Se requiere, con urgencia, que el Gobierno renuncie a gobernar en soledad y adopte la firme decisión de consensuar con la sociedad cuáles deberán ser las principales reformas a realizarse para iniciar la reconstrucción del país. Sólo así sus gobernantes podrán contar con el apoyo social necesario para convocar, a posteriori, una Asamblea Constituyente que asume la responsabilidad de proponer la reforma que instituya los nuevos marcos de convivencia que en materia institucional, política, económica y social reclama la actual sociedad argentina. Las ideas y propuestas que surgirán de un macerado consenso entre Gobierno y sociedad podrán confluir reconociendo:

Que la atávica cultura de poder dominante en el país desde los albores de su nacionalidad fue la causa principal de las deformaciones que atrofiaron el progreso nacional, condicionando el comportamiento de las elites políticas dirigentes bajo múltiples formas de abusos de poder, totalitarismo, caudillismo, centralismo, nepotismo, populismo, corrupción y profundo desprecio por la norma constitucional.

Que ha llegado el momento apropiado para iniciar las tareas necesarias a la reconstrucción integral del país. Esto es, fundar los cimientos de una nueva cultura republicana, democrática, federal y solidaria destinada a instituir una Justicia ejemplar y la institucionalidad inclusiva necesaria para impulsar la integración de Argentina al siglo XXI y eliminar, en el curso de los próximos años, manifestaciones degradantes de desempleo, pobreza y marginalidad social, habilitando niveles crecientes de equidad entre regiones y sectores sociales.

Para materializar las ideas referidas se requiere cristalizar sólidos consensos en torno a tres cuestiones relevantes:

Primero: identificar los principales problemas de orden institucional, político, económico y social que tendrán que solucionarse en el curso de los próximos años para iniciar la reconstrucción del país y precisar cuáles serían las políticas apropiadas para resolver esos problemas.

Segundo: consensuar las bases de un plan de mediano y largo plazo especificando el origen de los fondos necesarios para cubrir la masa de requerimientos materiales, financieros e institucionales necesarios a su implementación.

Tercero: asegurar elecciones limpias para que la sociedad elija libremente las autoridades de gobierno que asumirán la responsabilidad de iniciar la etapa de reconstrucción del país.

Condicionantes de política internacional para reconstruir el país

La realidad del siglo XXI requiere entender que la consistencia de las políticas públicas de cualquier gobierno y país que aspire al progreso de su sociedad tendrá que ser compatible con la dignidad de su población y con las normas vigentes en el seno de la comunidad internacional de naciones. Por lo tanto, tendrán que asegurarse dos condiciones esenciales: en el orden interno, ningún país podrá sustentar gobernabilidad y progreso económico durante largos períodos de tiempo sin instituir una Justicia ejemplar y sin avanzar con sus políticas públicas hacia niveles crecientes de empleo, mayor equidad en la distribución del ingreso entre todos sus estratos sociales. En el orden internacional: ningún país podrá insertarse y progresar sin armonizar el funcionamiento de su economía con el sistema preexistente de normas consensuadas internacionalmente.

Un plan para consultar y consensuar con la sociedad

El plan para la reconstrucción de Argentina integrará, al menos, dos grandes componentes: un diagnóstico riguroso sobre la situación actual de Argentina dimensionando cuantitativamente sus principales problemas existentes e identificando el origen causal de tales insuficiencias; y un conjunto de directrices sobre políticas y programas de desarrollo nacional y regional para reconstruir el país. Las directrices centrarán sus alternativas de cambio, al menos, sobre dos grandes componentes esenciales.

En la esfera institucional, impulsarán la reforma de la Constitución de 1853-60 para perfeccionar la república, la democracia y el federalismo mediante la institucionalización de un nuevo Estado de responsabilidad social destinado a alentar la gradual formación de una cultura solidaria en sustitución de aquella abusiva cultura del poder que de forma hegemónica protegió los mezquinos intereses del ya anacrónico Estado liberal de mediados del siglo XIX. Desde una nueva cultura podrán surgir gobiernos legítimos, sustentados sobre bases amplias de poder social, decididos a desplazar definitivamente de la esfera pública a la tradicional elite política dirigente que en los años del pasado perpetró graves abusos de poder contra los intereses del país.

La inspiración y fundamento de esta propuesta encuentra sustento en las palabras de Mariano Moreno que Fidel López difunde en su obra Historia de la Nación Argentina: "El Pueblo no debe contentarse con que sus magistrados obren bien, sino que debe aspirar a que nunca puedan obrar mal; a que sus pasiones tengan un dique más fuerte que el de su propia virtud para que delineado el camino de sus operaciones por reglas que no esté en sus manos trastornar, la bondad de su gobierno se derive no de las personas que lo ejercen, sino de una Constitución firme que obligue a los sucesores a ser igualmente buenos que los antecesores, sin que en ningún caso les deje la libertad de gobernar mal impunemente".

En la esfera de la economía, la reforma de la Constitución será la llave maestra para iniciar la reconstrucción del país a partir de nuevas instituciones inclusivas y de una amplia cadena de modernizaciones en sus estructuras y mecanismos de funcionamiento. Argentina ya no es aquel país de 1.700.000 habitantes cuando se sancionó la Constitución de 1853. Muy pronto será un país con 50 millones de habitantes y los condicionantes externos que sustentaban aquel naciente capitalismo comercial de mediados del siglo XIX desaparecieron con la crisis del 29. En la actualidad predominan nuevos desafíos impuestos por la globalización del capitalismo en un mundo multipolar, con nuevas estructuras de modernidad tecnológica, elevada concentración financiera y crecientes exigencias de avance social. La reforma de la Constitución establecerá los criterios necesarios que los gobiernos tendrán que adoptar en sus respectivas administraciones para asegurar consistencia y eficacia tanto en las políticas de corto plazo como también en aquellas destinadas a viabilizar el progreso, la equidad y el bienestar de la población mediante políticas de largo plazo.

El autor es economista, fue experto y director de Programas de Naciones Unidas en Brasil, Colombia, Chile, México y Argentina, entre otros. Los conceptos vertidos en esta nota son una síntesis de lo desarrollado en su último libro, "La Cultura del Poder: Ocaso y Reconstrucción de la Argentina" (4 v., Editorial Buyatti).