Los números son clarísimos: a fin de septiembre el promedio de los salarios subió 23,7% frente a una inflación acumulada de 40,5 por ciento. Son 16 puntos de deterioro del poder adquisitivo. En octubre, el IPC adicionó otro 5,4 por ciento. Y que todavía falta noviembre (con una inflación que en ningún caso bajará de 2,5%) y diciembre (donde habrá que sumar otro 3%). Estos números podemos verlos con un prisma de mayor gravedad aún: el incremento salarial promedio de los trabajadores informales (que superan un tercio del total de los asalariados) fue de apenas 20,6 por ciento. Si lo comparamos con la suba de la canasta de pobreza en vez de con el IPC, el resultado es de terror: dicha canasta creció de enero a septiembre 46%, lo que da un deterioro promedio para el salario del trabajador informal de 25,4 por ciento.

Es evidente que con estos números no hay bono que alcance para recomponer nada. Sumémosle los 42.200 puestos de trabajo fabriles que se perdieron en 2018 y tenemos el combo completo: terminaremos un año con una recesión atroz y con consecuencias para la clase trabajadora mucho mayores que el frío número de caída promedio del PBI, que orillará entre 2,4 y 2,7 por ciento.

Por todo esto resulta cínico que el ministro Nicolás Dujovne anuncie que "estamos muy bien", basándose en la estabilización de cortísimo plazo lograda a partir de octubre vía la recreación del carry trade con las super tasas de las leliqs. Este mecanismo de estabilización financiero dinamita cualquier posibilidad de reactivación, pulveriza salarios, jubilaciones, planes sociales, consumo popular y cualquier forma de crédito. Además de crear una bola de nieve imparable (e impagable). El Gobierno arma un esquema donde, para intentar salir de la trampa de las crisis cambiarias recurrentes, reabre la puerta a la posibilidad de crisis bancarias.

Así, entraremos a 2019 con un arrastre recesivo y una política monetaria que transforma cualquier planteo de recuperación en "V" en una expresión de deseos sin sustento con la realidad. Con un gobierno que solo puede mostrar en su haber el préstamo del FMI para cubrir los pagos de deuda hasta las elecciones de octubre. Con un supuesto fortísimo: una renovación de la bicicleta financiera del orden del 70 por ciento. La más mínima perspectiva de crisis internacional, cualquier corrida contra el peso por factores locales, o incluso estacionales (dolarización de carteras, demoras de exportadores en liquidar divisas, etcétera) puede hacer volar por el aire la fragilísima "estabilidad" cambiaria. Y, en ese caso, se desatarán todos los demonios: las necesidades de divisas para pagar vencimientos de deuda se multiplicarán, el valor del dólar retomará el galope alcista, se disparará más aún la inflación y las posibilidades de un estallido económico se acrecentarán.

¿Aporta algo, en términos económicos, el G20 en este marco? Absolutamente nada, más allá de que el Gobierno se haya gastado en su organización el equivalente a dos veces el presupuesto de Aerolíneas Argentinas. En el desayuno con inversores internacionales realizado en el marco del foro se volvió a ratificar que, para el establishment económico internacional, nuestro país sigue en modo "salir y esperar afuera". Los escasos logros que se pretenden mostrar (como el swap de monedas con China) ya estaban negociado previamente. El mero hecho de ser vidriera internacional en tanto anfitrión de la cumbre apenas si sirve para empatar el papelón internacional de la fallida final de la Libertadores.

Cuando las luces del G20 se apagan, quedamos con nuestras miserias. Las del super-ajuste sobre los sectores populares de 2018 (que todavía no terminó) y de un 2019 que se avizora también negro. Ese es el auténtico balance de un gobierno que entra en el último año de su mandato.

El autor es economista. Dirigente de Izquierda Socialista.