Cuando el consenso es productividad, no complicidad

Históricamente, desde la Constitución Nacional de 1853 hasta la reforma constitucional de 1994, la selección, la designación y la remoción de los magistrados tuvo como uno de sus mayores antecedentes intelectuales la ley suprema de los Estados Unidos de América. Durante ese período los jueces eran elegidos por el Presidente de la República con el acuerdo de una mayoría calificada de la Honorable Cámara de Senadores.

La reforma constitucional de 1994 generó un hito republicano de máxima importancia: la creación del Consejo de la Magistratura. Aquel movimiento políticamente preventivo intentaba responder el reclamo de una sociedad que comenzaba a manifestar su falta de confianza en el sistema judicial. El descrédito fue en aumento desde entonces, alimentado por un engranaje judicial lento y, en ocasiones, hasta cómplice.

Efectivamente, el artículo 114 de la Constitución Nacional estableció, en dicha reforma, los cimientos para la formación del nuevo órgano constitucional otorgando funciones relacionadas con la selección y la imposición de sanciones a los magistrados, incluido el inicio de juicio político que pudiera llevar a su remoción.

El Consejo de la Magistratura está integrado por jueces, abogados, legisladores, un representante del Poder Ejecutivo y otro del sector académico. Desde fines de 2015, quienes integramos el cuerpo nos propusimos tres objetivos: poner en marcha un órgano paralizado —entre 2011 y 2015 había elevado la esmirriada cifra de 45 ternas—, desarticular la matriz de jueces subrogantes que lentificaba el sistema y los transformaba en rehenes políticos, y elevar la mayor cantidad de ternas para cubrir la inmensa carencia de jueces en el sistema, acercando la Justicia al ciudadano. En definitiva, se trataba de restablecer la cultura de la legalidad poniendo en marcha investigaciones que yacían dormidas, removiendo magistrados corruptos y seleccionando jueces que por su integridad moral y formación intelectual honrarían el sistema de por vida.

No obstante ello, y pese a las urgencias imperantes, acordamos entre los miembros integrantes un lineamiento que regiría nuestras acciones: tanto las designaciones como las remociones y las sanciones deberían articularse sobre un eje de independencia, lo más alejado posible de la coyuntura política, puesto que imprimirle dinamismo al órgano aseguraría a su vez la conformación de una estructura judicial independiente, autónoma y administradora de justicia.

A lo largo del período tuvimos discusiones, hubo tensión en las comisiones y en los plenarios, intercambiamos diferencias y hasta encontramos acuerdos donde pensábamos que transitábamos caminos opuestos o estériles. Pero por sobre todas las cosas, prevaleció siempre el respeto y la meta inicial: poner en marcha al Consejo y activar sus funciones.

Aprendimos que el consenso es la mejor expresión de afinidad entre los miembros de un equipo, donde tiene que existir coincidencia en torno a los valores culturales y las normas pero, también y fundamentalmente, en el nivel más profundo de los objetivos propuestos. El consenso, de alguna manera, expresa un vínculo de solidaridad que relega posiciones egoístas para beneficio de un bien común. Es un estilo de convivencia que refleja el grado de socialización política.

El Consejo de la Magistratura alcanzó así resultados que nadie podía imaginar al inicio de la gestión. Más de 315 ternas elevadas al Poder Ejecutivo Nacional en tres años, más de siete jueces removidos o renunciados por mal desempeño. Se realizó la primera auditoría judicial relevando 147 sedes que evidenciaron que entre 1996-2016 hubo 9476 causas por presuntos delitos contra la administración pública; se creó la plataforma digital de datos abiertos para mejorar el acceso público y transparencia; se completaron Cámaras que estuvieron vacantes por diez años, entre otros logros.

Es muy probable que el presidente Mauricio Macri quede en la historia de nuestra nación como el mandatario que mayor nombramientos de jueces haya hecho en democracia. Eso no es un logro partidario, ni un premio de gestión, es el inicio de una nueva manera de pensar la Argentina donde consenso es productividad, no complicidad.

El autor es representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.