Cuando hablamos de fake news, hablamos de corrupción. Específicamente, de corrupción política. Es la política la que prostituye la verdad cada vez que disfraza de noticia a una operación que consiste en mentir para desacreditar al candidato contrario. Una fake news es, concretamente, la maniobra artera y sucia que un sector político produce en detrimento de otro. Pero una fake news es algo más: la admisión de que ese sector político solo puede acceder al poder si miente.

Días pasados presentamos en el Congreso de la Nación una propuesta concreta para prevenir estas operaciones. Expusieron allí sus miradas el doctor Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema, y el periodista y director del Grupo Perfil, Jorge Fontevecchia. En la platea estuvieron legisladores de todo el arco político. Fue interesante lo que allí escuchamos.

El doctor Lorenzetti analizó algunos casos concretos de reglamentaciones tendientes a regular el tráfico de información falsa. Hizo un breve resumen de las legislaciones que adoptaron diferentes países, sus pros y sus contras. Pero de su exposición tomo el aspecto que me parece esencial para analizar este tema: quienes hoy tienen el poder de manipular la opinión pública son las corporaciones y los Estados.

Por su parte, Fontevecchia nos señaló un dato que nos permite contextualizar esta frase: el 80% de la pauta publicitaria digital global la concentran hoy las corporaciones Google y Facebook. Ambas cosas están relacionadas y nos platean una duda inquietante: ¿Los Estados pagan con recursos públicos los oscuros servicios que les prestan estas empresas con sus algoritmos?

¿Cuál es la situación en Argentina? Sabemos poco. Algunos especialistas estiman en casi doscientos millones lo que invierte el Gobierno en redes sociales, pero, más allá de la cifra, el manejo de la pauta oficial sigue siendo prebendario y opaco, según los favores que quiera comprar cada gobierno.

También sabemos que en abril los representantes de Facebook ignoraron las citaciones de los diputados opositores para precisar los alcances que tuvo en el país el escándalo mundial por el robo de datos mediante la aplicación de la consultora inglesa Cambridge Analytica, que obligó a su CEO, Mark Zuckerberg, a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos.

Son datos que hablan de la complejidad del tema, pero también de lo que está en juego. No se trata de un tema menor.

La legislación vigente tiene herramientas suficientes para proteger la libertad de expresión y también la democracia. Podemos mejorarla, sin duda, con un debate serio, en el cual la sociedad civil tiene un lugar central para encontrar la mejor ley posible, pero la solución a este problema es política.

Hoy tenemos que demostrarle a la sociedad que las fuerzas que vamos a participar de esta campaña electoral no vamos a mentir ni a corromper la verdad. Tenemos que hacerlo.

Tenemos que hacer explícito y público un compromiso ético y político, porque cuando decimos fake news, estamos hablando de un problema ético y político, y desde esas esferas debe salir la solución porque allí se genera el problema.

Nuestra propuesta es simple y clara: que todas las fuerzas que participan de la campaña electoral se comprometan públicamente a respetar el libre debate de ideas.

La democracia no se mancha.

La autora es diputada nacional (SOMOS).