Un freno a los alquileres abusivos

Esta semana en la Cámara de Diputados vence el plazo para darle tratamiento y transformar en ley al proyecto que tiene media sanción en la Cámara Alta por el que se propone regular el negocio de los alquileres y darles un marco de mayores niveles de protección a las miles de familias inquilinas en la Argentina.

La sanción de una ley de estas características es de enorme urgencia porque, además de los abusos, la especulación inmobiliaria, el descontrol de los precios de la canasta básica y la gravísima falta de acceso a la vivienda propia por parte del actual Gobierno, el universo de familias que alquila en nuestro país supera en varias ciudades y provincias el 30% de la población y gira alrededor del 17% de los hogares del país en promedio.

La fenomenal crisis económica y el agravamiento de todas las variables sociales en los últimos meses está llevando a la desesperación cada día a más jefas y jefes de familia que ya no pueden soportar el peso de los costos de alquiler, o, en su caso, se les vuelve imposible acceder a las condiciones que imponen la intermediación inmobiliaria y un mercado que en la práctica está desregulado y a merced de las reglas del libre comercio.

Un gran trabajo de relevamiento realizado por la Federación de Inquilinos Nacional nos muestra números alarmantes. El 40% en promedio de los ingresos de una familia argentina que alquila su vivienda se destina al pago de alquileres y expensas, más del 70% de los inquilinos no tienen expectativas hoy de acceder a la vivienda propia y se eleva ese porcentaje al 80% entre los que hace más de 10 años que alquilan.

Las preocupaciones y las angustias se centran en el precio inaccesible para muchas, los requisitos económicos para ingresar, la comisión inmobiliaria y las garantías. Esos cuatro aspectos pretenden ser regulados por la mayoría de la oposición en el Congreso esta semana con la sanción de la ley. Mientras tanto, la presión y el lobby de los sectores ligados al negocio inmobiliario de la Capital Federal y grandes centros urbanos sigue dando sus frutos en un oficialismo que sigue desmejorando la propuesta inicial de proteger al sector más débil y al que el Estado debe resguardar para poner equilibrio donde genera graves desequilibrios el mercado especulativo.

Las modificaciones efectuadas por Cambiemos en el dictamen de comisión y las que en las últimas horas viene impulsando para concretar en el pleno del debate en el recinto desvirtúan el temperamento original de la propuesta. Porque, por un lado, se limita la regulación para alquileres que no superen los 34 mil pesos y solo para los módulos habitacionales, eliminando la regulación sobre los inmuebles destinados al sector comercial. Debemos tener una ley que alcance a toda la población inquilina y, además, elevar sustancialmente los pisos mínimos propuestos porque, de lo contrario, el efecto inflacionario sobre los alquileres promedio a los 30 mil pesos para alcanzar la desregulación será devastador.

También los plazos y los mecanismos de actualización son materia de discusión. En ese sentido la variable de aplicación debe ser el índice de actualización salarial para cortar de cuajo la lógica de los últimos dos años en los que los abusos y el retraso de los salarios en relación con los valores del sector inmobiliario han sido y son dramáticos.

Es necesario confluir en una mayoría que aborde la problemática con la mirada puesta en la solución a esas miles de familias argentinas desesperadas. Las idas y vueltas del oficialismo, su propia concepción sobre el rol del Estado y la fortísima presión de los sectores ligados a la especulación inmobiliaria, estamos a las puertas de perder la oportunidad de tener una ley que ponga un piso de protección a las familias inquilinas y un dique de contención al cada vez más pesado impacto sobre el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras de los costos de un alquiler cuando no la inaccesibilidad a este.

De continuar este camino de flexibilización del proyecto inicial deteriorando las condiciones del sector más débil, corremos el riesgo de terminar debatiendo un proyecto que se parezca más a una ley de desregulación del mercado antes que una legislación protectoria de las miles de familias que claman regulación del Estado. Es una nueva oportunidad que tiene la oposición para confluir en consensos para una normativa que, atendiendo y escuchando a todos, no deje de poner el foco en la solución de una abrumadora mayoría que, entre tarifazos, despidos, inflación descontrolada, baja de salarios y desplome del consumo, exige desesperadamente un freno a la mayor estafa electoral de la historia de la democracia argentina.

El autor es diputado nacional del Frente para la Victoria.