(Maximiliano Luna)
(Maximiliano Luna)

Cuadernos de Centeno, femicidios, siniestros viales, impuesto a las ganancias, River-Boca… Las circunstancias cambian, pero por un motivo u otro los argentinos siempre nos encontramos discutiendo acerca de la Justicia que tenemos y de la que quisiéramos tener. En 2015, el Gobierno de Mauricio Macri recibió un mandato: promover mejoras en el sistema judicial que superaran más de cien años sin reformas sustanciales. Y dar por terminado el experimento garantista, que se proponía dejar a los delincuentes sin condena.

La respuesta del Gobierno nacional fue el plan Justicia 2020, una planificación liderada por el Ministerio de Justicia que, además, es un espacio de participación ciudadana en el que colaboran académicos, expertos, jueces, funcionarios de los tres poderes, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos. Como todo plan de fondo, pasó sin llamar la atención de los diarios. Pero sus resultados, muchos, concretos y con impacto en la vida cotidiana.

Es por eso que me gustaría destacar en estas líneas tres objetivos en los que se han hecho avances sustanciales: la lucha contra el crimen organizado; la modernización del sistema judicial para hacerlo más rápido y eficiente; y la mejora del acceso de los ciudadanos a la Justicia.

Respecto al primer punto, se ha dotado de nuevas herramientas a la policía, los fiscales y los jueces para que puedan perseguir, investigar y sancionar más eficazmente delitos complejos como el narcotráfico y la corrupción. Hoy contamos con una ley del arrepentido e instrumentos como el agente encubierto y el testigo protegido. También priorizamos el nombramiento de nuevos jueces en las zonas calientes del narcotráfico. Gracias a las mejoras realizadas, ya hay más de sesenta personas en prisión por investigaciones sobre corrupción (hasta 2015 había solo siete condenados por este delito ¡en todo el país!) y un crecimiento del 155% en la cantidad de testigos protegidos. Además, por pedido de la Oficina Anticorrupción, la Justicia ya ha embargado más de 210 mil millones de pesos que les fueron robados a los argentinos por funcionarios y empresarios corruptos. Si estuviera vigente la ley de extinción de dominio que debe tratar el Congreso, esa plata ya estaría a disposición del Estado para invertir en las necesidades del país.

Respecto al segundo punto, el Ministerio de Justicia ha tomado nota del reclamo de una Justicia más rápida y resolutiva. Para mejorar los tiempos se han implementado juicios orales en nueve jurisdicciones de la Justicia civil que redujeron los procesos de cinco a menos de dos años; un procedimiento para los delitos flagrantes que llevó a que el 76% de las audiencias se resolvieran en las primeras 30 horas; y una ley de juicios unipersonales que redujo en un 67% la fijación de audiencias. Estas mejoras, sumadas a la modernización tecnológica —con, por ejemplo, la implementación del expediente electrónico o los trámites a distancia—, suponen miles de horas que los ciudadanos no pierden en trámites judiciales y una aceleración sustantiva de los tiempos de la Justicia. Para mejorar aún más los procesos judiciales, restaría la aprobación de la reforma del Código Procesal Penal, que será tratado en extraordinarias de diciembre.

Otro anteproyecto que mejoraría notablemente la eficacia de la Justicia será presentado el año que viene: el nuevo Código Penal. Nuestro país posee las peores estadísticas en materia de cumplimiento de la pena de la región. Menos de una persona cada cien delitos es condenada. Desde Justicia 2020 estamos impulsando leyes como la de flagrancia y la de juicios unipersonales que van en el sentido contrario, en línea con los reclamos de la sociedad: que haya penas para las personas que no cumplen con la ley. El anteproyecto de Código Penal ya está terminado. También la ley de responsabilidad penal juvenil está preparada para presentarse. Si en 2019 el Congreso estos proyectos, habremos dado un paso importante para que los jueces tengan las herramientas necesarias para que podamos vivir en una sociedad más justa y pacífica.

En esta línea, el Ministerio de Justicia se ha ocupado de redistribuir los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) a lo largo de todo el territorio argentino. Estas oficinas brindan atención legal, primaria y gratuita para víctimas de delitos; hoy hay 90 centros donde se resuelven más de 360 mil consultas anuales. Además, la semana pasada se inauguró el primer Hospital de Derechos, un lugar en que se brinda todo tipo de asistencia legal: información, orientación, asesoramiento, asistencia, acompañamiento, mediación y patrocinio jurídico.

Por primera vez, en la Argentina tenemos un plan integral de mejora de la Justicia que no se queda en los papeles. El plan que se está implementando desde hace 3 años sigue lineamientos que los ciudadanos fijaron al Gobierno: una Justicia independiente y cercana, que se preocupe más por la víctima y que rinda cuentas de su funcionamiento a través de la publicación de datos y estadísticas. Esta también es una señal de una nueva política, que hace lo que hay que hacer para cumplir con las expectativas de los argentinos.

El autor es jefe de gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.