El problema de la vivienda tiene nombre y apellido: Negocio Inmobiliario. Comprar un terreno (aunque sea lejano) y edificar una casa (aunque sea humilde) se presentan como un sueño inalcanzable y no como un proyecto más de la vida familiar. En la actualidad, la clase trabajadora que bordea el sueldo mínimo solo aspira a construir algo propio en el mismo terreno que los padres. Si no quiere hacinarse, está condenado a buscar un alquiler, cada dos años, entregando más del 45% del sueldo cada mes.

Veamos la foto completa: en Argentina no existe un plan vivienda para la clase trabajadora; en las ciudades el valor del metro cuadrado está notablemente inflado; en los pueblos y las villas escasean el trabajo, la educación; y en el campo la agricultura familiar resiste no sé por cuanto tiempo a una crisis terminal. Con un dólar que tocó los 40 y los créditos públicos y privados actualizados por UVA, es imposible que el mercado evite, por sí solo, que los alquileres suban más que los salarios. El Estado debe intervenir.

Cosas ilógicas, como que la comisión la pague el dueño, siempre me parecieron de una injusticia evidente. Sin embargo, imposible de cuestionar de forma individual. Está claro que el dueño es quien se beneficia económicamente del contrato, por lo tanto, es la persona indicada para pagar la comisión. Podría negociar que el pago sea compartido. ¿Pero que la pague solo el inquilino? ¿Por qué? ¿Simplemente porque es el más débil? Las inmobiliarias se pondrán siempre del lado de los más fuertes porque son parte del negocio. Por eso el Estado debe jugar para las mayorías, regular y controlar el mercado. Al menos eso me enseñaron en escuela que hacía el Estado, pero a veces necesita que se lo recuerden.

En 3 años, Inquilinos Agrupados hizo muchas cosas. Logró brindar asesoramiento legal a miles de personas, pudo instalar la problemática en la agenda pública, conformó una federación nacional con todas las organizaciones de inquilinos del país y, entre otras cosas más que no voy a enumerar, hizo algo por lo que estoy escribiendo esta nota: presentó la ley nacional de alquileres, que obtuvo, por unanimidad, media sanción del Senado y espera su tratamiento en Diputados. El referente de esta organización es Gervasio Muñoz. Y lo nombro porque, además de lo que hicieron, también me interesa destacar cómo lo hicieron. Lo crearon sin plata, hablando con la gente, copiando algunas ideas, interactuando en redes sociales, organizándose. Y eso a mí me parece muy importante. Esa es la gente que quiero en mi equipo. Gente como Gervasio, que vio un problema y se puso a trabajar para resolverlo buscando aliados. A veces con mayor éxito, a veces teniendo que negociar algunas cosas porque le faltó fuerza, pero avanzando siempre en favor de los muchos que tienen poco.

La ley busca algunas reformas que no son menores, que harían que siete millones de argentinos vivan más tranquilos. Extender los contratos a tres años. Regular los aumentos con base en la inflación, pero también en los salarios (en 2018 los alquileres aumentaron un 45% más que la inflación). Facilitar las condiciones en relación con las garantías, el depósito y la responsabilidad en el pago de las comisiones inmobiliarias, las expensas extraordinarias y las reparaciones en el inmueble. Todo esto ya es un montón. Pero el programa no se agota en esta ley. Para que la vivienda sea un derecho y no un negocio, tiene que haber un sistema alternativo al de las garantías propietarias, un blanqueo del mercado de alquileres y la aplicación de tasas impositivas mayores a las viviendas desocupadas. Eso sería una política pública que proteja el derecho a la vivienda por sobre la renta. No es la revolución bolchevique, pero en el contexto actual sería un cambio extraordinario. Es fundamental que la ley salga antes de fin de año. Por eso pedimos que el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, Argentina Federal, el radicalismo y el bloque Red por Argentina honren su compromiso con el pueblo y exijan públicamente e institucionalmente la votación del dictamen de comisión en la Cámara de Diputados y en el Senado lo antes posible.

El autor es coordinador nacional del Frente Patria Grande.