Durante siglos, en la guerra por la reconquista de la península ibérica para expulsar al invasor moro, se generó la necesidad de fortalecer los territorios recuperados en la medida en que se convertían en la nueva frontera. Muchos reyes católicos —y otros señores feudales— comenzaron a entregar privilegios a los pobladores para hacer posible esa lucha, solidificar su permanencia y dotar de estabilidad a esas localidades. Esos privilegios selectivos se establecían en cartas pueblas (chartae fori) que con el tiempo se conocieron como "fueros breves" documentados en diplomas.

Con la evolución de las sociedades y sus normas, esos derechos, privilegios o fueros para las poblaciones mutaron a favor de ciertas instituciones y fueron recopilados en códigos y estatutos.

Así, nuestra Constitución estableció una serie de fueros para garantizar el ejercicio republicano y la división de poderes. Para evitar persecuciones, balancear y proteger del abuso. Dotar de estabilidad, libertad y protección limitada a ciertas instituciones y, en consecuencia, garantizar que legisladores, funcionarios y magistrados puedan desarrollar sus tareas sin impedimentos en su calidad de protagonistas circunstanciales del ejercicio democrático.

Pero en la Argentina, el país de los atajos, la picardía de su clase política ha desnaturalizado y vaciado de contenido a muchas instituciones, acomodándolas al ejercicio transitorio y personal del poder. En el caso de los fueros parlamentarios, su mal uso ha provocado reacciones corporativas de protección más que una búsqueda real de autodepuración y del ejercicio del precepto constitucional de igualdad ante la ley. Los resultados efectivos de las peticiones, las interpretaciones realizadas sobre los fueros legislativos y la ausencia de un protocolo de actuación idéntico para cualquier caso (con independencia de las pertenencias partidarias) hablan por sí solos de su pésima aplicación.

El (¿Honorable?) Senado de la Nación se ha convertido, por caso, en una extraña confluencia de actores, costumbres y sucesos. Ex presidentes (investigados o condenados por casos de corrupción) refugiados en su condición de miembros de la Cámara. Doctrinas que exigen la prueba diabólica de la condena firme en la sinuosa curva de las chicanas judiciales de causas eternas que terminan prescribiendo o cajoneadas en la Justicia federal. Senadores travestidos, con el atuendo del peronismo mutante, que alientan reglas garantistas no escritas del "desafuero por ahora no" tendientes al "desafuero nunca". Justificaciones vergonzantes sobre posibles persecuciones lideradas por jueces federales a los que el propio Senado les aprueba sus pliegos. Rescates e incómodas maniobras en el Consejo de la Magistratura para proteger a algunos de esos mismos jueces federales, evitando que caigan en desgracia para mantener su prodigio de favores a la clase política.

Carlos Menem, Cristina Fernández o Aída Ayala (en Diputados), con situaciones pendientes de desafuero, no son casualidades del poder. Son los emergentes de una dirigencia opaca, eternizada en el poder, contaminada de modo transversal y el visible muestrario de que ningún espacio político puede arrogarse ser el dueño de la moralidad.

Durante un tiempo, los fueros parlamentarios se interpretaron como inmunidad para poder juzgar a los miembros de ambas Cámaras. En 1996, en una actitud ejemplar, el ex gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, solicitó que se los quitaran a fin de ser investigado y juzgado por el presunto vaciamiento del Banco Social de Córdoba, petición avalada por el Senado que lo desaforó y suspendió en su banca. Un año después, y absuelto, Angeloz retornaba a su puesto de senador sin lastres.

Fue recién en el año 2000, tras el escándalo de las coimas en el Senado para la aprobación de la reforma laboral, que se cambió la interpretación a través de la sanción de la ley 25320 por la que se estableció que los legisladores gozan de inmunidad de arresto, pero no de proceso. Desde entonces, se los puede juzgar con la única limitación del allanamiento de domicilio y de la detención, situaciones para las que debe procederse a solicitar autorización a la Cámara respectiva. Aquella escandalosa causa de la Banelco terminó cerrándose en diciembre de 2015 con polémicas absoluciones.

En suma, desde la sanción de esa nueva ley, solo dos diputados terminaron técnicamente desaforados (Luis Patti y Julio De Vido) y no se ha aceptado ni producido el desafuero de ningún senador hasta el presente (incluyendo a los ex presidentes Cristina Fernández y Carlos Menem, este último condenado por el pago de sobresueldos en su gestión y con el doble conforme que pretende la doctrina Pichetto).

Aquella historia ibérica de los fueros nos recuerda que es hora de reconquistar las instituciones perdidas, robustecerlas y darles un valor estratégico para la construcción de nuestra república. Recortar la frontera de la política y expandir el reinado institucional. El fin de los privilegios mal usados. El final de los fueros como licencia para proteger a quienes cometen abusos en el poder.

El autor es profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Director del Observatorio de Calidad Institucional (OCI).