Sería prematuro analizar ahora la dimensión de la denuncia realizada por Thelma Fardin. Todavía no baja la espuma mediática y en las redes sociales se multiplican las manifestaciones de chicas que se animan a contar sus historias de abuso. Es un tema de discusión que se repite aquí y allá.

Pero sí podemos hacer algo que puede marcar la diferencia. Así como sucedió con otros casos en los últimos años, en los que mujeres, niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de formas de violencia machista y patriarcal (me toca muy de cerca lo sucedido con los niños y niñas con hipoacusia del Instituto Próvolo de Mendoza, en donde esperamos que se mantengan y recaben todas las pruebas necesarias para lograr justicia), estamos en un momento en el que millones de personas están atentas y pendientes de lo que pasa en los medios y en la justicia.

Tal como pide hace tiempo el colectivo de Actrices Argentinas, tenemos que hacer todo lo posible para romper la barrera vergonzante del silencio y darles voz a las víctimas. El desafío es doble: ser capaces de comunicar inteligentemente que no es sano naturalizar circunstancias que disminuyen a las personas, y también generar las condiciones para que quienes hayan sido víctimas de delitos de esta índole puedan denunciarlos.

Que la sociedad se indigne y reclame soluciones es, a todas luces, algo positivo. Depende de quienes ocupamos una banca o una oficina en un ministerio que esto no quede ahí. La bronca que nos genera ver cómo mujeres, niñas y adolescentes son víctimas de un sistema que les da la espalda tanto como de quien las abusó, tiene que devenir, indefectiblemente, en mejores leyes y funcionarios más capacitados para aplicarlas.

Afirmo con toda seguridad que en el Congreso hay proyectos excelentes, trabajados y consensuados por un amplio grupo de legisladores y legisladoras, cuya aprobación significará un marco legal más preciso, justo y sensible en cuestiones de violencia de género y protección de niños, niñas y adolescentes.

Sabemos que la mayoría de los delitos contra la integridad sexual de estos últimos se registran en el ámbito familiar. Después de un gran trabajo legislativo, con la aprobación de la ley 27455, podemos decir con orgullo que ya no es necesaria la denuncia de la víctima o de un representante legal para que la Justicia actúe. Las autoridades correspondientes pueden actuar de oficio; de esta manera rompemos el círculo de impunidad que sostenían las personas que se supone que deben proteger a los más chicos.

La modificación de la ley ESI, que ya tiene dictamen de comisión, se convertirá en un gran avance. A través de ella, en todos los colegios del país, en todos los niveles, se deberá educar a niños, niñas y adolescentes en el cuidado de su cuerpo y su intimidad, buscando prevenir y denunciar los casos de abuso que puedan presentarse. Es indispensable avanzar en la aprobación de esta propuesta, la ausencia en el cumplimiento efectivo de la ESI deja desprotegida a la infancia.

Por su parte, hoy martes trataremos en el reciento la ley Micaela, iniciativa que busca prevenir la violencia de género, estableciendo la capacitación obligatoria con perspectiva de género para todos los funcionarios y los agentes de los tres poderes del Estado. Es indispensable que el Estado pueda dar respuestas efectivas. Para ello necesitamos contar con recurso humanos capacitados para abordar problemáticas tan sensibles y complejas.

Sin embargo, no debemos olvidar algunos proyectos que lamentablemente aún no han sido tratados. En mayo presenté un proyecto de ley para agravar las penas que les caben a las personas que abusan de niños, niñas o adolescentes menores de 13 años.

Nuestro Código Penal tiene que reflejar el profundo rechazo e indignación que nos provocan situaciones que, lamentablemente, estamos acostumbrados a leer en los diarios regularmente. Actualmente la legislación prevé las mismas penas para el delito de abuso sexual simple que para el libramiento de un cheque sin fondos. Esta desproporcionalidad requiere una revisión y modificación urgente.

Hay otros proyectos, de las diputadas Carrizo, Martínez y Matzen, y del diputado Petri, que esperan ser tratados y versan sobre la imprescriptibilidad de estos delitos o la creación de protocolos de actuación. La mayoría de ellos acompañados por asociaciones que luchan todos los días y desde hace mucho por la igualdad y la seguridad de las mujeres en todo el país.

Está muy bien que hablemos de lo que pasó en estos días en nuestros hogares, con amigos, en el trabajo. Pero no nos quedemos con eso. No esperemos al próximo caso aberrante para volver a exigir soluciones.

Invito humilde pero firmemente a mis colegas diputados nacionales, también a los legisladores provinciales, fundamentales para avanzar en soluciones que se ajusten a la realidad de sus jurisdicciones, a un debate serio, concienzudo y ágil que permita sancionar leyes que, por un lado, prevengan, y por otro, sancionen con dureza a quienes no respetan en lo más mínimo la dignidad humana y la capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas.

La autora es diputada nacional por Mendoza (UCR-Cambiemos).