Nadie tiene coronita: declaraciones juradas patrimoniales también en los gremios

Guillermo Castello

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En lo que constituyó un gran avance institucional, a fin del año pasado se votó una ley provincial, la nº 15000, que establece un detallado y exigente régimen de declaraciones juradas patrimoniales para los funcionarios y agentes del sector público bonaerense.

El extenso universo de personas alcanzadas por la obligación incluye a quienes ejercen su función en la administración pública central, el Poder Legislativo, las empresas estatales, los organismos autárquicos (como IOMA), descentralizados y de control, y también en toda entidad que haya recibido subsidios o aportes estatales o cuya administración esté a cargo del Estado provincial.

Una gran novedad, aunque poco conocida, es la inclusión entre los obligados a presentar declaraciones juradas de los candidatos oficializados a ejercer cargos públicos electivos en la provincia.

A pesar de su muy abarcadora redacción, la ley estableció que sus disposiciones no son obligatorias para los dirigentes gremiales, quienes solo se ven alcanzados en el texto legal por sometimiento voluntario, es decir, por propia decisión.

Creemos indispensable incluir como sujetos obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales a los miembros de la conducción de las asociaciones gremiales de trabajadores en virtud de que estas administran fondos ajenos, buscando impedir que, en nombre y detrimento de quienes son sus representados, se beneficien incrementando sus arcas personales.

Además de los recursos que reciben dichas entidades por parte del Estado, sea en forma directa mediante subsidios o indirecta mediante exenciones impositivas, debe resaltarse que administran fondos de terceros, sus afiliados, a través de aportes de diversas clases, la mayoría de las veces compulsivos o, como mínimo, extremadamente difíciles de evitar.

Es por ello que hemos presentado un proyecto de ley complementario en el sentido mencionado para evitar que la letra de la ley se termine convirtiendo en una sugerencia que finalmente no modifica la realidad.

Resulta imperiosa la necesidad de implementar herramientas de prevención de la corrupción que contribuyan así a elevar la calidad del sistema democrático republicano.

Más aún, con nuestro proyecto buscamos también fortalecer institucionalmente a las entidades alcanzadas, promoviendo su correcto desenvolvimiento en el entramado democrático y resaltando el trascendental rol que ocupan, además de conferir mayor transparencia y legitimidad a su accionar.

Desde este punto de vista, es menester que los ciudadanos bonaerenses puedan acceder a la información sobre la utilización y el destino del manejo de los fondos públicos y de los provenientes del aporte de sus ciudadanos.

Finalmente, a fin de garantizar la transparencia de los actos de gobierno, el gobierno abierto, el principio de buena administración y, fundamentalmente, el derecho humano de acceso a la información pública previsto en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, mantenemos la obligación de que tales declaraciones juradas resulten accesibles para los ciudadanos en los mismos términos de los demás sujetos obligados por ley 15000.

Entendemos que la viabilidad del presente proyecto, en línea con el que hace ya tiempo ha presentado la doctora Elisa Carrió a nivel nacional, no solo se funda en los sustanciales argumentos de fondo esgrimidos, sino también en una coyuntura marcada por políticas de transparencia, limitaciones de poder, rendición de cuentas y eliminación de privilegios.

Se necesitan armas poderosas para luchar contra la corrupción y el financiamiento de las mafias. Este proyecto sin duda lo es.

El autor es diputado provincial por Cambiemos.