Por qué el proyecto de baja de edad de imputabilidad es una distracción previsible

Los escuálidos resultados de la gestión de gobierno representan un problema para el oficialismo. Los inocultables fracasos económicos, con su tremendo impacto en materia social, obligan a quienes están delineando la agenda electoral a querer instalar temas vinculados con cuestiones que nada tengan que ver con la dinámica cotidiana de las microeconomías familiares. El oficialismo exhibe una inflación del 50% anual, caída del consumo, pérdida constante de empleos, cierres de fábricas, encarecimiento del crédito… En fin, un verdadero desastre. Mejor no hablar de eso y hablar de otras cosas, es el razonamiento prosaico y ramplón de algunos gurúes de la comunicación oficial.

Ocurre entonces algo que resulta de manual. Tan obvio y previsible que aburre. Es la peregrina idea de lanzar un paquete de medidas relacionadas con el tema de la inseguridad. Así es como se debe enmarcar la iniciativa de consagrar un nuevo régimen penal juvenil.

Para ponernos de acuerdo hay que comenzar diciendo que la norma vigente que regula el tema es un verdadero mamarracho. Se trata del decreto-ley 22278, dictado por Jorge Rafael Videla en el año 1980. Es una norma viciada por su origen y por su contenido. El texto primigenio establecía la punibilidad de los menores a partir de los 14 años. Ello fue modificado en 1983 por otro decreto-ley, esta vez de Reynaldo Bignone, que subió el piso a partir de los 16 años. Más allá de la cuestión del "piso" de la edad, existe un procedimiento mediante el cual los menores pueden ser institucionalizados incluso sin proceso previo y sin posibilidad de ejercer defensa alguna. El decreto en cuestión vulnera los estándares de la legislación internacional y no satisface a nadie.

El régimen penal juvenil debe ser modificado, sin duda, si queremos avanzar hacia un derecho penal menos retrógrado y arcaico. ¿Es necesario bajar la edad de imputación penal? Aquí está el nudo y el sentido del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. Este es el punto que se quiere explotar hasta el infinito, construyendo una grieta entre quienes pretendidamente abogan por la seguridad de todos y quienes, en cambio, propician una suerte de "viva la Pepa" en la materia. Por eso la repentina necesidad de discutir ahora el tema. Ante la imposibilidad de dar respuestas serias y soluciones concretas se propalan las falacias, los artificios y los retruécanos para su exhibición mediática. Mera palabrería sin soluciones concretas.

¿Qué necesidad hay de incluir este tema en sesiones extraordinarias? Ninguna. Se trata de un tema que no reviste ninguna urgencia reciente. Hay decenas de proyectos al respecto, incluso una media sanción del Senado del año 2009 que nunca llegó a tratarse en el pleno de Diputados.

¿Por qué el apuro, entonces? Aquí salta lo obvio: por la necesidad de construir una agenda pública con temas pretendidamente incómodos para la oposición. ¿Quieren bajar la edad de imputabilidad a 15 años? Tal vez avance el proyecto y finalmente se consiga cristalizar esa iniciativa tantas veces impulsada. ¿Cambiará algo? Es indudable que no. Es indudable que no aportará nada al problema de la inseguridad en nuestro país. La inseguridad, como otros temas, requiere otro abordaje y otras políticas públicas.

Hay una suerte de agotamiento conceptual en el Gobierno. Una pérdida de imaginación que pretende suplantarse con la instalación de discusiones perimidas, inconducentes, absurdas. Aquello que pareció eficaz en términos políticos hasta no hace mucho parece ya no funcionar. La fraseología del cambio, tan cargada de esperanza, luce insulsa e insustancial.

La política en su conjunto —creo ya que no solo el oficialismo— necesita salir de la zona de confort que representan los lugares comunes. Hay una sociedad que requiere nuevas respuestas, nuevas soluciones, nuevas iniciativas, para solucionar los problemas de siempre.

La autora es dirigente peronista de CUMPLIR.