El gran problema inflacionario que padecemos solo puede combatirse eficazmente con un plan de medidas integrales que perdure en el tiempo y permita ampliar sustancialmente la capacidad productiva local.

El primer paso para dejar atrás la crónica inestabilidad requiere tener un diagnóstico correcto. Al observar la dinámica histórica del proceso inflacionario es fácil distinguir al principal factor disruptivo: la evolución de la cotización del dólar. Si bien la estabilidad cambiaria en algunos años, como en 2015 y 2017, no implicó acabar con la inflación, los movimientos bruscos del precio del dólar son los que desencadenan aumentos de precios mucho más elevados, debido a la fuerte dolarización de nuestra economía, derivada de tantos años de crisis. Luego la inercia inflacionaria, resultante del continuo reacomodamiento de precios de sectores que quedaron atrasados o contratos que ajustan en función de la inflación previa, genera un piso de incrementos generales de precios vigente aun en los años en los que no hay bruscas devaluaciones.

Sólo en períodos prolongados de clara abundancia de dólares, la inflación en nuestro país no fue un problema. Eso ocurrió durante la Convertibilidad, tras el acuerdo con el FMI para la reestructuración de la deuda externa, las privatizaciones y el enorme financiamiento externo y luego entre 2003 y 2006, tras la mega devaluación de 2002. En ambos períodos prevaleció una percepción generalizada, basada en las superavitarias cuentas externas, que no se dispararía el dólar y la inflación no fue un problema.

Un programa desinflacionario que perdure en el tiempo requiere bases sólidas y no tanta dependencia del financiamiento externo o de términos de intercambio transitoriamente favorables

En cambio, cuando el país tiene un déficit de cuenta corriente muy alto sin un acceso fluido a financiamiento externo, como en 2018, se producen tensiones en el mercado cambiario. El anuncio del gobierno, a cargo del ex ministro Luis Caputo, al regresar de Wall Street en marzo de 2018, respecto a que Argentina no necesitaba tomar deuda en ese año generó una estampida de capitales externos. Después la pobre cosecha y la decisión de la Reserva Federal de subir sus tasas (hacía años que se esperaba que se concretara) agravaron el panorama.

Las políticas de Cambiemos podían profundizar la desaceleración inflacionaria, observada entre mediados de 2016 y 2017, siempre y cuando se sostuviera el financiamiento externo, atraído por el bajo grado de endeudamiento heredado y las altas tasas de interés que ofrecía el gobierno. Una vez cortado ese ingreso de capitales, la variable de referencia por excelencia para la formación del precios, el dólar, se descontroló por el fuerte incremento de su demanda y provocó la inflación más alta en 27 años.

La alternativa de dejar operar al libre mercado para que se acomoden los precios de los bienes, servicios y salarios en un esquema que posibilite una inserción internacional inclusiva socialmente es utópico. Ojala fuera así de fácil

La Convertibilidad también sucumbió cuando finalizó el ingreso financiero de dólares porque se percibió que la economía se había endeudado demasiado y no iba a tener capacidad de repago. Y, desde 2007, una holgura externa cada vez menor fue deteriorando progresivamente la estabilidad, más allá que otros conflictos distributivos como el de las retenciones y las tensiones derivadas del acelerado crecimiento también contribuyeron.

Un programa desinflacionario que perdure en el tiempo requiere bases sólidas y no tanta dependencia del financiamiento externo o de términos de intercambio transitoriamente favorables. Eso se consigue, en una economía como la nuestra donde tendemos a generar una movilidad social ascendente, con un desarrollo productivo que vaya generando un mayor margen de autonomía, tanto a través de una progresiva sustitución estratégica de importaciones de bienes y servicios como de una mayor capacidad exportadora.

Lamentablemente, desarrollar esa planificación productiva es una tarea muy compleja. En tanto, la alternativa de dejar operar al libre mercado para que se acomoden los precios de los bienes, servicios y salarios en un esquema que posibilite una inserción internacional inclusiva socialmente es utópico. Ojala fuera así de fácil. Dada la dotación relativa de factores productivos de nuestro país, un modelo liberal generaría que más capitales se vuelquen fundamentalmente a la explotación primaria y, por la abundancia de mano de obra, no están dadas la condiciones para una generación de empleos suficiente. El sector de servicios posiblemente sostendría empleos pero, sin políticas públicas de promoción, sería muy difícil ser competitivos y la brecha externa tampoco podría cerrarse sin dificultades, sobre todo cuando existen grandes diferencias de competitividad con los mayores exportadores internacionales. En la industria quizás también podrían sobrevivir algunos sectores dependientes de la transformación de recursos naturales, pero tendrían poco peso en la economía. Así, nuestro desequilibrio externo no podría ser superado. De hecho, a lo largo de la historia del capitalismo, ninguna economía de tamaño medio consiguió desarrollarse bajo un esquema liberal de organización de los mercados.

Es por eso que es necesario un plan público muy inteligente y articulado intersectorialmente para programar, en base a los recursos existentes, qué cadenas de valor y cómo se deberían desarrollar para alcanzar niveles de competitividad que permitan sostener un equilibro de la cuenta corriente por largos períodos que alejen la amenaza de nuevos movimientos bruscos en el valor del dólar.

El autor es economista