El proyecto de ley fiscal 2019 para la provincia de Buenos Aires pretende legalizar las apuestas en línea. Se trata de un deslumbrante ejercicio de imaginación jurídica dirigido a eludir el debate que merece esta cuestión, camuflando un tema tan sensible en la maraña de artículos que regulan cuestiones estrictamente fiscales.

Pero no. No se trata de una cuestión meramente fiscal sino de un tema de salud pública. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) caracteriza a la ludopatía como un trastorno "de consecuencias sociales adversas tales como pérdida de fortuna personal, deterioro de las relaciones personales y situaciones personales críticas".

El artículo 141 del proyecto de ley fiscal expresa la finalidad de proteger el orden público como el objetivo de la nueva regulación. Curioso. Pero más curioso es el artículo 161, cuando dice que el sistema de apuestas en línea "será abordado desde una política integral de responsabilidad social que contemple el juego como un fenómeno complejo, combinando acciones preventivas dirigidas a la sensibilización y difusión de las buenas prácticas del juego, así como los posibles efectos de las prácticas no adecuadas y sus efectos". O sea, se aprueban las apuestas en línea pero, eso sí, en el marco de políticas preventivas para sensibilizar respecto de los efectos nocivos del juego. Un contrasentido y un absurdo. O más bien un ejercicio de cinismo sin parangón.

No hay fundamento alguno para impulsar el juego en línea, salvo lo referido a la generación de un negocio privado en detrimento del interés público, de la salud pública y de la integridad de las familias bonaerenses.

Pero aquí aparece un impedimento constitucional insalvable. Me refiero al artículo 37 de la Constitución bonaerense, que dice: "La provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado federal, la administración y explotación de todos los casinos y salas de juego relativas a los mismos, existentes o a crearse; en tal sentido esta Constitución no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica".

El proyecto de ley fiscal, no obstante, dice que la explotación de los juegos de apuestas en línea estará a cargo de operadores que obtengan la licencia o autorización pertinente. Es decir, se autorizan las apuestas en línea para entregar el negocio al sector privado. Y allí aparecen en primera fila Gianfranco Macri y Daniel Angelici.

Autorizar las apuestas en línea supone abrir un bingo y una ruleta en cada hogar bonaerense. Y mucho más, porque también prevé las apuestas deportivas (el fútbol aparece allí como objeto de deseo). Desde cualquier celular o computadora se podrá jugar, lo que equivale a una verdadera catástrofe para las familias con un integrante ludópata.

Este proyecto, enmascarado en la discusión por el presupuesto y por la ley fiscal del año 2019, es un negociado para unos pocos. Es imposible encontrarle algún efecto virtuoso para los bonaerenses. La gobernadora María Eugenia Vidal quiere multiplicar exponencialmente el riesgo de la ludopatía, privatizando la explotación del juego en detrimento de la propia Constitución y llevando a la ruina a miles de familias bonaerenses que sufrirán las consecuencias de una enfermedad que, lejos de abordarse preventivamente, terminará siendo promovida en nombre del "orden público". Un dislate absoluto.

La autora es senadora (PJ-Cumplir).