¿Qué le falta a la Argentina para crecer? Esa es la gran pregunta, la que nuestro país se viene haciendo desde antaño y que muchas veces parece no encontrar solución. ¿Nuestro intento de respuesta? Lo que le falta a la Argentina para crecer es respeto a los derechos de propiedad intelectual e inversión. Es por ello que, a fines del año pasado, en ocasión del G20, se presentó en Buenos Aires el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI, por su sigla en inglés) en su versión 2018 de la norteamericana Property Rights Alliance. Y también se introdujo un paper de investigación que motiva estas líneas. Es que la herramienta antes mentada muestra los niveles de protección de derechos de propiedad en Argentina y otros países, analizando diferentes componentes, que van del funcionamiento del Poder Judicial al Estado de derecho, entre otros indicadores.

El diagnóstico en relación con la Argentina dista de ser una sorpresa. Los niveles que miden la estabilidad de las normas, los niveles de corrupción y transparencia nos ubican por debajo de nuestros pares latinoamericanos. Hasta aquí no hay nada nuevo bajo el sol: la Argentina ha sufrido un deterioro institucional sostenido durante las últimas décadas que la ha desaventajado del resto de la región. Sin embargo, aún más interesante es el análisis de las consecuencias nefastas que generan estos niveles de protección de derechos de propiedad.

Concretamente, si uno se dedica al estudio de los niveles de inversión extranjera directa en relación con el nivel de protección de propiedad intelectual, se observa un crecimiento importante de las industrias que permiten rápidos retornos del capital sin necesidad de contar con grandes sistemas de protección legal (por ejemplo, el desarrollo de softwares enlatados). Ello se debe a que existen sistemas que el propio mercado genera que permiten la exclusión de los competidores sin necesidad de una aplicación eficaz de la norma jurídica (por caso, sistemas de garantía posventa, velocidad en la tasa de imitación, etcétera). Por otro lado, en aquellos sectores en donde la inversión se encuentra más a merced del sistema de reglas legales del país se perciben niveles de inversión muy bajos. Energía, infraestructura y telecomunicaciones son solo algunos ejemplos. Debe tomarse nota de que estos son los sectores donde el país, justamente, necesita más desarrollo.

¿Qué se puede hacer frente a esa situación? A nivel de los derechos de propiedad intelectual pueden realizarse trabajos micro-institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Producir mejoras en las normas técnicas. Como podría ser, por caso, ampliar el alcance del sistema de patentes, incluir a la Argentina en tratados internacionales —de los que hoy no forma parte—, que facilitarían la inversión extranjera, mejorar la aplicación de normas antipiratería, y demás. Este plano puede atacarse. Puede atacarse aquí y ahora. Y en muchos casos se está avanzando, como situaciones en particular parecen demostrarlo.

El enigma sin resolver es la macro-institucionalidad: el establecimiento de un sistema de reglas claras y perdurables en el tiempo que permitan crear rentabilidades en el largo plazo, basadas en derechos de propiedad claros en manos de quienes más los valoran. En este nivel se ven afectados todos los componentes de los derechos de propiedad, sea para bien o para mal. Aquí no podemos decir que Argentina haya avanzado mucho. Todo ello por una simple razón: no hace demasiado tiempo que como país empezamos a respetar los derechos de propiedad, y el nivel de cumplimiento es, por tanto, aún muy bajo.

Como punto final, considero oportuno reiterar algo ya varias veces dicho: no hay posibilidad de que un gobierno solo pueda resolver esta problemática. El motivo es simple, no es una política del gobierno, es una política de Estado; y el Estado se basa en instituciones con sus consiguientes reglas.

El autor es profesor ESEADE – UdeSA – UTDT.