Los combustibles en Argentina pagan una alta carga impositiva que representa alrededor del 40% de su valor. Esto nos ubica entre los países que mayor tributo aplican. Para tomar como referencia, la carga impositiva en Estados Unidos oscila entre 17 y 21%, dependiendo la región del país que se trate. En Brasil es del orden del 29 por ciento.

Hace un año el gobierno nacional emprendió una reforma tributaria para terminar con un sistema impositivo distorsivo y asfixiante, según anunciaba el ministro de Hacienda, y avanzar hacia otro más eficiente y equitativo, que fomente la inversión y el desarrollo económico.

En el sector de comercialización de hidrocarburos vimos bien la modificación introducida, por la cual se reemplazó un gravamen de valor porcentual (el impuesto a la transferencia de los combustibles) por otros dos de valor fijo: el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), ambos ajustables trimestralmente por el índice de precios al consumidor (IPC). Fue una decisión inteligente para acompañar la política de precios libres, previendo así que la incidencia de la parte impositiva en el precio final tenga un menor impacto ante un escenario de frecuentes aumentos. De hecho, ahora la nafta estaría un 12% más cara con el viejo ITC.

Pero a un año de aquella reforma advertimos con asombro el avance de una tendencia contraria, que es la aplicación la llamada tasa vial, eufemismo con el que algunos municipios gravan la carga de nafta, gasoil o GNC para hacerse de recursos de manera fácil. Desde hace unos años viene creciendo en territorio de la provincia de Buenos Aires este nuevo impuesto, que la Justicia ya ha declarado inconstitucional porque no existe contraprestación alguna del estado municipal.

Hoy son 13 las comunas donde se aplica. En Lomas de Zamora ya se había aprobado y se disponían a cobrarlo a partir del primero de enero, pero la noticia corrió rápido y naturalmente generó un fuerte rechazo social, que obligó a suspenderlo. No obstante ello, se sabe que en otras intendencias la medida está en estudio o directamente ya tiene tratamiento en los consejos deliberantes para su aprobación.

Estos impuestos no solo aumentan una presión tributaria récord sobre los contribuyentes, también afectan la competencia entre estaciones de servicio. Si el consumidor no está dispuesto a pagar de más, cruza la avenida que separa un distrito de otro y carga más barato. Un verdadero disparate. Además, las convierte en agentes recaudadores de fondos que en parte deben anticipar al fisco municipal, cuando las ventas de combustibles la realizaron a crédito sin percibir el dinero al momento de depositar el tributo.

En 2015 un fallo de la Justicia bonaerense en lo Contencioso Administrativo declaró la inconstitucionalidad en el caso del municipio de San Miguel del Monte, y la comuna dio marcha atrás. En igual sentido, se pronunció un año después el Tribunal de Cuentas provincial en una demanda contra el municipio de San Martín. Otros expedientes tramitan similares reclamos iniciados en otras jurisdicciones. Sin embargo, esto no ha impedido que en la práctica más comunas instrumenten la tasa, por lo cual hoy hay más contribuyentes alcanzados por el tributo, y no menos.

Otros casos en el país no prosperaron. En Córdoba se aplicó una tasa vial a nivel provincial, finalmente derogada por la legislatura. Y en Jujuy capital, la ordenanza municipal que dispuso el cobro fue declarada inconstitucional por el máximo tribunal provincial.

Crear nuevos impuestos para atender necesidades fiscales ha sido históricamente parte del problema y no de la solución. Es tratar la enfermedad con analgésicos, que actúan sobre el síntoma mientras la patología se desarrolla. Hoy cualquier concepto que signifique un extracosto que altere la competitividad, cualquiera sea su naturaleza, es considerado un flagelo para el desarrollo de la actividad.

Días atrás, en un encuentro con intendentes de todo el país, el presidente Mauricio Macri calificó de distorsivos este tipo de impuestos, y dijo que desalientan la generación de empleo.

Desde 2014 se espera una sentencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en una presentación sobre Olavarría. De primar el criterio judicial aplicado hasta ahora, el fallo sentaría precedente para eliminar definitivamente este impuesto distorsivo e ilegal.

El autor es presidente de Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA).