Ese artículo dice que el gobernador y el vice sólo podrán "ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo mandato consecutivo". En diciembre, logró que la legislatura aprobara su iniciativa y ahora resta la consulta popular. Ese es el ítem en discusión. No se habla de ampliar derechos o de otras reformas del sistema.

El tema acaba de aterrizar en el máximo nivel de la Justicia. Para frenar la movida del gobernador, Cambiemos presentó un recurso extraordinario en la Corte, que decidió habilitar la feria para tratarlo. Se verá si admite la suspensión del comicio antes de resolver el punto de fondo. O si lo considera un asunto exclusivamente local, en línea con lo que decidió sobre la ley de lemas para Santa Cruz. Queda una semana: la votación está convocada para el domingo 27.

Los tiempos del kirchnerismo son otros. También, las ambiciones. El núcleo más cercano a Cristina Fernández de Kirchner cree que las derrotas propias se explican sobre todo por no haber podido profundizar sus reformas y no por los efectos de su gestión o, en rigor, por la valoración crítica que expresó en su momento una parte mayoritaria del voto. Es decir, el problema habría estado en la capacidad del "enemigo" para frenar sus planes -en primer lugar aquellos planes que apuntaban a la Justicia y a los medios- y por extensión, a "corporaciones" y "factores de poder". No estaría sujeto a revisión autocrítica lo que sí hizo estando en el gobierno.

El planteo es tan elemental como llamativo, porque la "autocrítica" expresaría exclusivamente la necesidad de profundizar lo que denominan su "modelo". Eso remite centralmente a generar una "nueva arquitectura institucional", según palabras de líderes de La Cámpora, no únicamente a una reforma de la Constitución.

La ex presidente expresó su visión en una cita del "Foro del Pensamiento Crítico", realizada en noviembre y mal expuesta como contracumbre del G 20. Sus cuestionamientos apuntaron al sistema de división de poderes nacido de la Revolución Francesa –según dijo-, como algo congelado en el manual, sin considerar que se trata de sistemas no sólo atados a esa tradición sino además ampliados y ajustados a diversas experiencias democráticas en cada país, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. La extensión de derechos fundamentales es desde siempre un proceso en movimiento.

La idea que seduce al kirchnerismo sería presentada como una suerte de democracia superadora. Los riesgos de esa formulación son muchos, y uno de los principales nace de la constante invocación a consagrar la "voluntad popular". Puede sonar bien, pero su expresión sería un sistema plano sin respeto por matices ni minorías ni otras fuerzas. En otras palabras, se trataría de un modelo institucional que consagre el criterio de poder hegemónico.

El primer riesgo es considerar la "voluntad popular" de manera exclusiva como representación del ganador de una elección. En ese caso, el resto de los votantes y más aún, el resto de la sociedad no contaría. Y si además esos otros sectores son críticos, podrían ser colocados en la categoría de anti-pueblo. En esa concepción, la "voluntad popular" o la "soberanía popular", por consiguiente, negarían la diversidad y la pluralidad.

Si se toma la propia experiencia política del kirchnerismo, aquella mirada sería aplicable a las votaciones triunfantes de 2005, 2007 y 2011. ¿Y cómo deberían interpretarse las derrotas en 2009, 2013, 2015 e incluso, 2017? La voluntad soberana del pueblo ya no podría ser adjudicada a los resultados electorales, si son adversos. ¿Cómo superar ese cuadro? La salida suele ser la auto-adjudicación de la representación del pueblo. No cierra, salvo en cierto hervor ideológico.

Las idas y vueltas de las sociedades han sido motivo de análisis por variados "arquitectos institucionales", especialmente por los que dejaron huella en el andar de los sistemas políticos. En democracia, algunos más y otros menos, parecen coincidir en que las sociedades son algo más que su expresión en una única elección. Serían, en todo caso, la expresión de una sucesión de elecciones y de diversas formas de organización social, no sólo los partidos. Dicho sin vueltas, el tema no sería la foto de un resultado electoral sino la película, y con foco amplio.

Algo de eso explica, por ejemplo, el criterio de renovación de legisladores parcial en cada turno electoral: por mitades en Diputados, por tercios en el Senado. Los defensores de este mecanismo destacan que evitaría que los cambios de composición del Congreso sean casi espasmódicos. Es un sistema discutible en varios renglones, pero en lo esencial impone que las mayorías se construyen, se sostienen y también se desarman con el tiempo. Las minorías, por supuesto, tienen expresión y juego propio: su suerte tampoco está atada a una sola elección.

No es el único sistema, pero en todo caso pone de relieve que el desafío pasa por procesar o asegurar institucionalmente la convivencia plural.
Por supuesto, nada es estático. La ampliación de derechos y los mayores niveles de participación, se ha dicho, son una constante en las sociedades que evolucionan. Precisamente, esa misma tendencia expone, entre otras señales, la complejidad y los matices de la sociedad, con contradicciones que a la vez demandan mecanismos de acuerdos y mediación. Eso sugiere el patrón para cualquier reforma: entender a la sociedad en conjunto y, si se prefiere, interpretar la "voluntad popular" en la pluralidad de su composición. Lo contrario asomaría como un síntoma de mesianismo.